El abogado internacional Thomas Becker señaló este miércoles que las personas que cometieron delitos no pueden usar de excusa la salud para intentar salir de la cárcel, al referirse a la situación de Jeanine Áñez y al pedido de su defensa de que se defienda en libertad.

“La salud de (Jeanine) Áñez es importante, los presos tienen derechos, pero no puede servir de excusa o pretexto para salir de la cárcel; ¿qué pasa si (Arturo) Murillo tratara de suicidarse aquí en Estados Unidos?, el Gobierno no va a decir ‘bueno, usted puede salir ahora’, esa es la ley, entonces está en la cárcel y pasa esto en todo el mundo”, mencionó.

Lamentó que opositores al Gobierno hayan decidido politizar la reclusión de Áñez, toda vez que se trata de un tema estrictamente jurídico, por los delitos y abusos que se cometieron durante su gobierno de facto.

“Es una politización de los presos, ella (Jeanine Áñez) ha cometido estos abusos y el Gobierno de Bolivia tiene una responsabilidad de otorgar justicia para las víctimas. Las víctimas tienen el derecho legal de justicia, entonces el Gobierno de Bolivia tiene que investigar a los responsables y castigarlos, sino lo hace, entonces ellos van a ser parte de la consumación de estos delitos”, precisó.

Sobre la negativa de legisladores de oposición a viabilizar los juicios de responsabilidades contra Áñez, dijo que no es novedad, debido a que muchos de los políticos que ahora denuncian violación de derechos guardaron silencio durante el régimen de facto. 

“Los que rechazan un juicio de responsabilidades en Bolivia, para mí no es sorpresa, durante el 2019 hubo silencio de varias personas, durante los abusos extremos, una falta de justicia total, nadie dijo nada y ahora están diciendo que no hay justicia en Bolivia, entonces no pueden escoger cuándo van a utilizar este pretexto”, subrayó.

El Ministerio de Salud y Deportes informó que hasta este martes 6.185.830 vacunas contra el COVID-19 fueron aplicadas hasta el momento y 6.124.280 están disponibles en las cadenas de frío dispuestas en los distintos departamentos del país.

A la fecha, Santa Cruz recibió 3.456.078 vacunas, de las cuales 1.878.215 ya fueron aplicadas y 1.577.863 están aún disponibles en almacenes.

La Paz recibió 2.756.432 vacunas, de las cuales 1.453.231 ya fueron aplicadas y 1.303.201 están disponibles para su administración.

A Cochabamba se envió 1.922.075 vacunas, de las cuales 1.120.847 dosis ya fueron aplicadas y 801.228 están en las cadenas de frío.

El departamento de Chuquisaca obtuvo 783.440 vacunas hasta el momento, de las cuales 372.217 ya fueron aplicadas y 411.223 están disponibles.

Tarija recibió 732.142 dosis, de las cuales 418.272 ya fueron administradas y 313.870 restan para su aplicación.

Al departamento de Oruro se envió 692.322 vacunas, de las cuales 314.198 ya fueron utilizadas y 378.124 restan ser aplicadas.

Potosí recibió 1.062.114 dosis, de las cuales 348.359 ya fueron aplicadas y 713.755 están aún disponibles en almacenes.

El departamento de Beni se benefició hasta el momento con 566.917 dosis contra el COVID-19, de las cuales 202.186 ya fueron utilizadas y restan para su aplicación 354.731.

A Pando se envió 173.870 vacunas, de las cuales 78.305 dosis ya fueron aplicadas y 95.565 están todavía disponibles.

El gobierno nacional gestionó la adquisición de 18 millones de dosis, de las cuales hasta el momento llegaron al país 12.310.110 vacunas, entre Sputnik V, Sinopharm, Pfizer, AstraZeneca y Johnson & Johnson; en stock en reserva existen 174.720 dosis.

Los gobiernos subnacionales no gestionaron ni adquirieron ninguna vacuna.

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Nelson Cox, dijo este martes que la denuncia de la falsa existencia del grupo denominado Wila Lluch'us es una estrategia de la derecha política para victimar a la presidenta de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDHB), Amparo Carvajal, y la finalidad de que los causantes del golpe de Estado y los partícipes del régimen de facto de Jeanine Áñez queden impunes. 

“Nosotros negamos que exista ese grupo Wila Lluch’us, porque, de verdad, obedece a una estrategia muy bien digitada, muy bien dirigida, para armar todo este teatro a efectos de lograr esta victimización, con el fin último de la impunidad de los causantes del golpe de Estado, la impunidad de los que han sido parte del gobierno de facto, la impunidad de un régimen de terrorismo de Estado que ha socavado los pilares de la democracia”, dijo, en una entrevista en el programa “Primer plano” de Bolivia Tv.

Según Cox, el video que muestra al supuesto grupo fue lanzado en medio de un escenario promovido por la expresidenta de facto, Jeanine Áñez, para que haya tensión en la sociedad y hacer creer a la población que el Movimiento Al Socialismo (MAS) está detrás de una persecución contra Carvajal.

Dijo que la estrategia está concatenada con una articulación directa de la exmandataria con Carvajal, para utilizar su condición de presidenta prorrogada de la APDHB y de adulta mayor para lograr impunidad por lo sucedido durante la ruptura constitucional.

Mencionó que se busca mostrar como víctima a la titular de la entidad defensora de los derechos humanos porque es quien exalta e incita a la rearticulación de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), que está identificada como un grupo organizado criminalmente, pese a que sus miembros fueron nombrados como defensores de la democracia durante el golpe de Estado.

“Y en esa lógica de la rearticulación, el primero que aparece para sensibilizarse es un correligionario que ha logrado también, en complicidad al golpe de Estado, Carlos Mesa. Entonces, advierta usted que aquí existe un tejido, un entramado muy claro y preestablecido para lograr esta victimización e instrumentalizar los derechos humanos, instrumentalizar a los defensores de los derechos humanos, para que exista, quizás, la continuidad (del pedido) de la medida cautelar que tiene Jeanine Áñez ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, agregó.

El titular de Régimen Interior y Policía advirtió, por último, que la RJC busca aún su rearticulación con personas dispuestas a financiar nuevamente sus actividades y la búsqueda de actores políticas que apoyen su interés de enarbolar la violencia, pero dijo que el Gobierno nacional no lo permitirá para precautelar por la paz social y la seguridad integral del Estado.

El procurador general del Estado, Wifredo Chávez, sostuvo este martes que la revisión de las actas del proceso electoral de 2019 determinará las responsabilidades históricas, políticas y jurídicas sobre esos hechos, que permitirán salir de la duda si hubo o no un supuesto fraude electoral.

“Nosotros estamos yendo por un proceso de verdad, de transparencia, porque la democracia es un valor que debe defenderse, la Procuraduría defiende los intereses del Estado, y uno de los intereses más importantes del Estado, es precisamente preservar su democracia y no quedar como un país que ha sido objeto de un supuesto fraude, eso vamos a ver acta por acta precisamente”, indicó.

Adelantó que la metodología incluirá la participación abierta de instituciones de la sociedad civil, medios de prensa y todas las personas que quieran participar, además de que la actividad será acreditada como corresponde. 

“Veremos que cualquier persona que diga, por ejemplo, en mi mesa ¿cómo me ha ido?, vamos a ver su acta y vamos a ver si eso está efectivamente computarizado, en el cómputo electoral, ese ejercicio nos va a sacar de todas las dudas”, mencionó.

Sobre el argumento de políticos de oposición de que la revisión no podría realizarse debido a que muchas de las actas fueron quemadas durante los hechos poselectorales, manifestó que todas las actas fueron digitalizadas, hecho que fue confirmado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

“Yo me remito a lo que ha indicado el presidente del TSE, todas las actas digitalizadas, esos son argumentos de miedo de gente que no quiere saber la verdad, de gente que oculta y miente, vamos a ver las actas están ahí, vamos a cotejar el acta como tal digitalizada, versus el resultado que ha tenido; esa comparación tenemos que hacer” adelantó.

Ratificó que el proceso permitirá saber quién tenía la razón y determinar responsabilidades sobre los hechos posteriores al proceso electoral de octubre de 2019. 

“Informes de la OEA, tablas de Excel, todos van a caer ante la verdad material, física que vamos a realizar nosotros, acta por acta, y veremos al final quién tenía la razón, si ha habido el golpe o no y que se asuman las responsabilidades históricas, políticas y jurídicas sobre esos hechos”, finalizó.