La contextualización realizada por el periódico digital boliviano “Brújula Digital”, se encuentra alejada de la realidad y la verdad, por lo que es necesario precisar ciertos aspectos:

• La Administración de Servicios Portuarios - Bolivia (ASP-B) no incrementó tarifas, es más, las que se aplican a la fecha, fueron aprobadas mediante Resolución Ministerial N°494 de 4 de septiembre de 2005, con la participación de la Cámara Nacional de Comercio (CNC).
• El incremento al que hace referencia el periódico digital, es del servicio por el que cobra el Terminal Puerto Arica (TPA), concesionaria de la Empresa Portuaria Arica (EPA), quien de manera unilateral decidió aplicar un cobro del 100% de sus tarifas, desconociendo el Tratado de Paz y Amistad de 20 de octubre de 1904. Es preciso aclarar que con el acuerdo de 2019 se pagaba $us 40,69 y ahora se factura $us 63, incluyéndose $us 45 que implica la tarifa TSRD 436, también observada por la ASP-B a la estatal chilena EPA, haciendo un total de $us 108, encareciendo en un 146% producto de las tarifas impuestas sin sustento legal alguno.
• Es necesario precisar que la EPA, al concesionar el puerto de Arica, desde el año 2004, impone los servicios portuarios del mismo, sin dejarnos la opción de elegir al prestador de servicios que más convenga a nuestros intereses, más cuando a favor del Estado Plurinacional se reconoce y garantiza el derecho al libre tránsito comercial. Ahora, esta concesionaria está generando esta controversia sobre imposición tarifaria, a la cual la ASP-B rechazó, toda vez que no se sustenta en ninguna normativa ni acuerdo, por el contrario, sin ningún fundamento ni razón, inclusive no nos aceptaron la devolución de las facturas que materializan esta imposición y atentan contra la carga boliviana.

Por otra parte, ante la desinformación que falta a la verdad y las declaraciones subjetivas y/o políticas del gerente general de la CNC, Gustavo Jáuregui, la ASP-B establece lo siguiente:

• El Artículo VI del Tratado de Paz y Amistad de 1904 suscrito entre el Estado de Bolivia y la Republica de Chile, indica que: “La República de Chile reconoce en favor de Bolivia y a perpetuidad, el más amplio y libre derecho de tránsito comercial por su territorio y puertos del Pacífico.Ambos gobiernos acordarán, en actos especiales, la reglamentación conveniente para asegurar, sin perjuicios para sus respectivos intereses fiscales”. Bajo este precepto normativo internacional, se evidencia que la ASP-B vela que todo lo relacionado con el sistema de libre tránsito comercial sea ejecutado o desarrollado en cumplimiento del citado Tratado, y no sea entendido como un tema netamente comercial; como lo sostiene el ejecutivo de la CNC, bajo el lineamiento de la chilena EPA y en un evidente ataque político sin fundamento, generado mediante actos de desinformación mediática.
• En este contexto, se hace evidente el desconocimiento de nuestra normativa interna por parte del Gerente General de la CNC; así como, del contenido del Tratado de 1904 y convenios vigentes, por el cual se reconoce a favor del Estado Boliviano, a perpetuidad el más amplio y libre tránsito comercial por los puertos del Pacífico. Por ese reconocimiento, la ASP-B se constituye en el Agente Aduanero que precautela la soberanía de la carga boliviana en tránsito.
• Por lo tanto, las declaraciones del ejecutivo de la CNC carecen de un sustento, ello aparentemente debido a la desinformación y posturas de la estatal chilena EPA que solo vela por sus intereses, creando sin ninguna razón incertidumbre en los actores que participan de la cadena logística del comercio exterior boliviano.
• En ese entendido, la ASP-B, en su condición de Agente Aduanero oficial del Estado Plurinacional de Bolivia, cumple el rol de fiscalizar la carga boliviana, en cumplimiento del Tratado de Paz y Amistad de 1904 y demás convenios vigentes que rigen esta materia; por lo cual, no es posible supeditar el tratamiento de tarifas que guarda directa relación con el libre tránsito, a un relacionamiento netamente comercial, más cuando el citado Tratado establece que el mismo debe ser reglamentado por mutuo acuerdo y en actos especiales; lo contrario implicaría el desconocimiento y pérdida de la soberanía de la carga boliviana en tránsito y sometimiento a la normativa interna de Chile.

Finalmente, bajo un sentimiento patriótico común entre todos los bolivianos, es necesario sumarse a la ASP-B, hacer un llamado a los actores que participan y se involucran en la cadena del comercio exterior boliviano, a estar unidos para afrontar los atropellos e imposiciones de instituciones chilenas, del cual nuevamente el país es víctima.

Es fundamental exhortar a los bolivianos a no hacer declaraciones sesgadas y mentirosas, ni mucho menos ser portavoces de entidades extranjeras, que causan división, confusión e incertidumbre en el país.

Ramiro Venegas Calderón/.

El presidente Luis Arce cuestionó este martes que los gobiernos subnacionales no hayan adquirido hasta la fecha vacunas para inmunizar a la población de manera gratuita. Ante esa situación, destacó las gestiones del Gobierno nacional para garantizar las dosis necesarias a todo el país.

“No hubo un Gobierno subnacional, ni Gobernación ni municipio que compró las vacunas para distribuirlas gratuitamente a todo el país. Nosotros lo hicimos”, dijo el mandatario en un acto oficial en el municipio de San Ramón de Santa Cruz, que celebra su aniversario.

Según datos oficiales del Ministerio de Salud y Deportes, Bolivia recibió 9.000.110 vacunas para enfrentar el COVID-19. Hasta el lunes 30 de agosto, 3.230.897 personas ya fueron inmunizadas con las primeras dosis de las vacunas y 2.719.235 recibieron las segundas dosis.

“También, hermanas y hermanos, distribuimos las pruebas antigenonasales a todo el país, de aplicación gratuita, que en el Gobierno de facto cobraban. Nosotros queremos la salud para el pueblo boliviano”, aseveró.

Destacó el resultado de la campaña de inmunización en San Ramón, donde el porcentaje de vacunación es del 70%. Dijo que el Gobierno nacional se encargará de equipar el hospital de primer nivel que tiene el municipio.

Bolivia comenzó el 29 de enero de 2021 la campaña de inmunización masiva, un día después de recibir el primer lote de 20.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V.

Las tareas de vacunación gratuita no se interrumpieron hasta la fecha. Además, el Estado adquirió los inmunizantes Sinopharm, Pfizer y AstraZeneca y Johnson & Johnson.

La actual administración estatal es positiva para el comercio exterior, lo contrario de lo sucedido en la gestión Áñez, cuando el tema fue manipulado para conveniencia de grupos empresariales, que se hicieron del Gobierno como mono con Rosario, oculto detrás de Cristo y de una Biblia, con la idea de apropiarse de los recursos del Estado.

Estos individuos agradecieron a la pandemia, que les fue propicia para sacar ventaja y liberarse de sus obligaciones con empleados, a los cuales despidieron y recontrataron con la mitad de salario. Cesaron a la gente con la excusa de la pandemia y con el favoritismo del ministro Wilfredo Rojo, que de rojo lleva la sangre de los empleados despedidos y del hambre de sus familias. Este personaje liberó las exportaciones para favorecer a los exportadores de materias primas tradicionales. Solo quería la reprimarización de nuestra economía.

El 2020 se destacaron las ventas de torta de soya con más de $us 492 millones; aceite crudo de soya (200 millones), joyería (131 millones), nueces de Brasil sin cáscara (126 millones), quinua (92 millones); carne bovina (70 millones); así como alcohol, maderas, azúcar, bananas, leche, frejol, cueros, palmitos, café y cacao. La balanza comercial agropecuaria resultó con superávit de casi 700 millones, puesto que el sector no paró, pese a la pandemia. El departamento que más exportó en 2020 fue Santa Cruz, con $us 2.040 millones, con un aporte del 30% al total, destacando sus ventas de gas natural y del complejo oleoproteíco de la soya y derivados. Luego estuvo Potosí, con $us 1.491 millones (zinc, plata y plomo), y La Paz con $us 1.220 millones (minerales, café).

La pregunta es ¿cómo los agroexportadores y las empresas mineras pudieron saltar las leyes de la cuarentena rígida para seguir proveyendo con materias primas al exterior, mientras sus empleados se enfermaban y morían en sus fuentes laborales? Y ¿dónde estaba el control del Estado para estos sectores, que al no parar se provecharon de la coyuntura, despidiendo y bajando salarios? Los empleados accedieron y la crisis solo afectó, como siempre, a quienes dependen de sus fuentes laborales para sobrevivir.

La nueva gestión de Gobierno, comandada por Luis Arce, no vino a perseguir, solo a aplicar justicia y pedir explicaciones, por ejemplo, al exministro Rojo y al expresidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Guillermo Aponte, por la erogación excesiva de dinero al Gobierno de facto. Hubo una actuación encubridora para los exministros José Luis Parada, Óscar Ortiz y Branko Marinkovich. Este último se “indemnizó” con $us 300 millones para el sector agrícola cruceño. De este dinero no se sabe suerte ni destino. Esos millones de billetes fueron secuestrados y tomados como rehenes. Aún hay cartelitos con la cara de Benjamín Franklin para encontrar ese extraordinario “préstamo”, pero no se ve a los medios de comunicación investigando ese secuestro. Ese personaje también logró beneficiarse con tierras y apropiarse de la Laguna Corazón.

Pasando la página del espantoso manejo económico en la dictadura encubierta por la fe, el Estado se propuso trabajar por la reactivación económica. Hasta agosto de 2021, el saldo comercial registró superávit acumulado de $us 1.360 millones, mucho mayor que el registrado en similar periodo de 2020, cuando mostró superávit de $us 0,02 millones. Esto resalta la recuperación de la balanza comercial con relación a los últimos seis años. 

En el primer semestre de 2021, Bolivia registró el superávit comercial de $us 832 millones, debido al importante crecimiento de las exportaciones en 54%. A su vez, las importaciones registraron crecimiento del 29%, comparado con igual periodo de la gestión pasada.

Las exportaciones totales a agosto de 2021 mostraron incremento del 65%, habiendo alcanzado a $us 7.034 millones, cifra superior en $us 2.764 millones a la registrada en el mismo periodo de 2020, cuando alcanzó a $us 4.270 millones. Asimismo, las importaciones presentaron hasta agosto el incremento del 33%, alcanzando a $us 5.674 millones; $us 1.404 millones, más que la cifra registrada en igual periodo de 2020.

En el análisis por grandes categorías, de los datos de agosto de 2021 destaca, respecto a julio, el incremento del superávit comercial en combustibles y lubricantes, debido a la disminución de las importaciones de diésel. El saldo comercial con India registró incremento en el superávit de agosto con relación al mes anterior, llegando a $us 855,1 millones por las exportaciones de oro. De similar manera se presentó un superávit con Japón, alcanzando a $us 480,8 millones, debido a las exportaciones de zinc y plata, mientras que con Colombia se alcanzó un superávit de $us 408,0 millones, debido a las exportaciones de torta y aceite de soya.

Estos datos demuestran que, si se cuidan los recursos naturales, se tienen ganancias para el país y no solo para trasnacionales que desean explotar y dejar el menor saldo en el país. La reglamentación para las exportaciones es necesaria como control, pero también protege la economía del trabajador y de la tierra, la cual en algunas regiones del país está sobreexplotada por el afán de lucro y la mala conciencia. Todo sostenido por la biotecnología de una industria de manipulación y apropiación de la tierra.

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima Magne, se refirió este lunes al comunicado de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) que recuerda la vigencia de la libertad de expresión, de prensa y de opinión, como derechos constitucionales y exhortó “a los periodistas y medios de información a ejercer estas libertades con responsabilidad”.

La ANP pide además ejercer el periodismo “en busca de la verdad y en estricta aplicación de normas de ética, para cumplir el artículo 107 de la Constitución Política del Estado”.

El parágrafo II de ese artículo de la norma suprema establece textualmente:     

- “La información y las opiniones emitidas a través de los medios de comunicación social deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad. Estos principios se ejercerán mediante las normas de ética y de autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su ley”.

 “Tomamos las palabras de la ANP; Página Siete, El Deber y Los Tiempos tienen que hacer un ejercicio independiente con todas las garantías de libertad de expresión, pero también de manera responsable”, dijo, citado en reporte del Ministerio de Justicia.

Lima lamentó que recientemente se tergiversaron y sesgaron sus declaraciones en relación al proceso de reforma judicial.

Recordó que el miércoles 25, durante una conferencia de prensa en la Cancillería, uno de los periodistas hizo una pregunta acerca del plazo para concluir el proceso de reforma judicial.

El titular de esta cartera de Estado, respondió que la transformación de la administración de justicia es un proceso que recibe la máxima prioridad del Gobierno nacional y compromete la participación del Estado y la sociedad en su conjunto.

El ministro declaró: "Necesitamos una justicia independiente. No vamos a cesar en el esfuerzo para que este objetivo se logre. El compromiso del presidente Luis Arce es que la justicia sea independiente y vamos a seguir las recomendaciones del GIEI".

Agregó que "no hay una fecha para que la justicia sea independiente” y “no podemos decir que a partir del 10 de octubre la justicia va a ser independiente o que en diciembre va a ser independiente” porque “esto es una construcción colectiva, es un esfuerzo que tenemos que hacer todos los bolivianos".

"La justicia independiente no es un privilegio de los jueces, es una garantía de los ciudadanos. Es algo que venimos construyendo desde el Ministerio de Justicia todos los días".

Esa respuesta fue descontextualizada y sesgada hasta promover reacciones políticas de la oposición y exministros del gobierno de facto involucrados en la investigación de masacres, ejecuciones extrajudiciales, violaciones de derechos humanos y hechos de corrupción. 

La reforma judicial “no se puede comparar con la compra de un producto o de una auditoría a las que se les puede fijar una fecha exacta”, dijo Lima.

Indicó que es importante que el relator de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visite el país, constate y evalúe ese abuso de la libertad de expresión de medios que se han constituido en “un actor político claramente”.

“Al revisar las editoriales de esos medios y sus portadas, es evidente la amplificación que dan a la señora Áñez y la invisibilización a la situación de las víctimas (de las masacres) y sus familias, a ellos no se les da cobertura, se los revictimiza y además se los ataca. Son esas las disparidades que se evidencian sin el menor pudor, descaradamente”, dijo la autoridad.

“Ya hay un discurso de odio, obviamente, y creo que tenemos que empezar a reflexionar”, concluyó.