El exdiputado Amilcar Barral, quien tiene como foto de portada en su página de Facebook a Jeanine Áñez, inició una campaña para revictimizar, desacreditar y agredir a los familiares de los muertos en la masacre de Senkata, ocurrida durante el golpe de Estado de 2019, denunció Gloria Quisberth, presidenta de la organización que agrupa a los parientes de los caídos en la ciudad de El Alto.

Quisberth, entrevistada en Bolivia Tv, lamentó que el exdiputado allegado a Áñez inicie una campaña en contra de las víctimas de las masacres de Senkata, Sacaba y de todas aquellas que sufrieron la vulneración a sus derechos humanos durante el régimen de facto de Áñez.

“El señor Amilcar Barral está como defensor de los autores de los hechos (ocurridos en 2019), de quienes han firmado el decreto 4078 en noviembre de 2019 (aprobado por Áñez y su gabinete para evitar que los militares sean sancionados por disparar) y en revictimizar a los familiares de los fallecidos, en revictimizar a las víctimas de noviembre de 2019”, indicó.

Recordó que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) indica con claridad que los familiares de las víctimas de las masacres no pueden volver a sufrir la vulneración de sus derechos ni ser revictimizadas. Ese pedido es desconocido por Barral.

Las familias “vuelven a ser revictimizadas por este exdiputado, nos sentimos muy dolidas”, manifestó Quisberth respecto a los ataques de Barral, mismos que reciben amplia difusión en medios privados.  

Indicó que el régimen de facto aprobó un decreto para pagar Bs 50 mil a los familiares de las víctimas de las masacres a cambio de que no inicien procesos judiciales. Con asesoramiento de la CIDH, los familiares de los caídos rechazaron esa oferta ya que les cerraba el camino de la búsqueda de justicia, indicó.

La entrevistada dijo que, pese a la campaña de Barral y los defensores de Áñez, las víctimas de las masacres de Senkata y Sacaba proseguirán en su lucha para que se apruebe el juicio de responsabilidades a la expresidenta de facto y a los ministros que firmaron el Decreto que brindó impunidad a los militares que masacraron en 2019.

Desde el 25 de agosto familiares de los fallecidos y víctimas de la masacre de Sacaba, en Cochabamba, instalaron una vigilia permanente en el puente Huayllani exigiendo justicia y cárcel para los responsables de esos hechos.

“Nosotros estamos aquí tres días en vigilia, pidiendo justicia para nuestros hermanos caídos en Sacaba, vamos a pedir justicia, nosotros no vamos a descansar ni un solo segundo, ni un solo minuto, hasta que estén en la cárcel los asesinos y asesinas, los culpables tienen que pagar”, sostuvo, Roberto Jucumari, vicepresidente de las víctimas de la masacre de Sacaba.

Apuntó como principales responsables de los asesinatos en Sacaba y Senkata a Jeanine Áñez, Fernando Camacho, Arturo Murillo y Carlos Mesa.

“Nosotros pedimos justicia, esa golpista (Jeanine) Áñez de una vez ¿por qué no la sentencian a cadena perpetua?, ¿Carlos Mesa por qué no está en la cárcel?, ¿por qué la justicia está tardando mucho?, vamos a luchar hasta las últimas consecuencias”, manifestó.

Advirtió con trasladarse a la Sede de Gobierno para hacer conocer su protesta ante la retardación de justicia.

“Estamos como nunca, unidos en los nueve departamentos, si no va a haber justicia, vamos a ir a La Paz con marchas o a hacer huelga de hambre, vamos a reforzar a los compañeros de La Paz nosotros del trópico”, advirtió.

El concejal por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Pierre Chaín, negó este viernes que la bancada de su partido bloquee la aprobación del Programa Operativo Anual (POA) Reformulado 2021 de la Alcaldía de La Paz, porque son minoría, pero denunció varias irregularidades en dicho documento.

“En la bancada del MAS somos cinco, y ellos, los oficialistas son seis. El que maneja el POA Reformulado es el Ejecutivo, con sus secretarios y el alcalde (Iván Arias) y cuando mandan al Concejo ellos tienen mayoría (…), entonces no nos pueden echar la culpa”, dijo en entrevista con red Patria Nueva.

Explicó que, como autoridades fiscalizadoras del Ejecutivo Municipal, transparentaron el contenido del POA Reformulado como la falta de partidas para los adultos mayores, para los microempresarios y se descubrió que, a pesar de que la Alcaldía está poblada de contratos, se destina Bs 11.750.000 para nuevos contratos.

Denunció que el municipio invirtió por cuatro años consecutivos, y pretenden seguir destinando recursos, en la Urbanización Privada Aranjuez, por la cual destinan Bs 2 millones para el pago de un terreno que fue transferido a los microempresarios; y por cambiar el logotipo en la ropa de trabajo de los funcionarios, para lo cual se destinó Bs 500.000, además de otras irregularidades.

Aclaró que el presidente de la bancada de “Somos Pueblo”, Lucio Quisbert, fue quien indicó que el POA Reformulado debe volver al Ejecutivo antes de ser aprobado.

La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Miriam Huacani, entregó este viernes diez kits de equipos de bioseguridad e insumos al Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges) de Cochabamba, que servirán para la reapertura de los centros infantiles de los municipios de Tapacarí, Mizque, Raqaypampa, Tacopaya, Anzaldo y Tiquipaya.

“Ratificamos el compromiso desde nuestro Viceministerio, dependiente del Ministerio de Justicia, para trabajar y generar políticas públicas para este sector de la población”, manifestó, citada en un boletín institucional.

Los lotes fueron donados por los ministerios de la Presidencia y de Justicia, tuvieron un costo de Bs 19,5 millones y beneficiarán a 219 niños hasta los cinco años de edad.

El alcalde de Mizque, Fernando Álvarez, agradeció por los equipos y los insumos de bioseguridad y destacó que serán útiles en la reactivación del funcionamiento de centros infantiles que son importantes para la política de protección de la primera infancia.

“Reciban este caluroso saludo y agradecimiento de parte de los municipios que estamos recibiendo este apoyo. Nuestros centros wawahuasis son muy importantes”, señaló.

De acuerdo con datos oficiales, los centros infantiles beneficiados con las donaciones serán Llavini A y B, Lorocachi y JapoKhasa (Tapacarí: 80 niñas y niños); Callejas Baja (Mizque: 23); Santiago (Raqaypampa: 23); Catacora y Ventilla (Tacopaya: 29); Anzaldo A y Anzaldo B (Anzaldo: 39); y Jamuy Waway (Tiquipaya: 25). 

Entre los insumos de bioseguridad provistos están pediluvios con alfombras, termómetros digitales, detergentes en polvo, hipoclorito de sodio, dispensados de jabón y alcohol en gel, entre otros. 

Los insumos están conformados por unidades de cepillos de dientes, juguetes, pañales, medias de varón y mujer, termómetros, toallas, mantas, barbijos para niños, una pizarra acrílica y una pelota, por citar algunos.