El viceministro de Gestión del Sistema Sanitario, Álvaro Terrazas, denunció este domingo que los sindicatos de médicos presionan a los trabajadores de salud para que acaten el paro en contra de la Ley de Emergencia Sanitaria, perjudicando el proceso de vacunación masiva contra el COVID-19.

En entrevista con radio Panamericana, la autoridad de Estado sostuvo que el paro médico es “un obstáculo” para la inmunización anticovid a personas con enfermedades de base y adultos mayores.

“Sabemos de que algunos sindicatos están presionando y en establecimientos de segundo y tercer nivel llegando a casi obligar a acatar el paro, a través de la lista, de las nóminas de quién está trabajando y quién no trabaja. Sabemos que existen presiones internas para que los trabajadores de salud acaten el paro”, señaló.

En ese marco, instó a la dirigencia de la Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud Pública de Bolivia (Fesirmes) que aclare si es que están obligando a acatar el paro con listas y controles correspondientes “y qué pasa con quienes no paran en los hospitales”.

Esta jornada, el Consejo Nacional de Salud (Conasa) determinó ampliar el paro general por 15 días más hasta lograr la abrogación de la Ley de Emergencia Sanitaria.

“Así que el decir que (el paro) no va a afectar la vacunación, obviamente, que sí va a afectar”, dijo el Viceministro, en alusión a las declaraciones del ejecutivo del Fesirmes, Luciano Valenzuela, quien dijo que “en nada va a afectar” esa medida de presión.

“Para que funcione un vacunatorio tiene que habilitarse el servicio de consulta externa, tiene que habilitarse el fichaje, tiene que habilitarse el historial clínico y tiene la gente que trabajar, y están obligando a parar los servicios de consulta externa, porque sólo están habilitando los servicios de emergencia. Y la salud no sólo es tema de emergencia, la salud es un tema integral”, reclamó Terrazas.

El pasado 18 de febrero, el Conasa decretó el inicio de un paro médico nacional hasta el 28 de febrero en protesta por la promulgación de la Ley de Emergencia Sanitaria, que establece medidas extraordinarias durante la emergencia sanitaria relacionadas a la regulación de precios del servicio que prestan las clínicas privadas y de medicamentos y dispositivos médicos, entre otros aspectos.

Pensé que sería absurdo referirse al escudo nacional cuando hay tantos otros temas más importantes y urgentes de los cuáles ocuparse, pero a medida que políticos, líderes de opinión y medios de comunicación, se involucran con medias verdades en este tema, resulta útil hacer algunas precisiones para evitar confrontaciones innecesarias en un país ya dividido.

El tema del escudo fue puesto en agenda por el expresidente Carlos Mesa un mes después de que se incluyera una nueva imagen de Gobierno en reparticiones del Estado. Mesa interpuso una acción de inconstitucionalidad por el diseño y calificó su existencia como “una afrenta contra el país sustituir el escudo de Bolivia por la chakana”, en referencia al nuevo logo, una imagen inspirada en una cruz andina.

La tesis de la sustitución del símbolo patrio no tiene rigurosidad porque no son lo mismo: el logo es una imagen institucional del gobierno, el escudo es un símbolo nacional establecido en la Constitución Política del Estado (resulta tan obvio tener que aclararlo).

La confusión surge porque en gestiones anteriores el escudo era parte de la identidad visual del gobierno. Durante la gestión de Jeanine Áñez, la imagen gráfica incluía un escudo nacional en blanco y negro (nadie se rasgó las vestiduras por la ausencia de color) y personalmente me gustaba más. De hecho, creo que la imagen gubernamental debería incluir el escudo en representación del Estado y además ser institucionalizado como “imagen del gobierno de Bolivia”, no del gobierno de turno.

Si bien el logo actual ya no lleva el símbolo patrio, éste no puede ser sustituido como emblema nacional por ninguna otra imagen sin modificar previamente la CPE. En síntesis, se eliminó el escudo del logo pero no está en riesgo como símbolo del país.

En la ola de desinformación que rodea esta polémica, se dijo también que el escudo había sido eliminado de los nuevos billetes. Una observación que llega casi tres años después de que se lanzara el primer corte y que tampoco es precisa, porque si bien el símbolo no está en la parte visible del billete, se mantiene entre las medidas de seguridad con luz ultravioleta.

Por último, se denunció que un cuartel de Sucre había retirado el escudo de la fachada por razones políticas. La historia cobró relevancia con una publicación hecha por el exsenador Oscar Ortiz cinco días después de que el Comando General del Ejército lo desmintió, explicaron se lo retiró temporalmente “debido a trabajos de refacción que se vienen ejecutando en el frontis de la infraestructura” y que será repuesto cuando concluyan. No vale la pena hacer polémica por eso.

Las representaciones simbólicas son importantes y material de disputa, porque a partir de ellas se refuerzan identidades y eso incide en el ejercicio del poder. Sin embargo, tanto la creación de la nueva imagen visual del gobierno como las críticas en su contra, resultan poco relevantes en una sociedad polarizada y que sobrevive como puede en medio de las múltiples crisis que atraviesa Bolivia.¿Será mucho pedir a la clase política que evalúe sus prioridades?

María Silvia Trigo. /

El vocero presidencial, Jorge Richter, dijo que el paro de algunos sectores médicos no recibió apoyo de la población, por lo que esos sectores, en base a un relato falaz, se aproximaron a corrientes políticas desestabilizadoras que pretenden volver al escenario de 2019, cuando se gestó el golpe de Estado.

Richter, entrevistado este viernes en el programa Primer Plano, de Bolivia Tv, recordó que la dirigencia de los galenos no hizo ninguna movilización de protesta en 2020, pese a que el régimen golpista intervino los Servicios Departamentales de Salud, se involucró en la compra irregular de respiradores, entre otros aspectos.

Dijo que, en un intento político de defender intereses particulares y mercantiles, algunos dirigentes de los galenos intentan construir relatos falsos, como que llegaría un avión con cubanos apenas se promulgue la Ley de Emergencia Sanitaria o que esa norma afecta sus derechos, cuando esa Ley solo busca proteger el derecho de la población a la salud y regular los precios de medicamentos y servicios sanitarios en momentos excepcionales.

Estas falsedades para justificar su paro, derivaron en una evidente falta de apoyo popular a la protesta de los médicos.

“Como no tienen una respuesta de solidaridad de parte de la gente, buscan algunas alianzas con otros sectores, con otros partidos políticos, con dirigentes políticos que quieren y están desesperados por replicar un modelo, como el de noviembre de 2019, eso está absolutamente claro”, indicó Richter.

La alusión de la autoridad fue al apoyo de grupos de galenos al candidato Fernando Camacho, quien amenazó con reeditar las acciones golpistas de 2019, y a la reciente alianza política de la dirigencia médica con grupos radicales de profesores y cocaleros paceños.

Richter dijo que, pese a ello, el Gobierno está dispuesto a reanudar el diálogo con la dirigencia médica, siempre y cuando las conversaciones se realicen de manera sincera y abierta.

El Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando informó, a través del Director de Lucha Contra el Contrabando, Bladimir Orellana, que el 19 de febrero, a las 03.20, funcionarios dependientes de esa repartición y de la Aduana fueron víctimas de un atentado que dejó como saldo trágico un funcionario aduanero fallecido y dos suboficiales del Ejército heridos de gravedad.

El hecho se produjo en la localidad de Huachacalla, a la altura del sector denominado Punta Arena, en la carretera Oruro-Pisiga, indica un reporte de prensa.

Tras recibir información de inteligencia, los servidores, “en cumplimiento de sus funciones, hicieron el seguimiento de contrabandistas avezados quienes a tiempo de ser interceptados, lejos de entregarse a las autoridades y someterse a la ley, embistieron violentamente con un vehículo indocumentado a una de las vagonetas en la que se encontraban los servidores de la lucha contra el contrabando, de cuya colisión resultó muerto el conductor del vehículo oficial, Víctor Hugo Llave Romero (35), funcionario aduanero, y resultaron con lesiones graves los suboficiales Wilson Tintares Moruno y Emil Loza Quispe, miembros del Grupo de Reacción Inmediata, dependiente del Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando”, indica el informe.

Orellana, a tiempo de lamentar este atentado que segó la vida de una persona y dejó heridos a otros dos servidores públicos, destacó el trabajo de inteligencia, así como la dedicación y el sacrificio, además del permanente riesgo al que se exponen quienes tienen como mandato constitucional la lucha contra el flagelo del contrabando.

Añadió que desde el Viceministerio se tomarán todas las acciones legales para que sea la justicia la que determine las sanciones correspondientes para los autores de este atentado criminal.  “Nos vamos a querellar y recurrir a todas las instancias que por ley nos están permitidas para buscar que los delincuentes sean sancionados”, dijo la autoridad.

El Director General de Lucha Contra el Contrabando expresó sus condolencias a la familia del servidor fallecido y advirtió que ninguna acción ni atentado, perpetrado por quienes operan al margen de la ley, minará la moral y la fortaleza de quienes, por orden expresa del Presidente Luis Arce, así como del ministro de Defensa, Edmundo Novillo, tienen el compromiso de combatir el ilícito del contrabando.