Inca: Informe de la CIDH identificará “con nombre y apellido” a responsables de las violaciones a los derechos humanos en 2019
Inca: Informe de la CIDH identificará “con nombre y apellido” a responsables de las violaciones a los derechos humanos en 2019

El representante de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de El Alto, David Inca, adelantó este martes que el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales para Bolivia (GIEI-Bolivia) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), identificará con nombre y apellido a los responsables de las violaciones a los derechos humanos en el 2019.

“En este informe van a recomendar juicios penales, civiles y administrativos que correspondan, van a nombrar con nombre y apellido a las personas que han vulnerado derechos humanos, en diferentes grados y tipos penales, en el caso boliviano, y en la tipología internacional de derechos humanos, dependiendo del grado de violación que ha habido, a la vida, a la libertad, a la expresión, al voto, a una sucesión constitucional, etcétera”, precisó.

El informe que será presentado el próximo 23 de julio, tendrá un carácter vinculante para todas las autoridades civiles y militares del país, señaló Inca.

“Lo importante de este informe, que será presentado esta semana, es que primero es vinculante, eso quiere decir que todas las autoridades civiles y con uniforme tiene la obligación de cumplirlo, como también los órganos del Estado: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral”, complementó.

Dijo que el documento del GIEI en materia de reparación, establecerá un plan integral para el entorno familiar de las víctimas de las masacres y de las personas que sufrieron torturas durante el régimen de Jeanine Áñez.

“Lo que a nosotros nos interesa como institución de Derechos Humanos, es que por primera vez se va a sugerir un plan integral de reparación para las víctimas, no solamente para la víctima, sino para las víctimas; estamos hablando del entorno familiar, de los huérfanos, para las viudas, los heridos, las personas que han sido torturadas, tiene que haber una atención psicosocial y eso lo va a asumir este Gobierno”, dijo el representante.

Sobre los juicios que se tengan que instaurar, refirió que serán directamente procesos penales ordinarios, a excepción del juicio de responsabilidades que correspondería a la expresidenta de facto Jeanine Áñez.

“Hay tipología internacional, uno es los juicios extrajudiciales que caen directamente en el Decreto Supremo 4078, porque en este Decreto prácticamente autorizó el uso de las armas y garantizaba la impunidad hacia militares y policías que han ejecutado los planes operativos”, complementó.

El informe preliminar de la CIDH del 10 de diciembre de 2019, estableció que en el mes de noviembre de 2019 se cometieron juicios extrajudiciales, graves vulneraciones a los derechos humanos, asesinatos, masacres y torturas.

El GIEI-Bolivia fue creado mediante el Acuerdo suscrito por la CIDH y el Estado Plurinacional de Bolivia el 12 de diciembre de 2019, para coadyuvar en las investigaciones de los hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos ocurridos en el país entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.

  


 
Piden a gobiernos regionales cumplir su función ante un posible retorno a clases semipresenciales y presenciales en La Paz
Piden a gobiernos regionales cumplir su función ante un posible retorno a clases semipresenciales y presenciales en La Paz

Profesores y padres de familia pidieron a las alcaldías y Gobernación de La Paz cumplir con su rol y garantizar el buen funcionamiento de los establecimientos de educación inicial, primaria, secundaria y superior en el departamento, ante un probable retorno a clases presenciales y semipresenciales.

“Si en etapas normales las alcaldías no han sabido clasificar seriamente presupuestos para el tema educativo como la propia Ley dice, por lo menos un 20 por ciento en el presupuesto de las alcaldías, en tiempos de COVID-19 esto no se ha cumplido. En cuanto a la Gobernación, en el tema educativo no hay presencia, no hay ningún tipo de acercamiento o proyectos para mejorar los institutos superiores, el Gobernador es un fantasma”, dijo Cesar Guzmán, padre de familia y secretario de la Central Obrera Regional de El Alto (COR).

Guzmán informó que se realizaron visitas a las unidades educativas para ver en qué situación se encuentran, con miras a un posible retorno a clases semipresenciales ante el descenso de casos en la tercera ola de COVID-19.

“No creo que podamos llegar ni al 5 por ciento de las escuelas”, dijo el representante sobre las unidades educativas que estarían listas para un posible retorno a clases presenciales.

“Se concluyó con las inspecciones en unidades educativas para ver cómo se va a enfrentar el tema de refacciones, mantenimiento y definitivamente es una etapa bastante difícil. Pero más allá de lamentos, se requiere una acción rápida en torno a garantizar lo que ha ido planteando este año, el Gobierno central ha planteado que es el Año por la Recuperación del Derecho a la Educación”, indicó.

Guzmán sugirió que los gobiernos municipales deberían reunirse para abordar el tema y plantear una salida de manera conjunta para afrontar el aspecto educativo en tiempo de pandemia, que es delicado y trascendental y que no pude dejarse atrás; más por el contrario, debería ser primordial para el desarrollo de la sociedad.

El representante consideró que se debería conformar una plataforma sería para abordar el tema educativo de manera conjunta.

“Debería haber un diálogo entre todos, debería generarse una plataforma de las alcaldías que sea seria, serena, con dialogo y sin mentiras. Hay la necesidad de hacer una cumbre para que se decida cómo se afrontará esta crisis, con acciones rápidas, responsables y con mayor inversión”, señaló Guzmán.

Asimismo, destacó la labor de los padres de familia, quienes siempre están apoyaron para mejorar las instituciones educativas con aportes propios e incluso con mano de obra, con el objetivo de que sus hijos optimicen su calidad educativa.

Por su parte, el profesor Alex Morales, dirigente del magisterio urbano, informó que como maestros realizaron un reclamó a la Alcaldía alteña por la falta de infraestructura y medidas de bioseguridad, pero solo argumentaban que no se cuenta con el presupuesto por un mal manejo de la gestión de Soledad Chapetón.

“Cuando hemos hecho nuestro pronunciamiento, nos responden que les han dejado quebrados, que no tienen presupuesto y que tienen que pasar por muchos pasos administrativos (…). Los municipios y gobernaciones no cuentan con un protocolo a seguir (en tema educativo), solo emiten discursos, pero no inversiones”, lamentó el maestro.

Morales indicó que, en el caso de El Alto, la alcaldesa Eva Copa se habría comprometido a realizar la conexión de internet a unidades educativas, pero que los establecimientos tienen otras prioridades referidas a la prevención de contagios.

“Se necesita más la implementación de un protocolo de bioseguridad para el posible retorno a las actividades escolares en los 14 distritos, que tienen a más de 400 unidades educativas. Además, aún falta equipamiento e infraestructura y no hay las condiciones”, expresó Morales.

El representante del magisterio urbano considera la urgencia de implementar cámaras de desinfección, habilitar el uso de agua potable para muchas unidades educativas que no cuentan con este servicio básico, construir más baños diferenciados para niñas y niños porque hay muchos establecimientos en los que se debe compartir. Morales señaló que la Alcaldía debería invertir en estas refacciones y reacondiciones porque los padres de familia ya están cansados de seguir invirtiendo.

Asimismo, el director departamental de Educación, Carmelo López, pidió a las autoridades garantizar elementos de bioseguridad en las diferentes unidades educativas para un posible retorno a clases.

“La ciudad de La Paz y El Alto, en este aniversario, colóquense la camiseta. Al señor (Iván) Arias y Eva Copa, puedan hacer los mayores esfuerzos de implementar elementos de bioseguridad en las unidades educativas”, indicó López.

El director indicó que maestros y padres de familia tienen un compromiso para recuperar el derecho a la educación, porque significa el desarrollo de cada familia y, por ende, del país. 

“Debemos trabajar (por la educación) porque significa el desarrollo de nuestro país, tuvimos una gestión funesta para la educación boliviana (por la clausura adelantada del año escolar), coloquemos el hombro por la educación”, indicó.

El presidente de la Asociación Nacional de Padres y Madres de Familia de Colegio Privados (Andecop), José Antonio Pereira, consideró que muchas normativas sólo quedan en el papel y ni los municipios ni gobernaciones cumplen con sus funciones, por lo que es importante que el Gobierno central, desde el Ministerio correspondiente, impongan un plazo a los gobiernos regionales para que éstos equipen a las unidades educativas.

“El papel resiste todo, las unidades educativas no están preparadas para el retorno a clases”, indicó Pereira.

Señaló que la situación de los colegios privados es similar en algunos aspectos, pero muchas veces los padres deben aguantar todo para que sus hijos sigan estudiando.

Marco legal para la educación

De acuerdo con la Ley N° 1654 de Descentralización Administrativa, se delega responsabilidades del Gobierno central a las prefecturas y gobiernos autónomos municipales para que administren sus recursos económicos. Asimismo, la Ley N° 070 de Educación “Avelino Siñani - Elizardo Pérez” determina la administración y gestión de la educación en el marco de las descentralidades y autonomías. Y la Ley N° 1654 de Descentralización Administrativa determina la transferencia del 20% de los recursos de recaudación fiscal a los municipios mediante criterio poblacional para financiar el gasto de inversión en educación; a su vez, la Ley Nº 2235 de Diálogo Nacional 2000 señala que el 20% de los recursos se destinan para mejoramiento de la calidad de la educación y se reparten de acuerdo a la población escolarizada por municipio.

En ese contexto, los gobiernos departamentales son responsables de dotar, financiar y garantizar los servicios básicos, infraestructura, mobiliario, material educativo y equipamiento a los Institutos Técnicos y Tecnológicos. En tanto, los gobiernos municipales son los responsables de dotar, financiar y garantizar los servicios básicos, infraestructura, mobiliario, material educativo y equipamiento de las unidades educativas de educación regular, alternativa y especial.

La gestión 2020, el COVID-19 puso al mundo de cabeza, provocó una crisis sin precedentes en todos los ámbitos a nivel mundial. El área de la educación se vio muy afectada y se puso en emergencia por el cierre masivo de las actividades presenciales y la falta de una respuesta oportuna del gobierno de facto de Jeanine Áñez y de los gobiernos regionales, empeoraron la situación, porque solo optó por clausurar la gestión escolar a finales de julio, atentando contra el derecho a la educación de los estudiantes.

Esta nueva gestión, se hizo lo posible para que los estudiantes recuperen el tiempo perdido y para ello se declaró como el “Año por la recuperación del derecho a la educación”. Por los casos de COVID-19 en la región, con objetivo de evitar la propagación del virus y mitigar su impacto, el Ministerio de Educación determinó que las clases sean virtuales; y en lugares donde no se tenían casos de coronavirus se optó por la modalidad semipresencial, siempre y cuando se cumplan con las normas de bioseguridad, con el objetivo de precautelar la salud de los estudiantes y los maestros.

El Gobierno central está implementando diferentes políticas con el objetivo de mejorar la situación de la educación en el país, medidas como: dotación de cartillas educativas para todos los estudiantes, plataforma educativa con material de apoyo y capacitación a maestros para la enseñanza digital, entre otras.


Ministerio de Educación controlará certificados de vacunación de maestros que retornen a clases semipresenciales y presenciales
Ministerio de Educación controlará certificados de vacunación de maestros que retornen a clases semipresenciales y presenciales

El ministro de Educación, Adrián Quelca, informó este martes que se controlará el certificado de vacunación contra el COVID-19, a los maestros de las unidades educativas del país que retornen a clases semipresenciales y presenciales, porque es una responsabilidad social.

“Haremos el control del certificado de vacuna correspondiente en las unidades educativas en las que haya clases presenciales y semipresenciales”, dijo Quelca en entrevista en la red Unitel.

La autoridad educativa dijo que se instruyó el retorno gradual y seguro a las clases, con base en el reporte epidemiológico del comportamiento de la pandemia.

En la misma línea, el viceministro de Educación Regular, Bartolomé Puma, señaló que el control del certificado de vacunación a los maestros es por “responsabilidad social”, porque tienen interrelación con los estudiantes y padres de familia.

“Todos tendrían que estar vacunados”, apuntó Puma, quien señaló que la vacunación es la única forma de prevenir los riesgos de contagios del COVID-19.


Interculturales anuncian movilizaciones en contra de Camacho por confrontar a los bolivianos por las tierras
Interculturales anuncian movilizaciones en contra de Camacho por confrontar a los bolivianos por las tierras

El secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Comunidades Interculturales Productores Agropecuarios de la Gran Chiquitania, Oscar Castro, informó que se realizarán movilizaciones en contra de Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, por generar confrontaciones entre los bolivianos por la dotación de tierras.

“Que se respete el derecho a la tierra, nosotros vamos a programar movilizaciones”, indicó el dirigente en contacto con red Patria Nueva.

Rechazó las acusaciones que el Gobernador cruceño y sus allegados estarían realizando contra los interculturales, catalogándolos como avasalladores; además, lo acusó de confrontar con discursos de regionalismo a los bolivianos por la dotación de tierras. Solicitó al INRA que realice auditorías a las tierras fiscales y tituladas en la Chiquitinia.

“Nosotros no causamos incendios, la familia intercultural nunca ha avasallado y nunca lo va a hacer. Nosotros venimos a trabajar la Chiquitania para producir, para garantizar la seguridad alimentaria”, aseguró Claros.

Señaló que esta Federación solicitó reuniones con el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), porque la distribución de tierras es de competencia nacional y no departamental. Además, denunciarán ante las instancias correspondientes las irregularidades que realizan empresarios y extranjeros, para encontrar alguna solución.

Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, convocó al denominado “Congreso por la tierra” en el municipio de San Miguel de Velasco. Sin embargo, la convocatoria no incluyó a los movimientos originarios, interculturales ni alcaldes de la región, y se conformó una “Comisión Agraria Departamental”.

 


Se conforma la mesa nacional para la restitución del derecho a la familia de niñas, niños y adolescentes de centros de acogida
Se conforma la mesa nacional para la restitución del derecho a la familia de niñas, niños y adolescentes de centros de acogida

El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional Plurinacional y el Consejo de la Magistratura conformaron este martes, en Sucre, la mesa nacional para la restitución del derecho a la familia de 5.678 niñas, niños y adolescentes que viven bajo la tutela del Estado en 180 centros de acogida del país. La labor fue asumida en el marco de la reforma judicial anunciada en noviembre de 2020.

La mesa nacional fue conformada por el Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima Magne; el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Ricardo Torres Echalar; el presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional, Paul Franco Zamora; el presidente del Consejo de la Magistratura, Omar Michel Duran; y representantes de la Asociación Nacional de Familias Adoptivas y Representante del Comité Plurinacional de Niñas, Niños y Adolescentes Bolivia, con el acompañamiento y asistencia técnica del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef Bolivia).

“Un total de 5.678 niñas y niños se encuentra en centros de acogida privados del amor y cuidado familiar. Hoy en #Sucre nos reunimos con el @TSJBolivia, @TCP_bolivia y @magistratura para coordinar y ejecutar acciones que restituyan su derecho a la familia. #VamosASalirAdelante (sic)”, escribió este martes el titular en Justicia en su cuenta de Twitter.

El Ministerio de Justicia, como ente rector del Sistema Plurinacional de Protección Integral de la Niña, Niño y Adolescente (SIPPROINA), tiene la misión de consolidar la articulación a nivel interinstitucional de todas las instancias de protección de la niñez y adolescencia, garantizando que cada niña, niño y adolescente, que se encuentra en estado de abandono, pueda crecer y vivir en un entorno familiar y comunitario que le brinde seguridad y afecto.

Como parte de la reforma judicial, el 29 de abril, el presidente Luis Arce promulgó la ley modificatoria de abreviación procesal para facilitar adopciones. La norma, que modifica artículos de la Ley 548 del Código Niña Niño y Adolescente, fue elaborada por esta cartera de Estado con el objetivo de permitir procesos de adopción rápidos y seguros, ya que elimina los denominados “cuellos de botella” que se tenían para realizar con prontitud los procesos de adopción, bajo mecanismos de control y seguridad.

En ese contexto, el ministerio convocó a la conformación de la mesa nacional, mientras se construye la Política Plurinacional para la Prevención de Abandono, Fortalecimiento Familiar y Restitución del Derecho a la Familia prevista para este año y conforme a los mandatos constitucionales y normativos que establecen que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir bajo la protección de una familia.

Además, se elaboró el Plan de Emergencia para la Restitución del Derecho a la Familia de Niñas, Niños y Adolescentes sin Cuidado Familiar que servirá de base para las acciones inmediatas de tipo interinstitucional que llevará a cabo la mesa nacional.

“Agradezco por este plan al Ministro de Justicia (…). Necesitamos darles toda la atención a los niños, niñas y adolescentes, ahora, para que en el futuro sean hombres y mujeres de bien (…). Si hoy no protegemos a nuestra niñez, mañana van a reclamar esta falta de atención al Estado”, indicó el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Ricardo Torres Echalar.

La mesa nacional y las nueve mesas departamentales, que se constituirán en cada distrito judicial, contarán con las representaciones de cada una de las instituciones para dar inicio a un proceso de desinstitucionalización de niñas, niños y adolescentes que están en acogida.

El proceso será realizado bajo las directrices de modalidades alternativas de cuidado familiar conforme a la historia social, comunitaria y familiar que se tenga en cada caso, además del interés superior de los menores de edad y el cumplimiento de plazos previstos para la restitución del derecho a la familia a fin de evitar la retardación de justicia y lograr la implementación de todos los mecanismos de protección integral de esta población.


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