En el régimen de Jeanine Áñez, la libertad de expresión estuvo bajo amenaza. No solamente periodistas fueron conminados durante ese gobierno que es considerado de facto, sino la población en su conjunto.
Los hechos reflejan cómo autoridades del régimen optaban por medidas que restringían derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado como la expresión y difusión libre de opiniones y el acceso a la información.
Días después de que Áñez se proclamara presidenta, la entonces nueva ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, reveló que se hacía seguimiento a periodistas que no compartían con la línea gubernamental, ya que eran considerados sediciosos.
“La prensa tiene todas las garantías para trabajar. Y, aquellos periodistas o seudoperiodistas que estén haciendo sedición, se va a actuar conforme a la ley, porque lo que hacen algunos periodistas que son, en algunos casos, bolivianos o extranjeros que están causando sedición en nuestro país, tienen que responder a la ley boliviana”, amenazó.
A eso se suma la advertencia vertida por el Ministerio de Gobierno a cargo de Arturo Murillo. La noche del 31 de mayo de 2020, difundió un comunicado en el que amenazaba al periodista Junior Arias de la red televisiva Gigavision por la investigación del caso vinculado a la adquisición estatal de gases lacrimógenos por parte del Gobierno con presunto sobreprecio. El régimen de Áñez consideró la investigación periodística como “guerra sucia” y “guerra política”.
“Ante ello, solicitamos al Sr. Arias que rectifique. Con esa historia falsa y construida sobre la base de insinuaciones irresponsables, el Sr Arias está dañando la imagen, el honor y la dignidad de varias personas”, se lee en el comunicado.
“Repetimos: es una falsedad y no vamos a descansar hasta que el Sr Arias rectifique y restaure la dignidad e imagen de las personas dañadas”, añade.
El comunicado provocó reacciones de rechazo. Por ejemplo, el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, se pronunció y aseguró: “Manifiesto grave preocupación por respuesta del Ministerio de Gobierno de Bolivia a investigación periodística sobre compra de gases antidisturbios. Calificar de hacer ‘guerra sucia’ o ‘guerra política’ a un medio es estigmatizar, en lugar de rendir cuentas sobre tema de fondo”.
En enero de 2021, el director de las Radios de los Pueblos Originarios (RPOs), José Aramayo, denunció que el gobierno de facto de Jeanine Áñez acalló la voz de 88 emisoras que forman parte del sistema nacional, cuyos equipos desaparecieron, fueron secuestrados o quemados con el objetivo de aplacar la voz de las naciones que viven en el occidente, trópico y amazonía de Bolivia.
Los periodistas no fueron los únicos conminados, sino la población. El régimen se encargó de aplicar decretos supremos para sancionar a quienes opinaban diferente, sobre todo en la primera ola de contagios del COVID-19.
A partir del 22 de marzo, rigió en todo el territorio nacional una cuarentena total aplicada por el Decreto Supremo N° 4199. La norma determinó que los estantes y habitantes en Bolivia debían permanecer en sus domicilios o en la residencia que se encuentren durante el tiempo que dure la cuarentena total.
Esa norma permitía que la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas salgan a las calles con el fin de vigilar el cumplimiento de las restricciones. Las personas que incumplían el Decreto Supremo eran sancionadas con ocho horas de arresto hasta 10 años de cárcel más la imposición de multas pecuniarias. Además, el régimen advirtió con privar la libertad de los funcionarios públicos que incurran en incumplimiento de deberes pese a la emergencia sanitaria.
A eso se suma que el 7 de mayo de 2020, Áñez y el gabinete de ministros emitieron el Decreto Supremo N° 4231, mismo que estableció: “Las personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo o difundan información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, artística y/o por cualquier otro procedimiento que pongan en riesgo o afecten a la salud pública, generando incertidumbre en la población, serán pasibles a denuncias por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal”.
El Artículo 106 de la Constitución determina que el Estado garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la información.
“El Estado garantiza a las bolivianas y los bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa”, se lee en parte de la norma.
Añade que el Estado garantiza a las trabajadoras y los trabajadores de la prensa, la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y a la información.
El 18 de octubre de 2020, cuando Luis Arce ganó con el 55,11% de los votos válidos como candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS), se puso fin al régimen de Jeanine Áñez, un año después de que Morales, líder del Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos, denunciara el golpe de Estado.
En noviembre de 2020, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, destacó la importancia de que el Gobierno llegue a todos en el marco del respeto a la libertad de expresión.
“Eso está garantizado por la Constitución Política del Estado, eso no se va atropellar desde ningún punto de vista", sostuvo cuando asumió el cargo.
En enero de 2021, revalidó el compromiso gubernamental para devolver la voz a las comunidades rurales e indígenas del Estado Plurinacional de Bolivia.
“De más de 100 RPOs se han bajado a 16 y solo dos funcionando correctamente. Se están empezando a recuperar, no es fácil considerando que muchos ítems han desaparecido, los equipos tampoco sabemos dónde están”, dijo Alcón en aquella oportunidad.
“Lo que quería el Gobierno de facto es que desaparezcan estas radios y las estamos recuperando y las vamos a recuperar, ese es nuestro compromiso. También, vamos a fortalecerlas, porque nuestras comunidades, nuestro país necesita estar informado, necesita un medio de comunicación donde ellos puedan expresar sus necesidades, sus demandas”, añadió.
Este lunes, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional presentó ante la Fiscalía General del Estado una acusación propositoria por la vulneración a la libertad de expresión durante el régimen de Áñez.
La denunciada en este caso es Jeanine Áñez por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes, delitos contra la libertad de prensa, y atentados contra la libertad de trabajo
