El diputado Hernán Hinojosa (MAS) denunció este jueves sobre una estafa millonaria que afectó a más de 20.000 familias bolivianas y argentinas, que involucra a Philip Lichtenfeld, socio de Arturo Murillo, ambos procesados en Estados Unidos por el caso de sobornos y lavado de dinero.

“En este caso está involucrado su amigo Philip (Lichtenfeld), socio de Arturo Murillo, eso hay que resaltar. Este señor Arturo Murillo no solamente ha asaltado nuestro país, sino que también ha tenido un socio que ha estafado a muchas familias; en ese sentido, ellos sacaban la plata a todos los bolivianos, donde decían que van a ser parte de la empresa Arnez S.R.L. y El Doral S.A. y ofrecían pagar el 20 por ciento”, indicó.

Ambas empresas colectaron aproximadamente $us 60 millones, con la promesa de que los inversores iban a ser parte de ese consorcio que se dedica a la compra de terrenos y construcción de edificios, sin embargo, según indagaciones de los legisladores, éstas no cuentan con cuentas en institución bancaria alguna.

“Cómo podemos entender si manejaban tanto dinero y la Asfi (Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero) nos ha certificado que no tienen cuentas bancarias, entonces aquí están engañando y están lavando dinero y es un delito. Estos montos deberían ser manejados a través de bancos y tienen que tener un impuesto transaccional al banco y a través de eso al Estado, están engañando y generando un daño económico al Estado”, mencionó.

Solicitó al Ministerio Público iniciar las investigaciones correspondientes a las empresas y a sus ejecutivos, que estarían cometiendo delitos, y sancionar a los responsables.

“Llamamos al Ministerio Público que tiene que investigar a estas empresas que he mencionado, Arnez S.R.L. y El Doral S.A. que han hecho contratos millonarios, compra de terrenos, compras de empresas, pero nada de pagar el impuesto a la transacción como debe ser en entidades financieras”, ratificó.

No descartó que se trate de una operación de lavado de dinero, ya que las empresas no registran operaciones financieras a través de entidades bancarias.

“Entonces aquí, no solamente se trata de una estafa múltiple, sino también de lavado de dinero, cosa que se deben investigar. El Ministerio Público tiene que transparentar y perseguir hasta dar con los responsables”, ratificó.

El diputado de la agrupación Creemos, Omar Rueda, sostuvo este jueves que los muertos por las masacres de 2019 existieron y que los responsables tienen que responder, en relación a la aprobación de los juicios de responsabilidades en contra de la expresidenta de facto, Jeanine Áñez, en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

“La posición es clara, eso no vamos a tapar, los muertos existieron, los muertos fueron de verdad, si hay un juicio de responsabilidades contra Jeanine Áñez, también tiene que haber un juicio de responsabilidades contra sus ministros y también un juicio de responsabilidades contra Carlos Mesa, así de claro, esa es la posición”, manifestó.

Además, mencionó que no solo hubo muertos en la gestión de Áñez, sino también irregularidades en el manejo de los recursos del Estado.

“Tiene que haber un juicio de responsabilidades, gobernaron el país, manejaron los recursos de los bolivianos y hubo muertos, tienen que responder”, ratificó.   

Sobre el juicio de responsabilidades contra el jefe de la agrupación política Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, adelantó que respaldará su aprobación en la ALP.

“Carlos Mesa siempre ha sido una persona oportunista, ha sido una persona que no ha hecho su mandato como todos los bolivianos esperaban y lamentablemente tiene que responder ante las instancias judiciales, y si también existe un requerimiento de justicia para él, para que responda, vamos a ser imparciales en ese tema, también vamos a apoyar ese juicio de responsabilidades”, indicó.

El diputado cruceño Ányelo Céspedes (MAS) denunció este jueves que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, tiene acopiadas vacunas contra el COVID-19 en la Gobernación y que hasta la fecha solo se alcanzó a inmunizar al 20% de la población en las provincias cruceñas.  

“Hemos tenido conocimiento por una investigación que realizamos la incapacidad que tiene el gobernador (Fernando) Camacho para administrar la Gobernación de Santa Cruz, hemos visto que primero ha rechazado las vacunas, pero también hemos accedido a información de que la Gobernación tiene acopiadas miles de vacunas”, indicó.

Ratificó que Camacho demostró su incapacidad para administrar la Gobernación de Santa Cruz y también en la distribución de vacunas, principalmente para las provincias de este departamento.

“Quiero alertar al pueblo boliviano, no puede ser que solamente para (Fernando) Camacho Santa Cruz sea solo la ciudad, ¿dónde están nuestras provincias?, en nuestras provincias, de 21 provincias capitales, solamente se han vacunado al 20 por ciento”, mencionó.

Anunció que solicitará un informe escrito al gobernador Camacho, para que brinde una explicación al pueblo boliviano sobre su incapacidad para distribuir el inmunizante a las provincias. 

“Estamos haciendo una petición de informe escrito, no nos responde, vamos a ir por una petición de informe oral y cuando nos presente vamos a ver y analizar con el equipo de abogados, y si ha incumplido, les aseguro que este diputado lo va a llevar ante las instancias correspondientes, que es la Fiscalía”, subrayó.

Recordó que, durante su campaña electoral, Fernando Camacho dijo que hasta el 24 de septiembre toda la población cruceña estaría vacunada; sin embargo, existe un total abandono a las provincias cruceñas, regiones en las que perdió en las elecciones subnacionales.

“No es momento de apoyar solo a una parte y olvidarse, no porque Camacho hubiera perdido en las provincias, los va a castigar y no va a empezar a incentivar la vacunación en las provincias”, manifestó.

La exasambleísta departamental por el pueblo chiquitano, María Poñe, sostuvo que la marcha indígena que se dirige a Santa Cruz tiene un tinte político porque se moviliza sin un pliego petitorio.

“Lo más sorprendente para nosotros es que de la noche a la mañana aparezca este grupo de personas, una marcha con un tinte político podríamos decir, porque hemos sido dirigentes de la nación indígena chiquitana, hemos sido dirigentes en la coordinadora de pueblos indígenas de Santa Cruz y jamás hemos visto cómo sale una marcha sin tener un pliego petitorio, sin tener una agenda”, sostuvo.

La movilización transita hace dos semanas sin un pliego petitorio específico y pretende llegar a la ciudad de Santa Cruz el 24 de septiembre, día de la efeméride cruceña.

Se prevé que el gobernador Fernando Camacho, cuyos seguidores exhortaron a la población a “apadrinar” a cada uno de los marchistas, reciba a la movilización.

"Sabemos que el gobernador Camacho es el que está organizando su llegada, su acólito político, también están manifestando todo su respaldo los diputados de Creemos", cuestionó María Poñe.

El miércoles, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, invitó a los miembros de la marcha a presentar su pliego petitorio para recibir la atención del Gobierno. Pidió que no dejen que otros actores politicen y se aprovechen de las demandas.