La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió este martes a Bolivia que investigue, sancione y garantice la reparación integral de las víctimas de los hechos luctuosos registrados el 2019.

“La CIDH urge a Bolivia observar los estándares interamericanos de acceso a la justicia y debido proceso y reitera su obligación de investigar, sancionar y garantizar la reparación integral de las víctimas y sus familias por las violaciones de derechos humanos en el contexto de la crisis electoral e institucional del 2019”, indicó mediante un comunicado publicado en su página oficial.

Señaló que desde el inicio de la crisis política y social desatada entorno a las elecciones del 20 de octubre de 2019 en Bolivia, la CIDH fue enfática en su llamado al Estado a investigar diligentemente, juzgar y sancionar a los responsables de todos los actos de violencia y graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante los sucesos en el marco de la crisis, así como a garantizar la reparación de las víctimas.

Asimismo, la CIDH destacó de manera reiterada la importancia de establecer un plan de atención inmediata y reparación integral a las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familias.

En su comunicado la CIDH, recuerda que con ese fin, la Comisión motivó la creación del Grupo de Expertos y Expertas Independientes, mecanismo encargado de apoyar la investigación de los actos de violencia y las violaciones a los derechos humanos sucedidos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.

“En esa línea, la CIDH sigue expresando su completo compromiso con la defensa y protección de los derechos de las víctimas y sus familiares”, remarcó.

Respecto a las ordenes de aprehensión contra los involucrados en el golpe de Estado de 2019, la CIDH reitera que los procesos judiciales, incluyendo aquellos iniciados por la posible comisión de delitos contra el orden constitucional interno deben realizarse con irrestricto apego a los estándares interamericanos relativos a las garantías judiciales, protección judicial y acceso a la justicia, en el marco de un sistema de justicia independiente, imparcial y libre de interferencias de los otros órganos del Estado.

“Por ello, urge al Estado Plurinacional de Bolivia a continuar velando por que las personas procesadas en este contexto cuenten con garantías legales mínimas para ejercer sus medios de defensa, tales como el derecho a la presunción de inocencia; a contar con una defensa; a presentar recursos efectivos; a conocer la imputación o acusación; a conocer las pruebas y tener la posibilidad de contradecir estas últimas, entre otros”, exhortó.

La presidenta de la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria de la Cámara de Diputados, Lidia Tupa, informó este martes que esa instancia legislativa coordina con el Comité Nacional de Agricultura Familiar para la reactivación del denominado “Frente Parlamentario de Lucha Contra el Hambre en Bolivia”.

“Es muy importante reactivar la lucha contra el hambre para todas nuestras familias sobre todo para las que se dedican a la agricultura familiar, que no solo garantiza el 80 por ciento del consumo en el mercado, sino que también producen un alimento sano. No solamente garantizamos la soberanía si no también la seguridad alimentaria.”, dijo, citada en un boletín institucional.

Según Tupa, la reactivación del programa ofrecerá a sus beneficiarios un trabajo y un salario dignos.

La agenda articula el trabajo de políticas públicas entre el Órgano Ejecutivo y la Asamblea Legislativa Plurinacional a favor de las más de 700.000 unidades productivas que aglutinan a más de dos millones de productores, garantizando la soberanía y seguridad alimentaria de Bolivia.

Una de las metas más destacadas de la iniciativa fue la alimentación escolar, considerada por Tupa como una “potente estrategia” para atender a la población en edad escolar que es uno de los sectores más vulnerables a la inseguridad nutricional.

El Frente Parlamentario contra el Hambre y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación impulsaron con asesoramiento técnico, desde un ámbito legal y participativo, la Ley Nº 622, de alimentación escolar en el ámbito de la soberanía alimentaria y la economía plural.

La aprobación de esa norma se convirtió en uno de los grandes hitos de su labor y sirvió de ejemplo para ser replicada por otros países a nivel regional.

En 2009, con el apoyo del Programa de España de la FAO se creó el “Frente Parlamentario Contra el Hambre de América Latina y el Caribe”, que cuenta con la participación de 21 países de la región a fin de trabajar en la iniciativa "Hambre Cero" con miras a 2025.

El expresidente y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, sostuvo este martes que el pronunciamiento del secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, es un atentado a la democracia boliviana. 

“Las declaraciones de Almagro son un nuevo atentado a la democracia: niegan la autoproclamación de Áñez, las masacres, las 1.500 detenciones ilegales, persecuciones y corrupción en pandemia, que es delito de lesa humanidad. No se puede ignorar la lucha del pueblo humilde”, sostuvo mediante un mensaje de la red social Twitter.

Almagro es cuestionado por su participación en 2019, cuando denunció, basado en un informe preliminar, que existían indicios de un supuesto fraude en las elecciones presidenciales de ese año en Bolivia.

Provocó, con esas afirmaciones, protestas y hechos delincuenciales de sectores críticos al Gobierno del entonces presidente Evo Morales, quien luego renunció y denunció un golpe de Estado.

A dos años de los hechos, la Secretaria General de la Organización de la OEA difundió el lunes un pronunciamiento sobre la detención preventiva de exautoridades que son investigadas por los hechos de violencia de 2019 y la presunta comisión de los delitos de sedición, conspiración y terrorismo.

El presidente del Observatorio de la Democracia del Parlamento del Mercosur (Parlasur), Oscar Laborde, indicó este martes que la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) trata de impedir las investigaciones sobre los hechos de violencia de 2019 en Bolivia para evitar que se compruebe su complicidad en el denunciado golpe de Estado.

“Creo que la OEA trata de impedir la investigación porque teme que al final se compruebe que hubo complicidad de la Secretaria General en ese golpe”, dijo en entrevista con la red Patria Nueva.

La Organización de Estados Americanos hizo público hace dos años un informe preliminar en el que cuestiona la transparencia de las elecciones presidenciales en Bolivia. Esa situación provocó movilizaciones en diferentes sectores del país, una crisis política y la salida del entonces presidente Evo Morales del Gobierno, quien denunció golpe de Estado.

 “¿Quién repara los hechos, los muertos, el deterioro a las instituciones, el retroceso económico?”, cuestionó.

La Secretaría General de la OEA difundió el lunes un pronunciamiento en el que pide la liberación de expresidenta Jeanine Áñez, el exministro de Energía, Rodrigo Guzmán, y el exministro de Justicia y Transparencia Institucional, Álvaro Coímbra, detenidos de manera preventiva en La Paz, por la presunta comisión de los delitos de sedición, conspiración y terrorismo en 2019. Además, cuestiona a la justicia boliviana y la acusa de no tener condiciones para ofrecer las garantías.