La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) rechazó este jueves las actitudes del secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en relación a asuntos internos de Bolivia y lo acusan de injerencia e intromisión.  

“Los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) rechazan enérgicamente los actos de injerencia e intromisión en los asuntos internos del Estado Plurinacional de Bolivia cometidos por el secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro”, se lee en un pronunciamiento.

En dos oportunidades, el lunes y el miércoles, la Secretaría General de la OEA a cargo de Almagro difundió comunicados cuestionando la justicia boliviana y solicitando la liberación de exautoridades del régimen de Jeanine Áñez que son investigadas por los hechos de violencia de 2019. Además, advierte con acudir a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.

Los países de la alianza internacional alertaron que las acciones de Almagro constituyen una gravísima violación a los principios y propósitos de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y que promueven escenarios de confrontación y desestabilización de los procesos democráticos del pueblo boliviano.

“Asimismo, los países de la ALBA - TCP deploran la actitud claramente parcializada del Sr. Almagro, que va en contra de los principios de la OEA, que nuevamente pretende generar conflicto en Bolivia y al mismo tiempo omite las graves violaciones de derechos humanos durante el gobierno de facto, periodo en el que se perdieron varias vidas humanas”, cuestiona la ALBA-TCP.

La alianza internacional sostiene que corresponde exclusivamente al pueblo boliviano y a sus instituciones legal y democráticamente constituidas tomar las decisiones que consideren pertinentes sin ningún tipo presión externa.

“Los países miembros de la ALBA-TCP ratifican su solidaridad y apoyo al Estado Plurinacional de Bolivia, al gobierno del presidente Luis Arce Catacora y a todo el pueblo boliviano”, afirma en su pronunciamiento.

El Pacto de Unidad convocó este jueves a las organizaciones sociales para que el 22 marzo de este año se concentren en las nueve ciudades capitales del país, para exigir justicia por las muertes y las violaciones de los derechos humanos durante el régimen de Jeanine Áñez.

“Se convoca a la gran concentración de las organizaciones sociales democráticas, sindicales, originarias, vecinales, cívicas, universitarias, juntas escolares, transporte, cooperativistas, mineros asalariados y organizaciones sociales. Fecha: 22 de marzo de 2021, a realizarse en las ciudades capital de los nueve departamentos”, refiere el documento del caso.

El texto condena, por otro lado, las marchas organizadas por políticos de la derecha por el caso “Golpe de Estado” y denuncia que esos actos son una de confrontación para desestabilizar la gestión del presidente Luis Arce.

El Pacto de Unidad manifiesta en el documento a los partidos políticos que perdieron las elecciones generales del 18 de octubre de 2020, los jerarcas de la Iglesia Católica, los empresarios dueños de medios de comunicación que ya se conoce su “receta”, por lo que no permitirá las afrentas contra el mandato de Arce puesto que fue electo con el 55.10” de los votos del pueblo.

"Exigimos a Luis Fernando Camacho y los comités cívicos golpistas, no perjudicar al pueblo boliviano (con) su actitud racista discriminadora, regionalista, antieconómica y divisionista que ya hizo mucho daño y para resistir sus acciones golpistas utilizaremos todos los medios democráticos”, añade la convocatoria.

El texto recuerda que el Pacto de Unidad no quiere una venganza por el golpe de Estado de 2019, sino que pide “justicia” por los 36 fallecidos, 800 heridos y más de 1.000 detenidos que dejaron las acciones para la ruptura del orden constitucional.

El Ministerio de Relaciones Exteriores respondió al presidente de la República Federativa de Brasil, Jair Bolsonaro, quien cuestionó las detenciones de exautoridades investigadas por los hechos de violencia de 2019. Pidió no intervenir en asuntos internos del país en respeto a los principios de Derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre Estados.

Luego de que la expresidenta Jeanine Áñez, el exministro de Energía, Rodrigo Guzmán, y el exministro de Justicia y Transparencia Institucional, Álvaro Coímbra, fueron detenidos de manera preventiva en La Paz e investigados por la presunta comisión de los delitos de sedición, conspiración y terrorismo por hechos de 2019, Bolsonaro criticó los procesos judiciales y los consideró no razonables.

Mediante un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia dio a conocer que expresó su posición al embajador de la República Federativa de Brasil, Octavio Henrique Días García Côrtes.

“En la ocasión, la Cancillería hizo referencia a la DECLARACIÓN SOBRE LOS PRINCIPIOS DE DERECHO INTERNACIONAL REFERENTES A LAS RELACIONES DE AMISTAD Y A LA COOPERACIÓN ENTRE LOS ESTADOS, DE CONFORMIDAD CON LA CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS, recogidos por la Resolución 2625 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptada el 24 de octubre de 1970, que en su inciso c) establece ‘La obligación de no intervenir en los asuntos que son de la jurisdicción interna de los Estados, de conformidad con la Carta’ (sic)”, se lee en el comunicado de la Cancillería y añade: “El Gobierno boliviano trabaja en aras del respeto recíproco de la soberanía de los pueblos”.

El vocero Presidencial, Jorge Richter, aseguró que el exministro de la Presidencia, Yerko Núñez, se declara perseguido político en una carta para evitar la justicia por los procesos que se le siguen debido a los hechos de 2019.

“Conocemos la carta del señor Núñez y pone en la firma ‘perseguido político de Evo Morales’. El mito que se busca instalar en el país, porque a través de eso por supuesto que te puedes proteger para no presentarte ante la ley”, dijo en entrevista con el programa ‘Noches sin Tregua’ de la red televisiva Cadena A.

El miércoles, el exministro del régimen de Jeanine Áñez se declaró en la clandestinidad mediante una misiva y se denominó “perseguido político”. La carta fue escrita en respuesta a la orden de aprehensión en su contra por la presunta comisión del delito de terrorismo en los hechos de violencia de 2019.

“En Bolivia, desde hace mucho tiempo, existe una crónica desobediencia de lo que manda la ley y, en función de eso, cuando se quiere evitar estas situaciones de obediencia de la norma, pues, entonces, hay que politizar, porque politizando se desordena el debate y se encuentran otros argumentos en los cuales ampararse. Uno de ellos es mencionarse y decir: soy perseguido de tal persona”, cuestionó Jorge Richter.

La expresidenta Jeanine Áñez, el exministro de Energía, Rodrigo Guzmán, y el exministro de Justicia y Transparencia Institucional, Álvaro Coímbra, fueron detenidos de manera preventiva en La Paz desde el lunes por la presunta comisión de los delitos de sedición, conspiración y terrorismo en 2019.