El secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), Sacha Llorentti, sostuvo este lunes que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, no tiene autoridad moral para pronunciarse sobre el Estado Plurinacional de Bolivia.

“@Almagro_OEA2015 no tiene autoridad moral para pronunciarse sobre lo que sucede en Bolivia. Los pueblos de nuestra América saben que él es corresponsable del golpe de Estado, cómplice de las masacres y que fue soporte del gobierno de facto en Bolivia (sic)”, dijo mediante su cuenta en la red social Twitter.

Llorentti se refirió al tema luego de que la Secretaría General de la OEA difundiera este lunes un pronunciamiento sobre la aprehensión y posterior detención preventiva de la expresidenta Jeanine Áñez; del exministro de Energía, Rodrigo Guzmán; y del exministro de Justicia y Transparencia Institucional, Álvaro Coímbra, por la presunta comisión de los delitos de sedición, conspiración y terrorismo. En el comunicado, se pide la liberación de las exautoridades.

Hace dos años, la OEA publicó un informe preliminar en el que cuestionó la transparencia de las elecciones presidenciales en Bolivia. Esa situación provocó movilizaciones en diferentes sectores del país, una crisis política y la renuncia del entonces presidente Evo Morales.

El 18 de octubre de 2020, cuando Luis Arce ganó con el 55,11% de los votos válidos como candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS), se puso fin al régimen de Jeanine Áñez, un año después de que Morales, líder del Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos, denunciara el golpe de Estado.

La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) conformará esta semana una Comisión Mixta para hacer el seguimiento a los procesos judiciales instaurados en contra de exautoridades de facto, con el fin de buscar justicia para todas las personas que fueron afectadas durante las violentas represiones y persecuciones ejecutadas en el régimen de Jeanine Áñez, informó el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani.

"Queremos indicar al pueblo boliviano que en esta semana vamos a conformar otra Comisión Mixta para hacer el seguimiento correspondiente, con relación a la vulneración de los derechos de nuestras hermanas y hermanos bolivianos", adelantó.

Asimismo, aclaró que en ningún momento se puede hablar de una persecución política, ya que de lo que se trata es de buscar justicia para muchas de las familias bolivianas que perdieron a sus seres queridos en las violentas represiones ordenadas por el régimen de Áñez. 

"Vamos a estar siempre en la búsqueda de justicia para los más de 30 muertos en las represiones que han causado luto y dolor en el pueblo boliviano, los más de 800 heridos y los más de 1.000 detenidos, pues esto no puede quedar en la impunidad", mencionó Mamani.

Respecto a las ordenes de aprehensión en contra de los excomandantes de la Policía y Fuerzas Armadas, Mamani aclaró que no se trata de las instituciones sino de algunos de sus efectivos que violentaron la CPE al involucrarse en temas estrictamente políticos.

"Aquí hay responsables y estamos hablando de los comandantes de ese momento que han pedido la renuncia de nuestro hermano presidente de ese entonces Evo Morales. La CPE establece claramente que ni la Policía ni los militares son los que pueden involucrarse en temas políticos, ellos solamente tienen la función de resguardar el orden interno y externo de nuestro país", mencionó.

El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, recordó este lunes que la exsenadora Jeanine Áñez vulneró todo procedimiento legislativo establecido en la Constitución Política del Estado (CPE) y el Reglamento de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), para asumir de facto la Presidencia del Estado en noviembre de 2019.

"La señora Áñez no era presidenta de ninguna de las Cámaras, era senadora, ella solamente era la segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores. Por sucesión constitucional no le correspondía asumir el cargo de presidenta del Estado. En este sentido, se han vulnerado los pasos que debería darse de acuerdo con nuestra Constitución", subrayó.

Mamani explicó que lo que correspondía ante la falta de los presidentes de ambas cámaras legislativas, quienes bajo amenazas y agresiones fueron obligados a renunciar a sus cargos, era convocar a una sesión de ALP para proceder a la designación de una nueva autoridad, hecho que no sucedió.

"A falta de los presidentes de ese momento lo que se debería hacer inmediatamente es convocar a una sesión de la ALP, que no se hizo; entonces en este momento se la está juzgando (a Áñez) por estos delitos que ha cometido esta señora y otros que cometió junto a los miembros de su bancada de ese entonces", resaltó la autoridad legislativa.

De la misma forma, el legislador ratificó que como exsenadora Áñez no goza de privilegios y puede ser juzgada como cualquier ciudadano, ya que como autoridad electa no tiene inmunidad.

"Queremos indicar al pueblo boliviano que a la señora Áñez se la está procesando como exsenadora y todos sabemos muy bien de que las autoridades electas no gozamos de inmunidad absolutamente. Nosotros que ahora estamos en ejercicio no gozamos de inmunidad, si en algún momento cometemos un delito inmediatamente seremos juzgados como corresponde", manifestó.

"Estamos felices, la justicia tarda pero llega", afirmó este lunes la presidenta de las víctimas de El Pedregal, Frida Conde, sobre el encarcelamiento de la expresidenta de facto Jeanine Áñez y dos de sus ministros, acusados de los delitos de sedición, conspiración y terrorismo, en el marco del caso golpe de Estado.

Afirmó que la Policía, los "cascos blancos y amarillos", grupo de activistas que se organizaron para derrocar al entonces presidente Evo Morales Ayma, son los culpables de seis muertos en la zona de El Pedregal, zona sur de la ciudad de La Paz.

Frida, cuyo hermano falleció en la masacre, contó al programa El siete a las seis que se emite por Bolivia Tv. que los uniformados y los jóvenes llegaron a la zona de Los Rosales donde mataron a un joven de 18 años y prosiguieron con sus fechorías: “Los policías gasificaban las viviendas, donde había niños y ancianos, los vecinos salieron a defenderse, mi hermano salió, vivía con sus hijos hace ocho años en El Pedregal; la versión que cuentan los testigos es que le dan un disparo, y luego vienen y lo rematan”.

Conde contó que pasó una vía crucis para denunciar el caso y encontrar a las familias de las víctimas y lograr la calificación de los heridos, por lo que pidió a las autoridades de Gobierno que la masacre en la sur no quede en la impunidad.