Los últimos catorce años, Bolivia ha encarado el futuro con una mirada mucho más optimista que una buena parte de su historia inmediata. El cambio de enfoque desde el Estado, el cambio de visión de las políticas públicas, la decisión de accionar de manera directa donde antes simplemente se generaban “lineamientos” y “sugerencias” para que el mercado se hiciera cargo de lo demás, y fundamentalmente, la participación activa de una buena parte de la población (especialmente de aquellos grupos históricamente relegados de la definición del futuro político y de desarrollo de nuestro país) han hecho de estos últimos lustros un escenario en el que las y los bolivianos podían mirar un poco más allá del día siguiente.

La ruptura institucional y el cambio abrupto de gobierno en 2019, además de todo lo que ha dejado de enseñanzas (muchas traumáticas) la pandemia mundial, han hecho que nuestro país (que ya tenía como una de sus características principales, la tendencia permanente al cambio) se demuestre muy cambiante y, por tanto, exige de sus gobernantes la capacidad de adaptar su accionar, no solamente a la coyuntura (con sus subidas y bajadas) sino que además proponga y accione el proyecto de futuro en función a la realidad actual.

Este tiempo, en el que hemos tenido que recoger los restos que ha dejado una administración del Estado bastante deficiente, ha planteado como propuesta la posibilidad de recuperar lo avanzado hasta el 2019, pero también de hacer una evaluación concienzuda de lo que no ha tenido los resultados que se habían planteado en un principio y, sobre ello, establecer una visión de futuro basada en los lineamientos de nuestro proyecto de desarrollo nacional.

Esta tarea requiere, como conversábamos con algunos amigos, dos grandes cualidades de parte de nuestros gobernantes: imaginación y audacia.

Las condiciones en las que se encontraba el Estado en noviembre del año pasado, ha requerido (y requerirá un poco más todavía) muchísima imaginación de parte de las autoridades actuales (no solamente del nivel nacional, sino también de los gobiernos locales). La pandemia y las malas decisiones han dejado huérfanas varias acciones que en este tiempo son fundamentales para enfrentar el futuro, especialmente tomando en cuenta la evidencia que se presenta frente a nuestros ojos: la presencia de lo público debe ser fortalecida, previendo fundamentalmente que los Estados deban enfrentar en el futuro inmediato circunstancias como las que hemos tenido que enfrentar en este tiempo de COVID-19. Para ello, las condiciones de los servicios de salud, de educación y empleo, requieren un posicionamiento mucho más contundente, además de mayor presencia e inversión de parte del aparato público.

Hoy, luego de haber comenzado un proceso de recuperación, principalmente gracias a la decisión política de la mayoría de la población, de entregarle las riendas del Estado al proyecto político que nos había dado la posibilidad de tener una mirada un poco más amplia del futuro, es vital que nuestros gestores públicos demuestren la audacia suficiente como para identificar y evaluar las acciones innovadoras que se requieren implementar en los siguientes años. Esto supone, por supuesto, una evaluación de lo hecho anteriormente, pero también la implementación de políticas novedosas que se acerquen mejor y más contundentemente a la población, especialmente a aquellos grupos poblacionales más vulnerables: personas con discapacidad, adultos mayores, madres solas y jóvenes.

Esto supone un desafío importante: pensar seriamente en el cambio del modelo de diseño del aparato público. El mundo actual (y por tanto nuestro país) requiere que el Estado enfrente las dificultades de manera integral, mucho más cercana a la población y, principalmente, pensando en respuestas innovadoras para el futuro. Ello implica, indefectiblemente, la incorporación de la tecnología y el cuidado del medio ambiente como lineamientos transversales a todo el accionar del Estado.

Si alguna enseñanza ha dejado esta etapa en nuestras memorias, es precisamente la urgente necesidad de reforzar nuestros sistemas de sanidad, de educación y de gestión de la economía para las familias más vulnerables, especialmente en las áreas urbanas en las que, a pesar de la cercanía de estos servicios, producto de la densidad poblacional (o justamente por este modelo de aglomeración) no han podido responder con eficiencia y equidad. A pesar de los esfuerzos de las y los profesionales dedicados a estos sectores y de la decisión política del nuevo gobierno, está claro que el país necesita profundizar un modelo en el que el Estado sea el principal actor, pues es el único que podrá acercar estos servicios de manera equitativa, a la población que más los necesita.

Si logramos que salud, educación y empleo se consoliden de manera equitativa, especialmente para aquellos grupos vulnerables, y definimos políticas integrales para ellos, planteando salidas ligadas a las tecnologías y a la sostenibilidad ambiental del planeta, habremos demostrado realmente que estamos pensando seriamente en el futuro. 

Javier Reynaldo Delgadillo Andrade

La XI Marcha Indígena sin pliego petitorio articulada por la Gobernación de Luis Fernando Camacho, la amplia magnificación mediática del caso Áñez y la distorsión de los derechos humanos desde la defensa a los grupos armados irregulares que sembraron el terror el 2019; son algunas de las nuevas “banderas de lucha” mediante las cuales la oposición política al Movimiento Al Socialismo intenta rearticularse desde un aparente campo democrático. Otras señales políticas como el caso Barrientos, de público conocimiento, evidencian que la fuerza opositora más importante del país, autoproclamada democrática y ciudadana, no deja de ser autoritaria al interior de su engranaje; el resultado, Barrientos dejó de ser la Jefa de Bancada de Comunidad Ciudadana en el Senado.  

Las fuerzas anti-MAS son especialistas en instrumentalizar cualquier reivindicación real o ficticia en su beneficio, de lo contrario fabricarán el conflicto; tal como lo están haciendo desde el polo regional más fuerte en su construcción discursiva anti-masista, Santa Cruz de la Sierra. De golpear campesinos y mujeres de pollera el 2008, de ser la punta de lanza para los acontecimientos del Golpe Cívico Prefectural de la misma época, del paro de los 21 días con amedrentamientos violentos vía la Unión Juvenil Cruceñista en barrios populares de la ciudad y provincias del departamento oriental, de la quema de instituciones públicas, del tribunal electoral, de vandalizar las casas de campaña del MAS, de sembrar el terror con su violencia fascista, de generar la dicotomía collas vs cambas; pasaron a patrocinar la XI Marcha Indígena. Presentan el conflicto como democrático mientras preparan el camino para su transformación violenta, posterior construcción discursiva y nueva cohesión departamental justificada artificialmente contra el Gobierno central. 

La magnificación mediática del caso Áñez se articula en toda una estrategia de los medios hegemónicos de comunicación para reeditar la denominada “revolución pitita”; nacida y gestionada desde el ámbito comunicacional más que del ámbito político. Los mismos medios que avalaron y naturalizaron la violencia previa a la autoproclamación de la exmandataria de facto, son los mismos que blindaron todo su accionar criminal durante los 11 meses de desgobierno. Y los mismos medios que hoy se aglutinan en una consigna frontal: “Todo contra el MAS”. El respaldo internacional de los mismos actores que gestaron el golpe de Estado, OEA y eurodiputados de extrema derecha, estarán a la orden del día iniciando con la postulación de Áñez al premio Andrei Sájarov, en la misma lógica de desempolvar el pitismo y cohesionar el anti-masismo.

La distorsión de la lógica de protección de los derechos humanos por parte de algunas instituciones como la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Amparo Carvajal toca fondo con su calificación de un grupo armado irregular, Resistencia Juvenil Cochala, como “resistencia necesaria”. Su silencio cómplice sobre las masacres de Sacaba y Senkata llegó al punto de incluso, antes del Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes - GIEI, negar la verdad fáctica de esos acontecimientos; adoptando las hipótesis del gobierno de Áñez de: “Se mataron entre ellos” o “querían hacer volar la planta de gas”. Estas instancias defensoras de los opresores y negacionistas de la violación de los derechos humanos fundamentales durante el régimen de Áñez se articulan como un partido político opositor mas.

Todas estas manifestaciones encuentran su coincidencia en la forma totalitaria de hacer política, en un solo bloque anti-masista que no puede ni debe tener discrepancias, peor aún afinidad con la gestión del MAS. Este mantra que rige su pensamiento unidireccional y antidemocrático se ejemplifica con el caso Andrea Barrientos. Pero lo verdaderamente preocupante es que su receta nunca fue la vía democrática, más al contrario, añoran las formas violentas de confrontación con el nivel central de gobierno. Receta mediante la cual Áñez llegó al poder, dejando de lado la democracia y adoptando la violencia fascista.    

Gabriel Villalba Pérez/.

El representante de la Asociación de Víctimas, Fallecidos, Heridos, Procesados y Perseguidos en la Defensa de la Democracia de Huayllani (Sacaba), Ismael Marquina, sostuvo este jueves que desconocen el liderazgo de Amparo Carvajal como representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en Bolivia (APDHB).

“Desconocemos plenamente a la señora (Amparo) Carvajal, como representante de los derechos humanos acá en Bolivia. Sabemos muy bien, en las oficinas de la Asamblea, fue donde inició el Conade (Comité Nacional de Defensa de la Democracia) y Comcipo (Comité Cívico Potosinista). Asimismo, lamentamos esa actitud, que se esté prestando a esos conflictos, usted tiene que velar que los derechos humanos no sean vulnerados, y no su beneficio personal”, indicó Marquina a la prensa.

Informó que mañana realizarán una marcha multitudinaria “pacífica” a las 10.00, que comenzará en la Cervecería Boliviana Nacional (CBN) exigiendo justicia por las masacres de 2019, para que aceleren los procesos y puedan sancionar a los responsables de las muertes que causaron dolor en muchas familias bolivianas.

Asimismo, indicó que esta marcha también servirá para exigir que Carvajal deje de “aferrarse” al cargo como presidenta de la APDHB. Instaron a que Carvajal deje de parcializarse porque se evidenció la vulneración de los derechos humanos de muchas personas que fallecieron, quedaron heridas y fueron presos políticos, por tanto, desconocen su liderazgo. 

“También se hará esta marcha pacífica exigiendo que cesen las funciones de la señora Carvajal, es increíble que la señora se preste a los juegos (…). No se aferre al cargo, usted ha dejado de ser representante el 2018”, expresó.

El representante cochabambino indicó que se acudirá a las instancias necesarias para que se hagan una selección trasparentes en la APDHB, con gente “idónea”, que no se parcialice con ningún sector y solo vele por los derechos humanos de los bolivianos.

Marquina lamentó que ningún representante de la iglesia católica ni activista se haya pronunciado en defensa de los derechos humanos de las “verdaderas” víctimas del gobierno de facto de Jeanine Áñez, como ahora la defienden varias personalidades e instituciones.

“Jeanine Áñez no ha perdido ningún familiar, no se están vulnerando sus derechos”, aseveró

Con la promulgación de la Ley Nº 1391 del 31 de agosto de 2021 se da luz verde a la importación de bienes de capital con exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y tasa cero del IVA para la comercialización de esos bienes en el mercado interno, informó este miércoles el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

"La presente norma tiene por objeto establecer incentivos tributarios a la importación y comercialización de bienes de capital, plantas industriales y vehículos de carga de alta capacidad en volumen y tonelaje destinados a los sectores agropecuario e industrial; y maquinaria pesada, para el sector de la construcción y minería, para la reactivación económica y fomento de la política de sustitución de importaciones", indica una nota institucional. 

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, explicó que la norma no solo beneficia a los grandes empresarios, sino fundamentalmente a los pequeños productores que ahora podrán comprar o importar maquinaria especializada para aumentar y tecnificar su producción, libre del pago del IVA. 

“Esta norma beneficia no solamente a las grandes industrias, también beneficia a los pequeños productores que siempre han tenido la imposibilidad de tener su cosechadora o una máquina textil más productiva”, subrayó.

La norma reduce a 0% la alícuota del IVA para importación de bienes de capital, plantas industriales, maquinaria y equipo destinados a la agropecuaria, industria, construcción y minería, estableciendo el régimen de Tasa Cero para la comercialización de bienes de capital, maquinaria y equipo en el mercado interno.

Para acceder al beneficio, los bienes de capital importados o comercializados en el mercado interno por el sector privado no deberán exceder los 10 años de antigüedad. Las entidades públicas también podrán beneficiarse de esos incentivos tributarios siempre y cuando los bienes de capital, maquinaria y equipo sean nuevos.