El expresidente y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, sostuvo este martes que el pronunciamiento del secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, es un atentado a la democracia boliviana. 

“Las declaraciones de Almagro son un nuevo atentado a la democracia: niegan la autoproclamación de Áñez, las masacres, las 1.500 detenciones ilegales, persecuciones y corrupción en pandemia, que es delito de lesa humanidad. No se puede ignorar la lucha del pueblo humilde”, sostuvo mediante un mensaje de la red social Twitter.

Almagro es cuestionado por su participación en 2019, cuando denunció, basado en un informe preliminar, que existían indicios de un supuesto fraude en las elecciones presidenciales de ese año en Bolivia.

Provocó, con esas afirmaciones, protestas y hechos delincuenciales de sectores críticos al Gobierno del entonces presidente Evo Morales, quien luego renunció y denunció un golpe de Estado.

A dos años de los hechos, la Secretaria General de la Organización de la OEA difundió el lunes un pronunciamiento sobre la detención preventiva de exautoridades que son investigadas por los hechos de violencia de 2019 y la presunta comisión de los delitos de sedición, conspiración y terrorismo.

El presidente del Observatorio de la Democracia del Parlamento del Mercosur (Parlasur), Oscar Laborde, indicó este martes que la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) trata de impedir las investigaciones sobre los hechos de violencia de 2019 en Bolivia para evitar que se compruebe su complicidad en el denunciado golpe de Estado.

“Creo que la OEA trata de impedir la investigación porque teme que al final se compruebe que hubo complicidad de la Secretaria General en ese golpe”, dijo en entrevista con la red Patria Nueva.

La Organización de Estados Americanos hizo público hace dos años un informe preliminar en el que cuestiona la transparencia de las elecciones presidenciales en Bolivia. Esa situación provocó movilizaciones en diferentes sectores del país, una crisis política y la salida del entonces presidente Evo Morales del Gobierno, quien denunció golpe de Estado.

 “¿Quién repara los hechos, los muertos, el deterioro a las instituciones, el retroceso económico?”, cuestionó.

La Secretaría General de la OEA difundió el lunes un pronunciamiento en el que pide la liberación de expresidenta Jeanine Áñez, el exministro de Energía, Rodrigo Guzmán, y el exministro de Justicia y Transparencia Institucional, Álvaro Coímbra, detenidos de manera preventiva en La Paz, por la presunta comisión de los delitos de sedición, conspiración y terrorismo en 2019. Además, cuestiona a la justicia boliviana y la acusa de no tener condiciones para ofrecer las garantías.

La ciudad de El Alto, el 11 de noviembre de 2019, empezaba a sufrir una de las masacres más violentas y sangrientas protagonizadas por los militares y policías que dispararon contra los pobladores alteños que protestaban por el golpe de Estado protagonizado por Jeanine Áñez.

Ese día, Cipriano Rogelio Chapetón se dirigía a la feria 16 de Julio en busca de un repuesto, pero fue herido por una bala disparada por las fuerzas combinadas. Poco después fue trasladado al hospital Boliviano-Holandés donde recibió maltratos por parte del personal de salud.

“Yo me estaba dirigiendo hacia la (feria) 16 de Julio a comprar una tuerca, entonces en esas circunstancias me han disparado, he sentido un golpe muy duro y dije ¿qué ha pasado? Entonces como muchos estaban correteando por allí yo dije me han arrojado una piedra, yo no pensaba que era bala, pero cuando me fijé mi brazo, estaba colgando”, relató en el programa Somos Demcracia, una alianza de los medios estatales.

“Hemos llegado al hospital Boliviano-Holandés pero ni siquiera han querido curarnos, directo los doctores y enfermeras nos han agredido a nosotros: ¡Ahí está pues se lo han ganado!, ¡Para qué han ido!, ¡Ustedes son masistas!, ¡Ahora sí ustedes van a ir a la cárcel!, ¡Son unos sediciosos, vándalos, terroristas!, ¡Ahora llámenle pues al Evo, que les haga curar!", recordó.

“Hasta que me han llevado a rayos X por la bala. Ahí han entrado los policías, en los hospitales siempre hay cortinas, han destapado las cortinas y nos han dicho ahorita van a ir ustedes detenidos y yo también me asusté”, agregó.

El testimonio de Cipriano Rogelio Chapetón también forma parte del Informe final de conclusiones de la Comisión Especial Mixta que investigó las masacres de Senkata y Sacaba, que terminó con 37 muertos, más de 800 heridos y alrededor de 1.500 aprehendidos.

La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) se declaró este martes en emergencia ante las amenazas de políticos y cívicos que convocan a movilizaciones debido a los procesos judiciales en contra de exautoridades del régimen de Jeanine Áñez. La organización pidió justicia para quienes provocaron daños económicos al Estado y vulneraron derechos en los hechos de violencia de 2019.

El secretario Nacional Ejecutivo de la CSUTCB, Eber Rojas, sostuvo: “Estamos nuevamente en alerta. Estamos viendo amedrentamientos de cívicos que están queriendo articularse. No lo vamos a permitir. Estamos firmes y siempre al lado del gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia”.

“Si ellos provocan con sus movilizaciones, también vamos a responder con movilizaciones. Por eso, estamos de pie y de emergencia”, advirtió.

La expresidenta Jeanine Áñez, el exministro de Energía, Rodrigo Guzmán, y el exministro de Justicia y Transparencia Institucional, Álvaro Coímbra, se encuentran detenidos de manera preventiva en La Paz, desde el lunes, por la presunta comisión de los delitos de sedición, conspiración y terrorismo.   

A eso se suman las acciones del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional que presentó a la Fiscalía General del Estado cuatro proposiciones acusatorias en contra de Áñez, además de sus exministros, por los siguientes casos: préstamo irregular de $us 346,7 millones del Fondo Monetario Internacional, prórroga ilegal de concesión de Fundaempresa, vulneración de derechos humanos de los bolivianos residentes en Chile y restricciones durante la pandemia.

Eber Rojas aseguró que la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia reclama también justicia para las víctimas de las masacres de Senkata en El Alto y Sacaba en Cochabamba y pide sanciones por el daño económico al Estado, hechos que sucedieron durante el régimen de Jeanine Áñez.

“Nuevamente, llamamos a los comités cívicos que depongan actitudes, que pongan al país en paz y en tranquilidad. No estamos pidiendo confrontaciones. Hemos esperado a que actúe la justicia. Si hay daño económico, (las exautoridades) tienen que responder”, sostuvo.