El Ministerio de Salud y Deportes, a través del Programa Nacional de Zoonosis, informó este lunes que existen importantes avances en la vacunación antirrábica a perros y gatos en gran parte del país, excepto en el departamento de Cochabamba que ya ingresó a un referente de preocupación por los casos casi diarios que se presentan, sobre todo en la ciudad de Cercado, señaló el responsable de esa instancia, Grover Paredes. 

“En todos los departamentos regularmente se está realizando la vacunación, algunos muy bien, algunos incluso excelente y algunos que todavía estamos empujando a que esta actividad sea fortalecida. En este momento el departamento que nos genera preocupación es Cochabamba, el municipio de Cercado que, hasta la semana epidemiológica 40, tiene cuatro fallecidos; tenemos la notificación de más de 30 casos de rabia canina en el área de Cercado”, afirmó, según un boletín institucional.. 

Explicó que los servicios departamentales de Salud (Sedes) del país ejecutan la campaña de vacunación de perros y gatos en coordinación con el Ministerio de Salud que entregó más de 3 millones de dosis de la vacuna antirrabica “CRL” a “Cultivo Celular” de alta calidad para ese efecto. 

Paredes lamentó que desde mayo a la fecha el secretario de Salud del municipio de Cercado, Aníbal Cruz, no haya emitido una Resolución de Emergencia ante la muerte de personas, a causa del virus de la rabia humana, producto por la mordedura de canes, lo que pone en riesgo la propagación de esa enfermedad en desmedro de la población cochabambina. 

“Estamos hablando que el municipio de Cercado lleva más del 90 por ciento de casos a nivel departamental, esto implica que tengamos la atención puesta en esa región y esperemos no se nos vengan nuevos casos de rabia humana, porque en este momento con los casos de una media de dos por semana que se nos reporta estamos alertas de tener otro caso de rabia humana”, alertó. 

Sugirió al municipio de Cercado reforzar el control y vigilancia epidemiológica, atención de pacientes (personas sospechosas) y comunicación de riesgo mediante los medios masivos.

Precisó que la campaña culmina en esta etapa el 31 de octubre donde se hará una evaluación sobre el alcance de cobertura en cada departamento, para luego pasar a la siguiente fase que es de servicio, es decir, atención permanente en centros de Salud.

(Foto: Cortesía APDH de El Alto)

La Asociación de viudas, huérfanos, heridos víctimas de la masacre de Senkata y la Asociación de víctimas, detenidos y presos políticos de la masacre de Senkata partieron este lunes rumbo a Caracollo (Oruro), para dar encuentro a las víctimas de Huayllani (Sacaba), lugar donde estas asociaciones emprenderán una marcha hacia la ciudad de La Paz exigiendo justicia por las masacres durante el régimen de Jeanine Áñez en 2019.

“Estamos todos los hermanos, listos en la flota, preparándonos para ir a Caracollo (Oruro), y reunirnos con los hermanos de Sacaba”, indicó David Inca, representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto.

Según Inca, estas asociaciones se reunirán en Caracollo (Oruro) para coordinar e iniciar una marcha hacia la Sede de Gobierno, con el objetivo de exigir justicia por las muertes, heridos y perseguidos políticos durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez.

Pasado el mediodía de este lunes, la Asociación de víctimas, fallecidos, heridos, procesados y perseguidos en la Defensa de la Democracia de Huayllani, Sacaba (Cochabamba), partieron con destino a Caracollo en demanda de justicia por las muertes de 2019 y las vulneraciones a derechos humanos.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) presentó en agosto los resultados de las investigaciones sobre hechos de violencia ocurridos tras el golpe de Estado.

El documento concluye que el 15 de noviembre de 2019 en Sacaba, Cochabamba, y el 19 de noviembre de ese año en Senkata, El Alto, existió vulneración a los derechos humanos, masacres con armas letales utilizadas por las fuerzas de seguridad y ejecuciones sumarias.

Áñez se encuentra con detención preventiva desde marzo de 2021 en La Paz por la presunta comisión de los delitos de sedición, conspiración y terrorismo en 2019.

El abogado estadounidense Tomás Becker llamó a sectores sociales y ciudadanía en general a presionar para que avancen los juicios contra los responsables de las masacres de 2019 y 2003 con el objetivo de que las víctimas de esas matanzas encuentren justicia.

El jurisconsulto, entrevistado en el programa “Contragolpe” de radio Patria Nueva, exhortó también a las autoridades bolivianas para que desarticulen los grupos paramilitares ligados a la extrema derecha racista y colonialista, los cuales intensificaron sus amenazas contra la vida de su persona y de otros defensores de los derechos humanos que exigen justicia por los hechos de 2019.

Becker, quien integra la Clínica de Derechos Humanos de la universidad de Harvard, dijo que existen muchas similitudes entre las masacres de 2003, donde estuvo involucrado Gonzalo Sánchez de Lozada, y las matanzas de 2019, que salpican de sangre a Jeanine Áñez, actualmente detenida.

Entre esas coincidencias están que casi la totalidad de los masacrados (80 personas durante la gestión de Sánchez de Lozada y 38 víctimas mortales durante el régimen de Áñez) son indígenas mientras que los responsables materiales e intelectuales de esas muertes son mestizos o se consideran blancos.

“Hay un racismo muy fuerte” un colonialismo que debe ser encarado y resuelto, indicó.

Otra de las coincidencias es que los discursos fueron similares: En 2003 se justificó las masacres en supuestos actos terroristas o el falso riesgo de toma de instalaciones de YPFB. Algo similar ocurrió con Ánez. Esas versiones sirvieron como sustento para las matanzas.

Por todo ello, el abogado exhortó a los sectores sociales y a la ciudadanía en general a “presionar” para que avancen los procesos judiciales contra los autores de esas masacres, tanto de 2003 como de 2019.

Destacó que, en el caso de Jeanine Áñez, se busque impulsar un juicio ordinario. “Tiene que haber una lucha colectiva, tenemos que luchar juntos. Tengo fe que el pueblo va a ganar”, sostuvo.

Por otro lado, dijo que él sufrió varias veces amenazas contra su integridad mientras permanece en Bolivia y que se enteró que otros activistas de derechos humanos que exigen justicia para las víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata,. También fueron amenazados.

Por ello, exhortó a las autoridades bolivianas a desarticular a los grupos paramilitares de derecha que permanecen activos.

Entre esos grupos se encuentran la Resistencia Juvenil Cochala, la Unión Juvenil Cruceñista, entre otros.

El jefe regional de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR), Fernando Fernández, reportó este lunes que se contabilizó cerca de 230 hectáreas destruidas por incendios forestales, registrados entre el 14 y el 18 de octubre, en los municipios de Vinto, Sacaba, Cochabamba y Tiraque. 

“Sumamos aproximadamente 230 hectáreas en el total de los incendios (…). Principalmente se ha afectado lo que son pastizales. Es un porcentaje mínimo que va de un 5 a 10 por ciento lo que son especies forestales”, dijo en una conferencia de prensa. 

Según Fernández, el trabajo de sofocación del fuego fue realizado por bomberos y grupos de primera respuesta de la UGR y los municipios.

“Hemos activado todos los mecanismos de procedimientos técnicos operativos para atender esta serie de fenómenos que se han estado presentando de forma lamentable durante los últimos días”, acotó. 

El asesor general de la Gobernación de Cochabamba, José de la Fuente, anunció que el 21 de octubre se presentará un plan de acción contra incendios y de articulación conjunta con seis municipios del eje de conurbación departamental.  

Según datos oficiales, el 14 de octubre, cerca de las 18.00, se tuvo otro siniestro en el municipio de Vinto, en la zona de Chaki Potrero-Combuyo, donde se destruyeron 173 hectáreas; 70% de pajonales, 20% de arbustos y 10% de especies forestales.

Un día después, cerca de las 15.00, se registró también un incendio en la localidad de Lluri Grande – La Cumbre, en el municipio de Tiraque. La afectación fueron seis hectáreas, un 70% de pajonales y 30% de especies forestales.

El 16 de octubre se registró otro siniestro, cerca de las 12.30 en el Parque Nacional Tunari, en la zona de Tirani, en la jurisdicción de la ciudad de Cochabamba, donde se vieron afectadas 16,5 hectáreas, de las cuales el 80% correspondían a pajonales y el 20% a arbustos. 

El fuego fue sofocado al promediar las 19.00 del mismo día con el apoyo de 130 personas.

El 17 de octubre se reactivó el fuego y afectó a 11,5 hectáreas de las cuales el 80% eran pajonales, 15% arbustos y 10% de especies forestales. 

El 17 se registró un incendio más en el municipio de Sacaba, en la localidad de Laraty, donde se vieron afectadas dos hectáreas de foresta, de las cuales el 80% eran especies forestales y el 20% pajonales.

Esta jornada comenzó la sofocación de un nuevo siniestro en la localidad de Laraty del municipio de Sacaba, cuya extensión con  daños está en evaluación, pero estaría por encima de las diez hectáreas de foresta.