El proyecto del Gobierno brasileño para delimitar tierras reconocidas legalmente a indígenas de ese país podría derivar en un genocidio, dijo el expresidente boliviano Evo Morales (2006-2019).

"El intento de arrebatar o usurpar territorios constitucionalmente reconocidos a los pueblos indígenas del Brasil consumaría una estrategia neolatifundista y ecocida intolerable en pleno silgo XXI. Condenamos este proyecto político que podría derivar en un genocidio de dimensiones insospechadas para el mundo entero", escribió el exmandatario en su cuenta de la red social Twitter.

El Supremo Tribunal Federal de Brasil (Corte Suprema) retoma un debate que podría poner en jaque centenares de tierras indígenas pendientes de delimitación en el país.

La máxima corte brasileña debe decidir si es válida la tesis del "marco temporal", defendida por el agronegocio con el apoyo del presidente Jair Bolsonaro, según la cual solo deben reconocerse como tierras ancestrales aquellas ocupadas por estos pueblos cuando se promulgó la Constitución en 1988.

La Procuradoría General de la República (la Fiscalía) de Brasil se posicionó el 2 de septiembre contra el "marco temporal" para las tierras indígenas.

Al exponer la postura de la Procuradoría, el fiscal general Augusto Aras explicó que la Constitución reconoce los derechos originarios sobre las tierras que tradicionalmente ocupan los indígenas y que el "marco temporal""no sería exigible".

"Este procurador manifiesta estar de acuerdo con que se aparte el 'marco temporal'", afirmó.

La tesis del "marco temporal" argumenta que para que los indígenas puedan reivindicar el derecho a ocupar un territorio concreto, primero deben demostrar ante el Estado que estaban ocupando esa tierra en octubre de 1988.

Los indígenas son contrarios a esa idea porque dificultaría mucho el proceso de demarcación, y recuerdan que históricamente las comunidades nativas fueron sometidas a desplazamientos forzosos, por lo que no es posible tomar un año concreto como referencia.

En los últimos días, miles de indígenas de todo Brasil acamparon en Brasilia para presionar a los jueces para que declaren la inconstitucionalidad del "marco temporal".

El especialista español Julián Macías informó este miércoles que el exfuncionario de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Mark Feyesen, fue uno de los representantes para América Latina de la empresa CLS Strategies de Estados Unidos (EEUU), que fue contratada por el gobierno de facto de Jeanine Áñez para crear cuentas falsas y realizar campañas de desinformación en las redes sociales (RRSS). 

“Juan Cortina y Mark Feyesen eran los responsables de sus acciones en América Latina (de la empresa). De tal manera que el elemento más grave de esto es que Max Feyesen fue funcionario de la OEA, para Estados Unidos”, dijo en una entrevista en el programa “Primer plano” de Bolivia Tv.

Según Macías, Feyesen llegó a ser funcionario de la OEA en gobiernos norteamericanos anteriores, posiblemente en el de Barack Obama.

Recordó que el exfuncionario del organismo internacional fue también asesor principal de una agencia de cooperación de la cual dependen los fondos que recibe la National Endowment for Democracy (NET), que financia a varios agentes locales en Bolivia que apoyaron el golpe de Estado de 2019, entre ellos la Fundación Fides.

“La agencia de noticias, con origen también ultracatólico, que apoyó y estuvo cubriendo con noticias falsas este golpe de Estado”, acotó.

Además, el especialista español manifestó que otro hecho grave en el caso radica en que el gobierno del actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, volvió a contratar a Feyesen como el principal asesor de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) para América Latina.

“Entonces, bueno, no solo vemos que hubo impunidad en estas acciones en las redes sociales, sino que incluso tuvieron premio. Alguien que participó en un golpe de Estado es nombrado en un alto cargo en la relación con los países de América Latina por parte del gobierno de Estados Unidos”, añadió.

El experto ibérico en redes sociales rememoró, por otro lado, que Feyesen es amigo de Roger Noriega, otro exfuncionario de la OEA para Estados Unidos, durante el gobierno de George Busch, que forma parte de la política internacional norteamericana para América Latina de financiamiento de “organismos puramente golpistas”.

El concejal por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Pierre Chain, denunció este miércoles que los concejales de Iván Arias, que controlan la mayoría del Concejo Municipal, incurren en una flagrante violación a la Ley 482 de Gobiernos Autónomos Municipales y desacatan dos declaraciones constitucionales del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) al bloquear el Proyecto de Ley de Instrumentos de Fiscalización al Ejecutivo Municipal.

“La Ley 482, del 19 de diciembre de 2013, otorgó 90 días calendario a los órganos legislativos municipales para aprobar un Reglamento General del Concejo Municipal y una Ley de Fiscalización Municipal. Sin embargo, en La Paz ya van 2.922 días, la mayoría circunstancial y algunos concejales que se abstuvieron de apoyar la propuesta, siguen incumpliendo la ley”, señaló.

Chain dijo que para llenar ese vacío legal presentó el proyecto de ley que fue derivada a la Comisión de Desarrollo y Económico, donde durmió “el sueño de los justos” durante 36 días y por eso decidió llevarlo al pleno, donde el pasado 2 de septiembre se aprobó en grande. 

Sin embargo, la mayoría oficialista decidió reenviar a la misma Comisión para su tratamiento en detalle con base en un procedimiento “jamás visto en el mundo”, porque lo correcto era continuar el tratamiento en detalle en la misma sesión.

El martes Chain volvió a introducir el proyecto de ley, pero el oficialismo decidió nuevamente congelarlo.

Ante los hechos violentos registrados en los últimos días, y que consternaron a la población, el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, consideró que se debe reforzar la educación basada en valores desde la familia y las unidades educativas. 

“Estamos muy preocupados, consternados a nivel nacional. Tenemos muchas leyes que protegen a la mujer y a los niños, pero no es suficiente, lo que necesitamos es trabajar en temas de educación con mayor énfasis. Trabajar en temas de valores en las unidades educativas y también reflexionar profundamente con los padres de familia”, reflexionó.

Asimismo, descartó la posibilidad de implementar en Bolivia la sanción de la pena de muerte.

“Estamos perdiendo los valores y eso es preocupante, por más que tengamos cadena perpetua o pena de muerte, este tema (de la prevención de los feminicidios) pasa por el tema de educación. Las familias bolivianas tenemos que reflexionar profundamente con nuestros hijos”, indicó. 

La declaración de la autoridad legislativa surge tras el registro de dos hechos violentos seguidos de asesinato en la ciudad de La Paz. La muerte de Anakin Tancara, cuyo cuerpo fue descuartizado en la ciudad de El Alto y el feminicidio de Mayerly Sandy C. Q. por parte de Matusalén Mancilla, autor confeso del crimen y expareja de la joven de 18 años.