El exdiputado Amilcar Barral, quien tiene como foto de portada en su página de Facebook a Jeanine Áñez, inició una campaña para revictimizar, desacreditar y agredir a los familiares de los muertos en la masacre de Senkata, ocurrida durante el golpe de Estado de 2019, denunció Gloria Quisberth, presidenta de la organización que agrupa a los parientes de los caídos en la ciudad de El Alto.
Quisberth, entrevistada en Bolivia Tv, lamentó que el exdiputado allegado a Áñez inicie una campaña en contra de las víctimas de las masacres de Senkata, Sacaba y de todas aquellas que sufrieron la vulneración a sus derechos humanos durante el régimen de facto de Áñez.
“El señor Amilcar Barral está como defensor de los autores de los hechos (ocurridos en 2019), de quienes han firmado el decreto 4078 en noviembre de 2019 (aprobado por Áñez y su gabinete para evitar que los militares sean sancionados por disparar) y en revictimizar a los familiares de los fallecidos, en revictimizar a las víctimas de noviembre de 2019”, indicó.
Recordó que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) indica con claridad que los familiares de las víctimas de las masacres no pueden volver a sufrir la vulneración de sus derechos ni ser revictimizadas. Ese pedido es desconocido por Barral.
Las familias “vuelven a ser revictimizadas por este exdiputado, nos sentimos muy dolidas”, manifestó Quisberth respecto a los ataques de Barral, mismos que reciben amplia difusión en medios privados.
Indicó que el régimen de facto aprobó un decreto para pagar Bs 50 mil a los familiares de las víctimas de las masacres a cambio de que no inicien procesos judiciales. Con asesoramiento de la CIDH, los familiares de los caídos rechazaron esa oferta ya que les cerraba el camino de la búsqueda de justicia, indicó.
La entrevistada dijo que, pese a la campaña de Barral y los defensores de Áñez, las víctimas de las masacres de Senkata y Sacaba proseguirán en su lucha para que se apruebe el juicio de responsabilidades a la expresidenta de facto y a los ministros que firmaron el Decreto que brindó impunidad a los militares que masacraron en 2019.
