La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, desmintió este miércoles que la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), a cargo de Luis Almagro, gestionara la llegada a Bolivia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) a causa de los conflictos poselectorales de 2019.

“Almagro no gestionó llegada de la CIDH a Bolivia. La labor de la Comisión fue expuesta a riesgo por parte de la Policía e incluso obstaculizada por alguna Institución. Sobre el GIEI, tanto él y el Gobierno Transitorio limitaron recursos económicos, y dilataron su llegada al país (sic)”, informó Cruz mediante su cuenta en Twitter.

Este miércoles, la Secretaría General de la OEA difundió un comunicado en el que indica: “La Secretaría General además emitió comunicados llamando a la paz social y condenando la violencia durante ese período, así como hizo gestiones para la visita de la CIDH al país y posteriormente a la instalación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que permitiera una investigación imparcial de lo ocurrido en el país. La Secretaría General siempre urgió las investigaciones de lo ocurrido”.

El 2 de marzo, el canciller Rogelio Mayta denunció que el régimen de Jeanine Áñez obstaculizó que el GIEI-Bolivia inicie el 2020 las investigaciones de los hechos de violencia de 2019, tras la crisis postelectoral. Hizo referencia al tema durante su informe de Rendición Pública de Cuentas Final Gestión 2020 del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Mayta explicó en aquella oportunidad que el equipo de expertos internacionales conformado a sugerencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debía llegar durante los primeros meses de 2020, pero el régimen de Áñez no realizó las gestiones.

Además, el Ministro de Relaciones Exteriores hizo mención a un documento diplomático del 17 de octubre de 2020. Dijo que se constituye en una prueba porque las ahora exautoridades se negaron a que ese grupo de expertos internacionales inicie las indagaciones de los hechos.

Durante el 2019, luego del golpe de Estado denunciado por el entonces presidente Evo Morales, tras los comicios presidenciales de esa gestión, se registraron hechos de violencia en varias regiones del país, por ejemplo, en Senkata de El Alto y Sacaba de Cochabamba. Según datos oficiales de la Defensoría del Pueblo, el conflicto poselectoral dejó en Bolivia 35 muertos, 833 heridos y 1.504 arrestos o aprehensiones.

El GIEI-Bolivia fue creado mediante acuerdo suscrito por CIDH y Bolivia el 12 de diciembre de 2019 para coadyuvar en las investigaciones de los hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos ocurridos en el país entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de ese año.

El Ministerio de Relaciones Exteriores aseveró este miércoles, mediante un nuevo comunicado, que Bolivia defenderá su soberanía ante la intromisión de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en asuntos nacionales.

“La Carta de la OEA determina claramente el mandato del Secretario General que el Sr. Almagro debe cumplir. El Estado Plurinacional de Bolivia defenderá su soberanía, la independencia de sus órganos y no caerá en provocaciones malintencionadas”, se lee en el comunicado de la Cancillería boliviana.

La cartera de Estado se refirió al tema luego de que la Secretaría General de la organización internacional a cargo de Luis Almagro publicara este miércoles otro pronunciamiento sobre Bolivia en el que ratifica el pedido de liberación de exautoridades procesadas por los hechos de violencia de 2019, cuestiona la justicia boliviana y califica de “absurda” la acusación de la participación de la OEA en un golpe de Estado.

Almagro es cuestionado por su actuación en 2019, cuando denunció, basado en un informe preliminar, que existían indicios de un supuesto fraude en las elecciones presidenciales de ese año en Bolivia. Provocó, con esas afirmaciones, protestas y hechos delincuenciales de sectores críticos al Gobierno del entonces presidente Evo Morales, quien luego renunció y denunció un golpe de Estado.

“En ese sentido, se hace un llamado a los Estados miembros a defender la Carta de la OEA que privilegia la no intervención, el respeto a la autodeterminación de los pueblos, el diálogo, la negociación y la búsqueda de consensos, por lo que es preciso reconducir las acciones de la Secretaría General a los principios fundacionales del organismo para la construcción de un multilateralismo que favorezca el bienestar y la dignidad de nuestros pueblos”, se lee en otra parte del comunicado boliviano que ratifica el repudio a las acciones de Almagro.

El Consejo Departamental de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Codemaq) de La Paz se declaró este miércoles en estado de emergencia permanente ante los anuncios de desestabilización de grupos de derecha y miembros de algunos comités cívicos del país.

La resolución aprobada el 16 de marzo de 2021 en un Consejo Ordinario de esta organización, rechaza cualquier intento de desestabilización que pretenda ser promovido por grupos de derecha en el país, en contra del Gobierno democrático de Luis Arce y David Choquehuanca.

“Frente a los últimos hechos acontecidos por el comité cívico, logias y terratenientes incrustados en nuestro territorio nacional, que nuevamente pretenden realizar otro golpe de Estado a nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora y David Choquehuanca, los pueblos indígenas originaros campesinos, comunidades, comunidades interculturales, y afro bolivianos en defensa del Estado Plurinacional activamos el plan hormiga y no permitiremos por ningún motivo la desestabilización del Estado boliviano”, señala el documento.

De la misma forma, el Codemaq anunció que no permitirán el desarrollo de bloqueos, paros u otras medidas de presión que sean convocadas por grupos radicales de derecha en el departamento, en el intento de generar conflictos como en octubre de 2019.

“Si ellos pretenden venir a hacer bloqueos o paros, nosotros vamos a salir a un solo llamado de nuestra máxima organización y vamos a marchar para desbloquear cualquier intento de sabotaje o golpe de Estado”, apuntó Sabino Apaza, Jiliri Apu Mallku del Codemaq La Paz.

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Héctor Arce, sostuvo este miércoles que el gobernador electo de Santa Cruz, Fernando Camacho, comete el delito de encubrimiento al evitar que procesados por los hechos de violencia de 2019 se sometan a la justicia.

“Al acoger a supuestos refugiados en su domicilio particular o en la institución cívica, Camacho está cometiendo el delito de encubrimiento. Solamente, un Estado puede dar refugio. Camacho está cometiendo un delito al acoger en su casa a delincuentes, actores políticos, cívicos que generaron terror, llanto, luto, muerte y dolor en el país”, dijo el legislador.

El lunes, Camacho aprovechó su discurso en un cabildo organizado en Santa Cruz para ofrecer protección a todos los actores que son investigados por las movilizaciones que provocaron violencia en 2019. Dijo: “Quiero decirles a todos los bolivianos que no solo las puertas de este pueblo están abiertas, yo ofrezco mi casa para que se refugie cuantos perseguidos quieran”.

A eso se sumaron los cívicos cruceños que habilitaron el Comité Pro Santa Cruz para que los investigados a quienes denominan “refugiados” puedan evitar la justicia ante los procesos y reclamos de las víctimas de los hechos de 2019.

“Esto implica un desafío frontal a la justicia, a los administradores de justicia; pero, además, una clara vulneración a la Constitución Política del Estado y a todo el ordenamiento jurídico”, aseveró el diputado Arce.