El abogado y exrepresentante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia, Denis Racicot, aseguró este sábado que en Bolivia hubo un golpe de Estado y no una sucesión constitucional el 2019, como resultado de la convulsión por una falsa denuncia de fraude electoral que provocó la dimisión del entonces presidente Evo Morales.

“Obviamente, fue un golpe de Estado (…) No hubo una sucesión constitucional porque no podía ser autoridad presidencial la segunda secretaria de la Cámara de Senadores, de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Es decir, no hay ahí el punto de partida, no tienen fundamento constitucional. No se podía, la Constitución no prevé esa posibilidad”, detalló, en una entrevista con el canal estatal Bolivia TV.

Según Racicot, la entonces senadora Jeanine Añez se autoproclamó como presidente en una Asamblea Legislativa Plurinacional “desierta” porque tuvo la presencia de apenas una docena de diputados y senadores de la oposición a la administración de Evo Morales, por lo que no podía efectuar el debate necesario.

Rememoró que incluso la entonces presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, fue presionada para que renuncie a su puesto y poner así al país en una situación de “verdadero golpe de Estado”.

La banda presidencial fue entregada, además, a Áñez por el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

“Desde el momento en que el presidente Evo Morales renunció el domingo 10 de noviembre, hasta ese momento, de hecho, los militares asumían plenamente el Estado en Bolivia”, sostuvo.

Por otro lado, el exrepresentante internacional recordó que el ascenso de Áñez al poder se dio con un proceso de nuevo autoritarismo, pero que mantuvo varias de las características de acciones realizadas por los gobiernos de facto.

Detalló que entre las acciones de hecho estuvo una huelga policial, además de que se tuvo autoridades del alto mando de la entidad del orden y militares que recibieron pagos revelados por el excívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

El proceso se caracterizó también por una “toma violenta del poder” con el incendio de los edificios de cinco tribunales electorales departamentales, azuzado por una denuncia de un fraude que nunca hubo durante las elecciones generales, pero que tuvo el respaldo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), complementó.

“El mismo informe de la OEA, el informe final (sobre el caso), nunca utiliza la palabra fraude para describir las pequeñas irregularidades que ocurrieron en el marco del proceso electoral en aquel momento”, aseveró.

Asimismo, Racicot indicó que el cambio del poder tuvo también dos masacres en las zonas de Senkata de El Alto y Huayllani de Cochabamba, por actos preparados para la comisión de crímenes de lesa humanidad.

“La presidenta, en sus primeras declaraciones públicas, cuando apareció el primer día de su presidencia de facto, se expresó a los policías que estaban frente a ella y frente al Palacio de Gobierno, y dijo que a partir de ese momento iban a tener todas las armas y todas las balas que quieren y necesitan para el orden público, lo que de hecho era una declaración inicial de una persecución estatal política y generalizada”, aseveró.

Finalmente, Racicot mencionó que las aprehensiones ejecutadas contra Áñez y dos de sus colaboradores cercanos es “un paso muy importante” para el proceso de investigación en el caso del golpe de Estado.

Los aliados del gobierno de facto cerraron filas en defensa de Jeanine Áñez y dos exministros del régimen aprehendidos por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración; mientras que el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, reconoció que en Bolivia hubo un golpe de Estado el 2019.

Luego de las primeras aprehensiones de los exministros Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán, los políticos de extrema derecha iniciaron una campaña por las redes sociales en defensa de sus aliados que tomaron el poder de forma inconstitucional, tras la autoproclamación de Áñez como Presidenta.

El director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, reconoció que en Bolivia hubo un golpe de Estado el 2019 por antecedentes como la insubordinación de militares de las Fuerzas Armadas que sugirieron al presidente Evo Morales que renuncie a su cargo.

“El hecho de que jefe de fuerzas militares le sugiera al presidente constitucional boliviano, Evo Morales, que era hora de renunciar, en mi opinión, técnicamente es un golpe de Estado, porque hay un hecho, un acto de insubordinación de un militar”, manifestó, en una entrevista con el canal de televisión internacional CNN.

El expresidente de derecha Jorge Quiroga escribió que se criminaliza la sucesión constitucional democrática con el arresto de Jeanine Ánez, quien –en su juicio- asumió el mando hace dos años después de un fraude, renuncia y fuga del presidente Evo Morales.

“Sucesión fue reconocida por @UN, @OEA_oficial, @UNIONEUROPEA y AmerLat; y avalada por Congreso, TCP, TSJ y elecciones (sic)”, se lee en una publicación en sus redes sociales

El líder del partido Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, manifestó que por las aprehensiones “estamos en un proceso de persecución política peor que en las dictaduras”. 

“Se ejecuta contra quienes defendieron la democracia y la libertad en 2019. El Poder Judicial y la Fiscalía masistas son el martillo ejecutor. Los autores del fraude se amnistían y pretenden ser víctimas”, sostuvo.

El líder de la agrupación política Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, expresó que “la oposición democrática del país denuncia como un acto dictatorial e intolerable la intención de detener a Jeanine Añez, que está protegida por la Constitución. “Que Arce aprenda de la experiencia del jefe de su partido: la Constitución se respeta sí o sí”, acotó.

El excívico de Santa Cruz que lideró las protestas de noviembre de 2019 que derivaron en el golpe de Estado, Luis Fernando Camacho, envió una carta pública al presidente Luis Arce con la advertencia de que “la responsabilidad por lo que pueda pasar Bolivia está en sus manos, quiera o no quiera asumir públicamente su rol”.

El golpe de Estado registrado en Bolivia comenzó con hechos de violencia registrados luego de las elecciones generales de 2019, que se saldaron con 36 personas muertas, 804 heridos y centenares de detenidos, perseguidos y torturados.

El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, informó este viernes que esa instancia legislativa evaluará el reporte que envíe el Tribunal Supremo Electoral (TSE) referente a los datos oficiales de las elecciones subnacionales que se desarrollaron el pasado domingo.

“Estamos esperando en este momento los datos oficiales que pueda mostrar el Tribunal Supremo Electoral y en función a ello haremos una evaluación y, como corresponde, nosotros vamos a trabajar con las autoridades legítimamente electas y legalmente instituidas”, indicó, según un reporte de prensa.

Explicó que el pueblo boliviano no permitirá otro atentado irregular contra la democracia, ante amenazas de algunos grupos.

“La democracia tiene que imperar, ante todo, siempre la democracia y así estaremos respetándonos entre nosotros y trabajaremos en pro de nuestro país, de nuestros departamentos y de nuestros municipios”, manifestó.

El pasado 7 de marzo, los 336 municipios del Estado Plurinacional de Bolivia acudieron a las urnas para elegir alcaldes y gobernadores de los nueve departamentos del país. Sin embargo, ante la demora de resultados por parte del TSE, sucedieron quemas de ánforas en el municipio de Colpa Bélgica, como muestra de inconformidad con el proceso electoral, indica el reporte de prensa institucional.

El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani Laura, negó este viernes que los exjefes policiales y militares que actuaron en el conflicto poselectoral de 2019 sean “perseguidos políticos”.

“No estamos para perseguir políticamente a nadie, sino solamente vamos a pedir, vamos a exigir que el Órgano Judicial cumpla con su trabajo”, afirmó, citado en un boletín institucional.

La autoridad legislativa recordó que en el país no hay “persona que no pueda ser procesada”.

“Ni nosotros (los legisladores). No hay inmunidad absolutamente para nadie, la persona que comete algún delito debe encargarse el Órgano judicial para realizar su trabajo y procesarlo como corresponde”, agregó.

El pasado jueves, la Fiscalía ordenó la aprehensión del excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, por el caso denominado golpe de Estado.

Se emitió una instrucción similar para el también excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Sergio Orellana, quien salió del país a finales de 2020 con rumbo a Colombia.

También están en la lista de aprehensiones el excomandante de la Policía, Vladimir Yuri Calderón; y el excomandante de la Armada Boliviana, Almirante Flavio Arce, quien ya fue imputado por los delitos de terrorismo y sedición.

Hasta la fecha, suman cuatro exjefes policiales y militares con órdenes de aprehensión por el mismo proceso judicial.