(Foto: Cortesía APDH)

Tras recorrer aproximadamente 20 kilómetros, desde Caracollo, Oruro, rumbo a La Paz, familiares y víctimas de las masacres de 2019 llegaron a la población de Vila Vila y ahora se dirigen a Panduro, donde descansarán para retomar mañana la movilización en demanda de justicia.

Entre los marchistas, está Natividad, una mujer de la tercera edad, quien decidió sumarse a la movilización porque exige que los autores de los hechos de violencia de 2019 sean detenidos, procesados y sancionados por la justicia.

“Queremos justicia. Quiero que detengan a (Arturo) Murillo, (Luis Fernando) Camacho y Carlos Mesa;  felices están caminando, a ellos quiero que (los) detengan”, dijo.

En contacto con Bolivia TV, recordó que su hijo de 25 años fue víctima de la represión  en 2019 al recibir un impacto de bala en la planta del pie durante los conflictos.

“Han baleado a mi hijo (…) Hasta ahora, está mal, no está sano”, relató entre lágrimas.

Martha Vargas recordó que en noviembre de 2019 transitaba por la Ceja de la ciudad de El Alto, donde su hija cayó herida por un impacto de bala y quedó con secuelas que no le permiten caminar largos trayectos.

“Estábamos pasando por ahí (puente distribuidor de la Ceja), mi hija apareció baleada, (…)  ya está mal de por vida, ya no resiste cuando camina”, lamentó.

Más de un centenar de personas continuarán el miércoles con su marcha hasta llegar a La Paz con el objetivo de exigir justicia por los hechos del gobierno de facto de Jeanine Áñez.

El Ministerio de Salud y Deportes informó este martes que rescindió el convenio interinstitucional que tenía desde 2019 con la institución privada Instituto del Riñón de la ciudad de Santa Cruz, al evidenciar en una inspección sorpresa a denuncia de los propios funcionarios de ese centro, serias irregularidades que van desde la existencia de medicamentos sin registro sanitario ni control de calidad, hasta la falta de profesionales calificados, lo que representa un atentado contra la salud y la vida de los pacientes, además rompe toda norma internacional de protección de enfermos renales.

“El informe del Programa Nacional de Salud Renal establece que los fármacos no cumplen con normas de buenas prácticas de almacenamiento, por tanto, no existe garantía de calidad de medicamentos, la entrega de los mismos es irregular, no cuenta con profesionales multidisciplinarios como nutricionista, psicólogo, trabajador social, bioquímico/farmacéutico, entre otros, que nos muestran la precariedad de la atención a pacientes que requieren de un delicado tratamiento y que deben estar en observación constante”, afirmó el viceministro de Gestión del Sistema Sanitario, Álvaro Terrazas, citado en un boletín institucional.

Según información oficial y certificada mediante firmas de los funcionarios de dicho Instituto, en la inspección realizada por el Programa Nacional de Salud Renal, se identificó medicamentos vencidos, sin registro sanitario o inexistentes, esto último demuestra la no dotación completa de medicamentos, y que por tanto los pacientes que acuden a ese centro a realizarse la hemodiálisis, reciben esos fármacos sin percatarse que fueron engañados.

El Gobierno boliviano garantiza sesiones de hemodiálisis y atención gratuita a pacientes con enfermedades renales en todo el territorio nacional mediante el Sistema Único de Salud (SUS), aseguró.

Terrazas rechazó las acusaciones del director médico del Instituto del Riñón de Santa Cruz, Herland Vaca Diez, quien trata de justificar las falencias en la atención a pacientes renales con acusaciones de falta de pagos de esa cartera de Estado y remarcó que el Ministerio de Salud en todo momento cumplió fielmente el convenio.

Para evitar cualquier sobresalto y precautelando la salud de los enfermos renales que eran atendidos en ese centro, se dispuso por instrucción del ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, su traslado inmediato a diferentes unidades de hemodiálisis privadas para continuar su tratamiento pese a que el mencionado Instituto se niega a entregar el historial clínico de los pacientes para ser transferidos, complementó.

Max es una de las víctimas de los conflictos de 2019 en el régimen de Jeanine Áñez. Recibió ocho impactos de balines en una de sus piernas en la zona Sur de la ciudad de La Paz cuando retornaba a su hogar luego de la jornada laboral.

Hoy, participa de la marcha de familiares y víctimas que pretende llegar a La Paz en demanda de sanciones para los autores.

“Ni siquiera participé en las marchas. Cuando estaba volviendo de mi trabajo, la Policía estaba emboscando en Chasquipampa. Me he caído en la emboscada (porque) me han baleado”, relató Max a Bolivia TV.

El marchista lamentó que tras dos años de los sucesos, la justicia no haya avanzado y los principales autores estén libres.

“No avanzó la justicia, no hizo nada en dos años; por eso, nosotros pedimos que se haga la justicia”, exclamó.

Más de un centenar de marchistas transitan por el kilómetro 166 de la carretera Oruro - La Paz. Se tiene previsto que llegue hasta la localidad de Panduro del municipio de Sica Sica.

En agosto, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) presentó los resultados de las investigaciones sobre hechos violencia ocurridos tras el golpe de Estado.

Concluyó que el 15 de noviembre de 2019 en Sacaba, Cochabamba, y el 19 de noviembre de ese año en Senkata, El Alto, existió, durante el régimen de Áñez, vulneración a los derechos humanos, masacres con armas letales utilizadas por las fuerzas de seguridad y ejecuciones sumarias.

El director nacional del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), Max Enríquez, informó este martes que el Ministerio de Salud determinó ampliar la vacunación con una tercera dosis de refuerzo contra el COVID-19 a personas mayores de 18 años, que tengan su esquema de vacunación completo y que hayan recibido su última dosis mínimamente hace dos meses. Podrán acudir al punto de inmunización hasta el 31 de octubre.

“Se amplía la vacunación para toda la población, ya que estábamos vacunando a los mayores de 60 años y con enfermedades de base, se suma el personal de salud y todas las personas mayores de 18 años que busquen voluntariamente su dosis de refuerzo”, dijo en entrevista en la Red Uno.

Explicó que la población puede acudir a los puntos de vacunación para recibir su dosis a partir de la fecha hasta el 31 de octubre, debido a que el país cuenta con un lote de vacunas AstraZeneca que estarían próximas a caducar.

“Tenemos que ver que las dosis sean bien utilizadas en lugar de ser desperdiciadas, sabemos de otros países donde no se tiene las condiciones; y nosotros afortunadamente, gracias a las gestiones, sí las tenemos, así qué mejor usarlas que tirar las vacunas”, apuntó.

Agregó que en las últimas semanas se tuvo un aumento de casos positivos de COVID-19, y lo que se pretende es contener una posible cuarta ola de la pandemia.

Enríquez precisó que el país recibió más de 14 millones de dosis para inmunizar a la población vacunable de 7.180 428 personas, y se tiene programado contar con 18 millones de dosis.

Dijo que dentro del plan de inoculación se pretende redoblar el esfuerzo para optimizar la inmunización en la población y se tiene unas 800.000 dosis de AstraZeneca disponibles para la vacuna de refuerzo.

“La vacunación meteoróloga tiene estudios científicos de que potencia y mejora el estado de respuesta frente al virus”, apuntó.