Una delegación de familiares y víctimas de la masacre de Sacaba arribó este martes a la ciudad de La Paz con el fin de reunirse con sus pares de Senkata y coordinar las acciones que asumirán ante la búsqueda de justicia por los hechos luctuosos de 2019.

“Hoy hemos venido a reforzar a nuestros hermanos de El Alto, vamos a tener una reunión como un pacto de unidad de todos los familiares de fallecidos, heridos y procesados de las masacres de Senkata, Sacaba y otros sectores que manifiesta el informe del GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes)”, indicó Ismael Marquina, representante de Sacaba.

Además, convocó a todas las personas que fueron víctimas del régimen de facto de Jeanine Áñez a unirse a ese movimiento, para juntos pedir justicia contra los responsables de esos hechos.

“Hacemos una invitación pública, abierta, a todas aquellas personas que hayan sido víctimas de la masacre y durante el golpe de Estado, aquellas familias que hayan perdido un familiar, un ser querido, aquel hermano o hermana que haya sido herida en la represión en el golpe de Estado, a los perseguidos y encarcelados injustamente”, mencionó.

Por su parte, Gloria Quisbert, representante de Senkata, indicó que hasta la fecha muchas víctimas del gobierno de facto continúan con las secuelas de las heridas y torturas, por esa razón decidieron llevar a cabo el encuentro para pedir justicia a una sola voz. 

“Nosotros estamos pidiendo a los hermanos familiares de los fallecidos y víctimas para que juntos, en una sola voz, pidamos justicia para que se pueda aprobar el juicio de responsabilidades que ya está en la Asamblea Legislativa”, mencionó. 

Las víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata se congregarán en instalaciones del edificio de la Federación de Trabajadores Mineros de Bolivia, ubicado en El Prado de la Sede de Gobierno.

El director general de Gestión y Desarrollo Forestal del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Omar Tejerina, informó este martes que los focos de calor se redujeron de 5.000 a 1.089 en Bolivia.

“Hoy estamos con un descenso muy significativo de los focos de calor e incendios. Después de haber tenido un número superior a los 5.000 en días anteriores, hemos amanecido con 1.089 focos de calor, es decir, menos de la cuarta parte de focos de calor presentes en todo el territorio nacional”, dijo en entrevista en el Sistema Nacional de Radios de los Pueblos Originarios (RPO’s).

Explicó que esos focos de calor, en su mayoría, se registran en el departamento de Santa Cruz con 831; en Beni 222; La Paz, 16; Pando, 16; Chuquisaca, Potosí Oruro y Tarija registran un foco de calor cada uno. 

Agregó que la gente utiliza el fuego para renovar pasturas y habilitar campos de cultivo.

“Los incendios y focos de calor activos están en San Matías, San Rafael, Exaltación, San Ignacio de Velasco, Charagua, Santa Ana, Magdalena y otros municipios”, detalló.

Tejerina precisó que se debe diferenciar entre un foco de calor, incendio, quema e incendio forestal. Los incendios forestales están en este momento en la Chiquitanía; pero en una acción conjunta con Defensa Civil, el Servicio de Áreas Protegidas, la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), las Fuerzas Armadas, el municipio y la Gobernación de Santa Cruz, se espera que en los próximos días pueda ser mitigado.

“Gracias a Dios en los últimos días hemos tenido una lluvia muy coposa en el oriente boliviano que ha permitido apagar la mayor cantidad de focos de calor”, afirmó.

A nivel nacional, hasta el momento se reporta 1,4 millones de hectáreas afectadas por el fuego, de las cuales el 82,3% son en superficies sin bosque, es decir en pastizales y matorrales, y un 17% en zona forestal, apuntó.

Cristina Galean, ejecutiva de la Federación Sindical de Mujeres de Comunidades Interculturales de Tarija, informó este martes que en su congreso ordinario a realizarse en los próximos días, analizarán las acciones que asumirán para que todos los responsables del golpe de Estado sean sancionados.

“(Fernando) Camacho es la persona intelectual de este golpe de Estado y (Carlos) Mesa, por consiguiente, ellos son los que tienen que pagar y tienen que ser juzgados, y nosotros vamos a luchar hasta las últimas consecuencias para que ellos paguen los delitos que han cometido”, mencionó.

Adelantó que el congreso del sector, servirá también para analizar cuál es la situación de los procesos instaurados en contra de los involucrados en el golpe de Estado.   

“No tenemos resultados y eso es lo que más preocupa a la gente, porque la masacre que ha ocasionado la derecha no tiene que quedar impune, tenemos que llegar hasta las últimas consecuencias para que paguen los delitos que han cometido, nos referimos a esta señora (Jeanine) Áñez y su equipo”, manifestó.

Sobre la posibilidad de que Áñez pueda acceder al beneficio de defenderse en libertad, dijo que desde su sector rechazan esa intención y recordó que durante su régimen fueron muchas dirigentes interculturales perseguidas, encarceladas y torturadas. 

“Nuestras hermanas han sido apresadas, han sido torturadas por los policías y todo eso por orden de (Jeanine) Áñez; no vamos a permitir, vamos a luchar, vamos a salir a las calles hasta que logremos que la señora Áñez sea juzgada, igual que (Arturo) Murillo, porque los dos han hecho las masacres”, subrayó.

El congreso ordinario se desarrolalrá en el municipio de Puerto Villarroel del departamento de Cochabamaba, donde además renovaran su comité ejecutivo.

La Defensoría del Pueblo y los gobiernos municipales de Taraco, Guaqui y Tiahuanacu, del departamento de La Paz, firmaron este martes convenios de cooperación interinstitucional para el fortalecimiento de las capacidades de los servicios municipales de atención a las poblaciones en situación de vulnerabilidad en esas regiones.

“Los convenios tienen la finalidad de fortalecer la gestión municipal. Queremos que sus servicios municipales sean ejemplo para el departamento y para Bolivia, y que sus servidores públicos atiendan con calidez y capacidad”, indicó la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, citada en un boletín institucional.

El convenio establece que la Defensoría realizará talleres de capacitación para la prevención de la violencia hacia las mujeres, contra el acoso político hacia las mujeres, de prevención de la violencia hacia las niñas, niños y adolescentes y hacia las personas adultas mayores, y sobre el derecho a vivir en familia, entre otras temáticas.

Además, entregará material impreso, herramientas técnicas y propuestas de leyes municipales en favor de las poblaciones en situación de vulnerabilidad.

Durante el acto, los gobiernos municipales de Taraco y Tiahuanacu promulgaron, cada uno, la Ley Municipal Autonómica de Política de Asistencia Integral a Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Feminicidio, diseñado con base en las propuestas normativas elaboradas por la Defensoría del Pueblo.

También, las autoridades municipales de Guaqui entregaron a la Defensora del Pueblo el Reglamento General Interno y Reglamento de la Comisión de Ética, elaborados en el marco del Informe Defensorial “Sin Nosotras No Hay Democracia”.