La directora de Prevención y Eliminación de toda Forma de Violencia en Razón de Género y Generacional del Ministerio de Justicia, Claudia Peña, informó este martes que en plenaria se consideró incluir la violencia digital como un delito en las modificaciones de la Ley 348.

"Se nos pide con mucha frecuencia que incluyamos la violencia digital como una nueva forma de violencia en la 348", indicó Peña en contacto con Red Patria Nueva.

De acuerdo con la directora existe mucha sensibilidad con respecto a esa nueva forma de ejercer violencia en contra de las mujeres, mediante las redes y grupos sociales, por lo que la propuesta tiene mucho apoyo.

"Hay una sensibilidad respecto del perjuicio que se puede llegar a perpetuar en una mujer a través de las redes sociales o de las tecnologías de la información", señaló.

Durante la jornada se realizó el décimo segundo foro de socialización de la nueva propuesta. El proyecto sistematiza lo mejor de las 1.000 propuestas que se recibió para la modificación de la Ley en favor de las mujeres.

La socialización se realiza en talleres y con amplia participación de grupos sociales y otros exclusivamente femeninos.

Los organizadores consideran que las jornadas de socialización fueron fructíferas porque se analizaron y se debatieron varios puntos hasta llegar a un consenso.

De acuerdo con Peña, con los talleres se logró evidenciar varios puntos a profundizar como son: el tema del acceso a la justicia, donde se considera que se debe realizar una reforma integral. Otro punto observado fue las medidas de protección que se tiene en la actualidad.

Las participantes exigen que las medidas de protección a la víctima sean efectivas y concretas. Se tomó como ejemplo el caso de una mujer que denunció un hecho de violencia, contaba con medidas de protección, pero aun así fue víctima de feminicidio.

Peña hizo énfasis en que se debe trabajar desde la prevención y no sólo en la penalización. Además, explicó que para hacer un trabajo certero se debe encarar un cambio cultural, para identificar cualquier acto de violencia y se deje de naturalizar los mismos.

La viceministra de Seguros de Salud, Alejandra Hidalgo, informó este martes que se realizan acuerdos con las organizaciones de las áreas rurales para llegar con la vacunación masiva a los pueblos indígenas del país.

“En el área rural también se está haciendo acuerdos con las organizaciones sociales para que se pueda llegar a un número mayor de vacunados”, dijo en entrevista en radio Patria Nueva.  

Explicó que, con relación a la vacunación a los pueblos indígena originarios, se realizan varias acciones en coordinación con los servicios departamentales de Salud (Sedes).

Puso de ejemplo la vacunación contra el COVID-19 en la comunidad guaraní Tentayape en Chuquisaca, a inicios de este mes, logrando inmunizar al 100% de su población vacunable mayor de 18 años.

Resaltó también que se tiene buena respuesta en poblaciones de Pando y Beni, donde se está vacunando a un mayor número de personas.

“Sin embargo, en varios sectores todavía tenemos que lograr sensibilizar con más énfasis”, aseveró.

El ministro de Salud, Jeyson Auza, informó este martes, en la interpelación realizada por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que hasta el momento en el país se llegó a vacunar al 36% de la población y se garantiza 18,7 millones de vacunas para inmunizar a la población mayor de 18 años.

“Pese a las dificultades en la llegada de vacunas, hasta el momento hemos alcanzado un 36% de la población vacunada en primera dosis y la segunda les informamos que depende del tiempo de espera”, dijo en su intervención ante los parlamentarios.

Según reporte del Ministerio de Salud, hasta ayer (lunes) se suministró con primeras dosis a 2.688.918 personas, que representan el 36% y con las segundas dosis se llegó a 988.288 a nivel nacional.

“Tenemos garantizadas 18.720.962 dosis para cubrir a la totalidad de la población vacunable. A la fecha ya arribaron a nuestro país 6.551.050 dosis. En los siguientes meses llegarán 12.169.912 dosis”, aseveró Auza.

Destacó el plan masivo de vacunación en coordinación con las universidades, logrando vacunar a 90.000 personas en un día.

“La vacunación es definitivamente la medida más importante para proteger la vida del pueblo, volver a retomar nuestras actividades económicas, culturales, familiares, con libertad”, remarcó.

Explicó que, como Gobierno, se elaboró 10 pilares con cuatro ejes fundamentales que son: Diagnóstico oportuno, masivo y gratuito; Vigilancia Epidemiológica activa; vacunación voluntaria, gratuita y equitativa; y una estrecha coordinación con todos los niveles del Estado.

El gerente general de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Franklin Flores, en el marco de una política de seguridad y soberanía alimentaria que viene implementando el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, en coordinación con el Gobierno Autónomo Municipal de Ixiamas y organizaciones sociales, participó del lanzamiento oficial de los programas productivos de la estatal en el norte paceño.

“Queremos construir la nueva La Paz, quiero que el norte de La Paz sea otra Santa Cruz”, dijo Flores.

Enfatizó que el golpismo se ha llevado mucha plata de los bolivianos. “Mientras los gigantes tenían el derecho de circular, el pueblo estaba encarcelado, en cuarentena”, exclamó.

Agregó que presentará el requerimiento, tanto de Apolo como de Ixiamas, y de “aquí a un corto tiempo se empezará a evaluar”.

“Es momento de unirnos todas y todos”, concluyó.

El alcalde de Ixiamas, Félix Layme Yanahuaya, así como alcalde de Apolo, Rully Ciro Jiménez, agradecieron la iniciativa de la empresa del Estado para contribuir al desarrollo del norte de La Paz.

Se hizo el lanzamiento de los programas de arroz, maíz y trigo, con el propósito de apoyar a los pequeños y medianos productores del norte paceño, ya que Emapa es una empresa pública estratégica de carácter social que coadyuva a garantizar la seguridad alimentaria con soberanía.

Todos estos programas se realizarán mediante el apoyo a la producción y estabilización de precios del mercado de alimentos, contribuyendo de esta manera a la política estatal del “Vivir Bien”, y de crecimiento económico del pueblo boliviano