La primera semana de septiembre —y en el caso de las más previsoras, las últimas semanas de agosto—, las instituciones públicas en todo el país vuelcan esfuerzos en poder elaborar la programación operativa anual para el siguiente año. Este proceso trata de cuantificar, proyectar, programar y sobre todo costear las actividades que serán realizadas por estos aparatos en aras de poder materializar un mandato social y político, canalizando esfuerzos en la búsqueda de mejorar los niveles de satisfacción de los clientes, beneficiarios y/o usuarios.

En lo estrictamente teórico, aparecen conceptos útiles en esta construcción de planificación de corto, mediano y largo plazo, como el triángulo de Moore, que establece la necesidad de construir valor público a través de herramientas y orientaciones para la gestión política, programática y organizacional de las administraciones públicas. Por otro lado, existen conceptos más amplios como la Nueva Gerencia Pública, que pone a los servidores públicos como gestores de un servicio prestado y que debe ser entregado a las personas, quienes esperan que éste pueda cumplir con parámetros de cantidad, calidad y oportunidad.

El día a día de los aparatos públicos y la vehemente reactividad que los envuelve los ha convertido en sagaces leones listos para devorar la presa o veloces gacelas preparadas para huir de la responsabilidad, esto dicho de una manera coloquial, ya que en muchos casos el ejercicio que debería extremar esfuerzos para que la siguiente gestión contenga parámetros que optimicen los recursos se convierte para muchos en una copia del año pasado con pocas variaciones y haciendo que lo último que se busque sea la innovación en la prestación de los servicios institucionales.

Para Bolivia, la Ley 777 establece el Sistema Nacional de Planificación, la conceptualización de tipologías de planes según el territorio al cual va a ser aplicado, la necesidad de la sectorialidad y acciones multisectoriales desde una perspectiva integral, esto a su vez ha dejado buenas bases para la parte estratégica y de generación de políticas públicas; sin embargo, aún en lo operativo y lo presupuestal se pueden construir más instrumentos metodológicos que ayuden a las diferentes unidades de planificación a reconstruir planificación cada año, volviendo a este proceso una oportunidad de mejorar procesos y procedimientos de orden administrativo como sustantivo.

Por otro lado, la implementación de plataformas informáticas en muchas instituciones les ha dado una ventaja comparativa respecto a las otras, ya que esto simplifica el proceso tedioso de agregación y consolidación, dando espacio al análisis y la reflexión sobre la importancia de las acciones operativas y su transcendencia en lo político, la mirada al usuario de los servicios prestados y los niveles de satisfacción que se genera; en definitiva, una catarsis anual que sacuda la comodidad y conformismo, permitiendo a ejecutivos recalibrar decisiones y plantear nuevos desafíos.

Las estructuras públicas materializan las decisiones de un gobierno tomando en cuenta todo el entramado de normativas vigentes, que desde ya para muchos resultan laberintos sin salida, consiguen que estas instructivas sean una realidad, ahí el concepto del servidor público técnico deja de ser una categoría distinta a la de político, es decir, separar lo político de lo técnico se hace una falacia en administración pública, son definitivamente complementarios y deben convertirse en un ciclo de retroalimentación constante, cuasi sinergia, que debe empalmar decisiones y análisis político con operativa, presupuesto y normativa.

Lo planteado en las líneas precedentes resulta ser una propuesta que muchos equipos de planificación dentro del Estado ya vienen ejecutando, con resultados muy interesantes, convirtiéndose en verdaderos ejemplos de gestión por y para resultados, y consolidando un modelo listo para imprevistos, pero también con líneas de trabajo que son evaluadas constantemente a través de la construcción de indicadores medibles y con data que verifica su avance o desviación. Estos mecanismos institucionales han sido elaborados en base a la materialización de la experiencia de sus miembros, lejos de algunos que desde afuera opinan y recurren hasta a la creación de conceptos como rebotes estadísticos o nueva nomenclatura en contabilidad nacional.

A las puertas de otro intento por desestabilizar al país con golpes a la reactivación del aparato económico, que proyecta 5,2% de crecimiento, se experimenta un superávit comercial de 638 millones de dólares y el restablecimiento de la estabilidad laboral. Pero, mejor identifiquemos a los sectores que pretenden parar el país. Lo raro es que algunos se encontraban en diferente acera que los otros y ahora se parten el pan de la ilegalidad.

Uno de estos son los gremialistas y la mayoría de ellos desconoce la palabra “impuestos”. Otro sector son los empresarios, quienes vivieron un año de pandemia en el que solo les fue mal a sus empleados. Las exportaciones e importaciones siguieron con precios altos, en especial de materias primas como granos, minerales o madera. Otros productos continuaron en circulación en las calles, mercados y supermercados, por ende, las ganancias fueron las mismas o, tal vez, superiores, porque la cuarentena arrancó a las familias hasta el último ahorro para aguantar el encierro. Asimismo, los médicos fueron y son un sector muy beneficiado por la coyuntura de salud, al igual que los transportistas monopolizadores de carga que, amparados en sindicatos como dueños de flotas de camiones, están acostumbrados al contrabando y a la especulación.

Creo que estos sectores pretenden cubrirse las espaldas, mejor dicho, se ayudan al pedir que la Ley 1386 (Ley de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo) se anule antes de que destruya el “sueño dorado” de seguir ganando dinero con movimientos económicos ilegales y antipaís.

Como ejemplo, existen los comerciantes que tienen actividades en lugares populares como el “Mercado negro”, la Uyustus y otros en La Paz; La Cancha en Cochabamba y la plaza Isabel la Católica, Barrio Lindo y La Ramada en Santa cruz. Así podemos especificar lugares en Oruro, que es a donde llega mercancía a costo muy bajo, el lugar preferido para adquirir todo tipo de productos contrabandeados y sin factura.

Entonces, se debe comprender por qué estos comerciantes están alarmados con una ley que desnudará la verdad de cuánto dinero realmente manejan. Como dato, la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), entre enero y octubre de este año, recaudó 10.701.566.364 bolivianos, casi 1.500 millones de dólares, y decomisó 504 millones de bolivianos en mercancía de contrabando en 6.077 operativos en todo el territorio nacional. Ahora, la pregunta es: ¿qué sector puede darse el lujo de perder tanto dinero en decomisos y generar tanta recaudación, aparte del narcotráfico?

La respuesta es muy sencilla: el sector gremial, este que protesta contra la ley. Este que se siente amenazado debido a sus malhabidas fortunas, fruto de evasiones e irresponsabilidades. Este que puede perder un millón de dólares en contrabando, mientras tiene otro millón moviendo mercadería ilegal en otra región del país.

Para ejemplificar mejor y comprender por qué hay sectores en pie de huelga, también tenemos al gremio de salud, que el 2020 amasó fortunas al traficar con la salud del pueblo, al cobrar cifras absurdas por la internación de pacientes con COVID, al exigir el pago de 10.000 bolivianos por la entrada a sus clínicas y otros 10.000 bolivianos por 48 horas de atención. El traslado de un posible paciente con coronavirus en la ambulancia de una clínica particular llegaba hasta 1.700 bolivianos, aproximadamente. Ellos deben entrar en paro, porque con una auditoria mínima se evidenciaría el dinero ilegal que recaudaron como mercaderes de la salud.

La Ley 1386 no está en contra de un comerciante que, por ejemplo, tiene un local que vende electrodomésticos y su capital no supera el millón de dólares. A menos que lave dinero o sea un contrabandista. Tampoco persigue a una clínica que apoya a la sociedad y cobra precios adecuados, que no rayan en el abuso. La ley no va en contra de quienes obtuvieron su dinero de forma legal. Va en contra de quienes, aprovechando la pandemia, se hicieron millonarios en tres meses, de quienes contrabandean y son enemigos de la industria nacional.

Hay malos empresarios que redujeron los sueldos de sus empleados a la mitad y siguieron ganando igual –o mejor– con productos exportados o importados. Muchos son evasores de impuestos y tienen fortunas en paraísos fiscales. En conclusión, el paro está a favor de los estafadores del pueblo.

Martín Moreira/.

El hombre, ente inteligente por naturaleza.Ávido para crear obras e irónicamente el principal causante para su destrucción. Básicamente las guerras y sus nefastas consecuencias, hicieron posible entre otras cosas la creación de instituciones mundiales y nacionales que resguarden y conserven el patrimonio humano y natural.

Estas condiciones adversas para la humanidad, valga la redundancia, permitieron la creación de Unesco, institución que, a través de los representantes de países de todos los continentes, aprobó en 1972 la "Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural y Natural".

Previamente ya se daba esta protección al patrimonio; pero no tardó en que la Convención convirtió a la Salvaguardia del Patrimonio en una política cultural mundial, a la que Bolivia se adscribió. En cuanto a la cultura, y concretamente al folklore; Bolivia fue el principal país en reclamar en la Convención de 1972 para que este tipo de manifestación sea contemplada por la organización mundial.

Este planteamiento logró el apoyo casi unánime porque las manifestaciones de todas las culturas vivas también fueron consideradas patrimonio, cuyo efecto fue la aprobación de la "Convención de protección del patrimonio inmaterial".

Bolivia cuenta con un impresionante patrimonio cultural de los periodos prehispánico, colonial, republicano y ahora arquitectura del Estado Plurinacional; en el que convergen muchas culturas con la inclusión de las 36 nacionalidades en la manifestación arquitectónica y artística.

Estas culturas en su contexto construyen infraestructuras, templos, palacios, caminos y centros administrativos; asimismo, como la producción de cerámicas, esculturas, tejidos y líticos, otras obras y productos considerados dignos de conservación y valor. Es decir, todo lo cual hoy es considerado patrimonio de nuestro Estado. Haciendo que instituciones tanto privadas como públicas hagan carne propia y trabajen coordinadamente para llevar adelante este tipo de proyectos.

El Art. 100. Inc) II de la Constitución Política del Estado establece textualmente: “El Estado garantizará el registro, protección, restauración, recuperación, revitalización, enriquecimiento, promoción y difusión de su patrimonio cultural, de acuerdo con la ley”.

En esta medida, el gobierno del presidente Luis Arce, el Ministerio de Culturas, el Centro Plurinacional de Preservación de Patrimonio Cultural Boliviano (CPPP-CB) y la Agencia Italiana de Cooperación acordaron dar continuidad al proyecto de construcción del Centro de Conservación y Preservación del Patrimonio Cultural Inmaterial y Material Boliviano. Este novel organismo tiene como fundamental tarea el consolidar la primera institución en el país que se encargue de la preservación, conservación y difusión de la riqueza patrimonial arqueológica, colonial, republicana y contemporánea de Bolivia.

Este ambicioso, pero necesario proyecto se situará en la Casa Agramonte, ubicada en la plaza Murillo de la sede de gobierno, siendo que este patrimonio, la Casa Agramonte, cuenta con una historia fascinante.

Breve historia sobre la Casa Agramonte

La Casa Agramonte, ubicada en Plaza Murillo y calle Junín, frente a Cancillería, tuvo una propietaria. Rosa Agramont Moraleda Vda. de Cusicanqui fue su legitima propietaria, quien nació en la ciudad de La Paz el 20 de junio de 1912, siendo hija única de Ricardo Agramont Mendoza, y María Luisa Moraleda.

Ricardo Agramont fue heredero de una gran fortuna en inmuebles y fincas, e inclusive de pueblos enteros en el altiplano. Rosa Agramont se casó a temprana edad con el abogado Jorge Cusicanqui Larrea, hasta 1944, año en que su matrimonio entra en crisis, por lo cual la señora Agramont se va a vivir a París.

La señora Agramont, deja a su marido como administrador de su patrimonio, es decir: cobrar alquileres, pagar impuestos; empero, sin autorización de vender o disponer sus bienes, debiendo el señor Jorge Cusicanqui rendir cuenta de sus actuaciones y depositar el dinero obtenido de los bienes a su esposa.

Con el advenimiento de la Reforma Agraria el 2 de agosto de 1953, parte de la propiedad de la señora Rosa Agramont, que correspondía a los latifundios en altiplano, se ve perjudicado. Con este acontecimiento cesa el flujo de remesas que enviaba el señor Jorge Cusicanqui Larrea a la señora Rosa Agramont para poder vivir en Francia.

Por este motivo regresa de París, para asumir propiedad de sus bienes, y administrarlos, con la asistencia de la doctora Rosa Lema Dolz de Lluch para la administración de su propiedad.

Decide tramitar la separación de su esposo Jorge Cusicanqui, pero este muere el 28 de agosto de 1968 antes de producirse su desvinculación. Al año siguiente, el 21 de mayo, fallece la señora Rosa Agramont, a la edad de 57 años, a causa de su débil estado de salud desatendiendo las instrucciones médicas de Francia.

Por no tener hijos en su matrimonio, Rosa Agramont deja un testamento a su chofer, el Señor Louis Alexander Dufraisse, como heredero universal. Este súbdito francés se propuso culminar la gestión administrativa de pago de impuestos sucesorios, pero este trámite se frustra porque deviene el golpe de Estado de 26 de septiembre de 1969 del General Alfredo Ovando Candia.

Dicho gobierno dicta el Decreto Ley N° 08987 del 7 de noviembre de 1969, disponiendo que el Estado boliviano es propietario del total de los bienes inmuebles, valores, cuentas bancarias, fundos rústicos, tanto de Bolivia y del exterior, y decide fundar la Fundación "Rosa Agramont vda. de Cusicanqui"; designando dos depositarios que, a nombre del Estado, procederán a la inventariación, administración, avalúo y adopción de las medidas pertinentes para la liquidación de los bienes de acuerdo a lo que disponga el Consejo Permanente de la Fundación.

Es precisamente esta Casa Agramont, ubicada en plaza Murillo y calle Junín, frente a Cancillería, la que actualmente administra el Estado a través de la Cartera del Viceministerio de Culturas.

Centro Plurinacional de Preservación del Patrimonio Cultural Boliviano

Felizmente en nuestro Estado Plurinacional la población tomó conciencia sobre la importancia de proteger y conservar el patrimonio en todas sus formas, y el Gobierno aprendió a valorar de manera intensa la restauración de obras arquitectónicas en varios edificios coloniales y republicanos como una auténtica disciplina que colabora con la vigencia de la memoria colectiva.

Como se menciona líneas arriba, la “Casa Agramonte”, que data del año 1930, de plaza Murillo de La Paz, será restaurada gracias a la contribución de la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo y funcionará como un nuevo espacio cultural, como una academia de formación de estudios superiores en restauración.

Se contará también con cinco especialidades: humanística, científica, conservación de distintos materiales, gestión y manejo del patrimonio cultural y preservación del patrimonio cultural inmaterial; siempre con la perspectiva de la creación de una carrera. Además, están involucradas seis carreras de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA): Medicina, Ciencias Puras, Arquitectura y Artes.

Sobre su restauración

En lo que respecta a este bien patrimonial, la casa de Rosa Agramont, obra de arquitectura del siglo XVIII, y su intervención para su restauración, se debe abordar con rigurosidad científica los problemas tecnológicos que se presenten, creando esquemas de trabajo que deben contemplar tanto el estudio de los materiales componentes dentro de los procesos involucrados y conformar un equipo multidisciplinario.

En este sentido, para comenzar la restauración urgente es imprescindible la evaluación de los daños que provocaron los derrumbes en las paredes y parte del techo interno de la casa, tipos de dosificación de revoques, pintura, fierro para la barandas, material para el cielo raso, piedras y ladrillos, que entre otras cosas la catalogación es necesaria por el desgaste del material y la vejez del mismo, además del descuido en el mantenimiento de las instalaciones que durante años prestaron servicio al público.

Vale la pena restaurar y conservar este tipo de edificios, que son la memoria, la historia no solo de los paceños, sino de todos los bolivianos. Esta relación con el patrimonio, es concebida como un hecho cultural que estáíntimamente ligado a la educación y no perder la memoria, la identidad, menos las tradiciones; por el contrario, conservarlas para las generaciones futuras de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia.

Lindaura Rasguido/.

El desempeño del sistema financiero tiene políticas muy claras de mantener su crecimiento de manera constante y esto se refleja por la confianza de la población en las políticas financieras y la estabilidad del país, en los eventos sucedidos a finales del 2019 y luego la pandemia.

La gestión de riegos en un difícil contexto dominado por la emergencia sanitaria, lo que ha representado un choque económico y financiero global sin precedentes que ha requerido medidas extraordinarias para hacer frente a esta situación.

Uno de los principales problemas era la liquidez, el cual se fue mitigando con medidas de inyección de capital por parte del Banco Central de Bolivia (BCB), los bonos, el aumento a las rentas, se restableció la inversión pública, un incremento del 6% de créditos de vivienda y un 7% en los créditos productivos, un crecimiento en el refinanciamiento y reprogramación de créditos y los ahorros en el sistema financiero, que registraron un incremento del 5% hasta junio de 2021, en comparación a similar periodo de 2020; y que el número de cuentas de depósitos en el sistema financiero subió en un 7% al primer semestre del año en curso.

En efecto, pese a la coyuntura de emergencia sanitaria que caracterizó al 2020, el sistema financiero continúo con su expansión reflejada en un crecimiento anual de activos totales de 7,5%, impulsado principalmente por el aumento de cartera, aunque mostró un menor crecimiento. Por su parte, las inversiones financieras y las disponibilidades registraron un importante incremento de 9,4% y 9,2%, respectivamente.

Esta dinámica estuvo apoyada por medidas destinadas a la provisión de recursos al sistema financiero y la canalización hacia empresas y hogares, que además de atenuar los efectos económicos de la pandemia por el descenso de la actividad y tensiones en la liquidez, reforzaron la recuperación de la actividad de intermediación después de los conflictos de octubre y noviembre de 2019.

Por su parte, los depósitos en caja de ahorro cerraron el semestre con una disminución anual de 1%, atenuando la contracción iniciada en octubre de 2019 resultado de la disminución de la actividad y el consumo.

Esto da pie a que a inicios del 2021 se replantee primeramente ganar la confianza del público, donde la inclusión financiera juega un rol muy importante, esto significa que para personas físicas y empresas, tener acceso a productos financieros útiles y asequibles que satisfagan sus necesidades, transacciones, pagos, ahorros, crédito y seguros, prestados de manera responsable y sostenible, y según los datos del BCB tenemos un crecimiento de 7,3% en cajas de ahorro que significa 1,3 millones de nuevos ahorristas, esto equivale a que las políticas de reactivación van marcando un avance efectivo sobre la población.

El acceso a servicios financieros facilita la vida cotidiana y ayuda a las familias y las empresas a planificar para todo, desde los objetivos a largo plazo hasta las emergencias imprevistas. Es más probable que, en calidad de titulares de cuentas, las personas usen otros servicios financieros, como créditos y seguros, para iniciar y ampliar negocios, invertir en educación o salud, gestionar riesgos y sortear crisis financieras, todo lo cual puede mejorar su calidad general de vida.

La inclusión financiera se está convirtiendo en una prioridad para las autoridades, y por lo tanto las entidades de Intermediación Financiera dan un nuevo norte con una nueva política de créditos como el de Vivienda y Productivo, con el fin de la reactivación económica y la inclusión a nuevos clientes que puedan acceder a créditos en excelentes condiciones

La tecnología financiera digital, y en particular el aumento del uso de teléfonos móviles han facilitado la ampliación del acceso de las pequeñas empresas y poblaciones difíciles de alcanzar a servicios financieros a un costo más bajo y con menos riesgo.

Esto convoca a la confianza de los bolivianos sobre las políticas económicas del Estado, las que están dando frutos por las tasas de crecimiento en los ahorristas, esta confianza que se había perdido a finales del 2019 y a lo largo del 2020 por dos factores importantes: uno, la falta de seguridad en el sistema financiero por las malas políticas económicas y la inestabilidad social, pero en esta nueva gestión de gobierno da un norte a la reactivación y se plantea un crecimiento constante con un fomento a la empresa y a los nuevos emprendimientos. 

Martín Moreira/.