El ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, informó este lunes que impulsó la primera reunión del comité de puesta en funcionamiento del hospital de tercer nivel en la ciudad de Sucre, Chuquisaca, y dijo que la construcción de ese nosocomio, tras su paralización en 2020, tiene un avance físico de más del 70%.

“Estamos instalando la primera reunión para generar el comité de puesta en marcha y funcionamiento del hospital de tercer nivel de Chuquisaca (...).Tenemos más de un 70 por ciento de avance después de que esta obra esté totalmente paralizada. Esperamos que antes de que concluya esta gestión podamos seguir avanzando y en los primeros meses del próximo año estemos dando los primeros pasos para el equipamiento y posterior funcionamiento”, dijo en conferencia de prensa.

Explicó que el comité estará dirigido por el Ministerio de Salud y Deportes e integrado por autoridades de la Gobernación, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Chuquisaca, el municipio, la empresa constructora y representantes del control social.

Detalló que la nueva infraestructura está en un terreno de 64.000 metros cuadrados con una superficie construida de 25.285 m2. Tendrá capacidad para 204 camas, siete quirófanos y un equipamiento de última generación. Se prevé su funcionamiento para el 2022.

Dijo que el proyecto tiene una inversión de Bs 500 millones; sin embargo, existen varios temas a subsanar en cuanto a los predios y otros aspectos.

El expresidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, lamentó que Jeanine Áñez pretenda mostrarse como víctima, cuando durante su gestión persiguió a muchos miembros del Movimiento Al Socialismo (MAS), acusándolos de sedición. Nos ha matado en vida, señaló.

“Cada día éramos citados por sedición, traición, sedición, traición, yo tengo seis procesos por la señora (Jeanine) Áñez; Áñez ahora es la víctima, la que está en el hospital queriendo matarse. ¡A nosotros nos ha matado en vivo, en vida estamos muertos!”, exclamó.

Reprochó que ahora Áñez pretenda mostrarse como víctima cuando mandó a matar a la población de El Alto y otras regiones del país.

“Por culpa de esa mujer estoy como estoy, enfermo, estresado, ansioso, de miedo, todas las enfermedades por culpa de esa señora que, ahora, dice ser víctima, pero estamos fuertes, firmes hasta que Dios nos recoja”, indicó.

Dijo que Áñez tiene que asumir su responsabilidad por los hechos de persecución, tortura, asesinatos y violencia que ejerció contra el pueblo.

“Fueron momentos funestos para nuestra democracia, fue funesto para el país, porque a partir de ello vivimos momentos realmente negros, donde nadie podía decir nada, era prohibido hablar algo en contra del Gobierno, porque inmediatamente eras acusado por sedición”, recordó.

El representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto, David Inca, aclaró este lunes que, para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) atienda el pedido de la defensa de Jeanine Áñez de otorgarle una medida cautelar, debe demostrar que no recibe atención alguna en el centro penitenciario donde guarda reclusión.

“Si la señora Áñez demuestra que las autoridades gubernamentales no le han atendido en su momento, entonces la CIDH le atiende. Si la señora Áñez demuestra que en ningún momento, ningún médico le ha atendido a la dolencia que ella ha sufrido, entonces la CIDH la va a atender”, explicó.

Dijo también que deben demostrar ante la CIDH que Áñez ha sido objeto de tortura física, psicológica y otros.

“Si la señora Áñez demostrare ante la CIDH que ha sido objeto de tortura física, psicológica, sexual, de que le han puesto bolsa negra en la cabeza, dentro de la bolsa le han puesto gas lacrimógeno y le han presionado para que ella declare que tal persona es el culpable y ella no, entonces la CIDH entra, sí, a defender”, apuntó.

En pasados días, una Comisión de legisladoras de oficialismo y oposición realizaron una visita al centro penitenciario donde está recluida Áñez, y corroboraron que se encuentra en buen estado de salud y que goza de una atención preferencial.

En este contexto, Inca observó que hay una intención de mostrar a la expresidenta de facto como la única víctima, y que no hay muertos, heridos ni torturados.

“Vemos que tiene que hacer ese trabajo, porque en un Estado de derecho se permite la libertad de expresión, hasta el uso y el abuso del derecho se permite en un Estado de derecho, yo creo que en esa línea la CIDH va a ser más cauta en proporcionarle esta medida cautelar”, manifestó.

El contralor general del Estado, Henry Ara Pérez, afirmó este lunes que el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA), presentado en noviembre de 2019, no responde a una auditoria porque no se realizó una revisión de las 35.000 actas; solo se hizo un “muestreo” de las elecciones generales de 2019.

“Este es un informe que no responde a una auditoría, ¿y por qué lo decimos?, porque claramente el Convenio establecía que la OEA debía pronunciarse sobre la verificación de actas. Por la lectura de todo el informe, no han verificado las actas (…) la OEA hace un muestreo, esto nunca va a llevar a establecer cuáles eran las actas realmente que pudieran ser fraudulentas”, expresó el contralor en contacto con La Razón radio.

La autoridad enfatizó que la Contraloría realizó este “pronunciamiento técnico” a petición de la Procuraduría y de la Asamblea Legislativa para evaluar si el documento presentado por la OEA correspondía a una auditoría, si se cumplió con los parámetros nacionales e internacionales y, por ende, con el acuerdo suscrito entre la Cancillería del Estado y el organismo internacional.

Tras el análisis y la evaluación del equipo técnico se llegó a la conclusión de que el documento presentado puede ser considerado como un informe, pero no como una auditoria porque carece de lo requerido por las normas nacionales e internacionales, además que no cumplió con su objetivo de examinar las actas de cómputo electoral y no se dan datos estadísticos.

“Nosotros podemos establecer que este documento proporcionado por la OEA se basa en conjeturas y no en calidad de prueba competente y suficiente, que es un elemento fundamental para la auditoria, podemos establecer que esto no es una auditoria y no cumple con lo solicitado en el convenio”, sostuvo la autoridad.

Ara rememoró que el Estado realizó convenio con la OEA ante la susceptibilidad de un posible fraude en las elecciones, por lo que el organismo internacional debía: revisar las 35.000 actas, evaluar las actas que fueron observadas como “fraudulentas”, determinar el porcentaje y estadísticas del proceso, con base en las normas de auditoria nacional e internacional. Mediante la evaluación de la Controlaría se evidenció el incumplimiento de la OEA en diferentes aspectos.

Asimismo, señaló que solo un informe de auditoría podría determinar si existió o no fraude, en qué porcentaje e identificar a los presuntos responsables.