El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, informó este martes que se autorizó el desembolso adicional de más de Bs 52 millones para el proyecto del Tren Metropolitano que se construye en la ciudad de Cochabamba.

"Estamos autorizando el día de hoy (martes), adicionalmente, desembolsar más de 52 millones de bolivianos; por lo tanto, ahora hay un doble compromiso, un doble esfuerzo de las empresas constructoras que están a cargo del Tren", dijo en rueda de prensa.

Acompañado de los representantes legales de la empresa constructora Joca-Molinari, el titular de Obras Públicas, Servicios y Vivienda realizó esta jornada una inspección a las líneas Verde y Roja. 

“Las empresas constructoras, hasta el 14 de septiembre, nos tienen que entregar (estas dos líneas) para las pruebas correspondientes (…). Entonces, quiero decir a la población cochabambina que hay avances importantes y que nos resta en estas últimas tres semanas culminar", señaló.

Montaño señaló que la construcción de la línea Amarilla está retrasada por falta de seriedad del alcalde de la ciudad de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, y ante esa situación, exhortó a las autoridades a estar unidas para sacar adelante el “proyecto anhelado para el pueblo cochabambino”.

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) informó este martes que, con la aprobación del Decreto Supremo N° 4560 que crea el Programa de Intervención para el Mejoramiento de la Producción de Piña de Exportación y Mercado Nacional, el Gobierno traza las estrategias para encaminar la reactivación productiva, soberanía alimentaria y apoyo a la producción nacional de piña.

El programa busca incrementar el rendimiento potencial del fruto en función al apoyo integral del sector, bajo una visión de competitividad y sustentabilidad; tendrá un periodo de ejecución de cinco años (de 2021 a 2025), una inversión de Bs 60,3 millones y alcanzará una cobertura de 14 municipios en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. 

“Este programa busca beneficiar directamente a 2.500 familias productoras y será implementado por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, a través del Fondo de Desarrollo Integral (Fonadin), en coordinación con el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (Iniaf) y el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag)”, detalla un reporte del MDRyT. 

El plan está integrado por cuatro componentes: innovación, sanidad vegetal e inocuidad, producción y post cosecha y mercado, cuya premisa es convertir a Bolivia en una región potencial en el cultivo orgánico de esa fruta tropical.

“El apoyo que está dando el Gobierno será beneficioso para nosotros, los agricultores y productores de piña. Para plantar una hectárea necesitamos por lo menos unos 30.000 bolivianos (…). Este trabajo implica muchas tareas, por ejemplo, la preparación y mejoramiento del terreno, mano de obra, compra de insumos como foliares e insecticidas”, sostuvo Justino Montaño, productor de piña del Sindicato Illimani del trópico de Cochabamba.

Con la implementación del programa se proyecta incrementar la producción de piña de 17 a 37 toneladas (t) por hectárea; a su conclusión, se estima la exportación de 3.295 t y generar 53.950 t para el mercado interno. 

La estrategia de intervención contempla, además, investigación, desarrollo de tecnologías, reducción de agroquímicos, mejoramiento de mecanismos de control, sanidad vegetal e inocuidad alimentaria, asistencia y capacitación técnica, reacondicionamiento de infraestructura, control de plagas, entre otras acciones.

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) aclaró este martes que no existe prohibición alguna para que las entidades de intermediación financiera realicen operaciones interbancarias entre sí, por lo que el reciente crédito por Bs 137.200.000 otorgado por el Banco Unión S.A. al Banco Prodem se enmarca en las normas legales vigentes.

“Asimismo, dicha operación fue comunicada oportunamente como Hecho Relevante en el Mercado de Valores, en cumplimiento a la normativa de transparencia de la información”, agrega, en un comunicado difundido por las redes sociales.

De acuerdo con el documento, la aclaración surgió ante versiones difundidas en las últimas horas, a través de redes sociales y algunos medios de comunicación, con relación a la operación realizada por el Banco Unión S.A. con la entidad financiera Prodem S.A., que tergiversaron su sentido.

El Banco Unión S.A. emitió un comunicado el 24 de agosto del presente año para informar que se trata de una operación interbancaria de rutina, cuya finalidad es orientar recursos económicos para promover el dinamismo de la economía nacional, con énfasis en el sector productivo del país, principalmente de las micro y las pequeñas empresas del territorio nacional.

“En tal sentido, por lo señalado precedentemente, la ASFI ratifica que ejerce, en el marco de sus atribuciones conferidas por la Ley N° 393, de Servicios Financieros y la normativa vigente, las funciones de supervisión y control de forma permanente a las operaciones y servicios que realizan las entidades financieras bajo su ámbito de control, a fin de prevalecer la solidez y la solvencia del sistema financiero y de sus entidades integrantes, precautelando los ahorros del público y la defensa del consumidor financiero, asumiendo las acciones correspondientes en casos de incumplimiento a lo dispuesto por la mencionada normativa”, culmina el documento oficial.

El Proyecto de Ley 078/2020-2021, de Devolución de Aportes, no afectará la liquidez del sistema financiero nacional y tampoco se generará un proceso de desinversión de los recursos que maneja la banca ni se pondrá en riesgo la sostenibilidad del sistema Integral de Pensiones (SIP), informó el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Realizó nuevamente esa aclaración en una nota de prensa en la que indica que existen versiones equivocadas de algunas personas que demuestran un desconocimiento del contenido del proyecto de ley.

Aclaró que el proyecto normativo establece, como fuentes de financiamiento para la devolución de aportes, la disponibilidad acumulada (liquidez), los vencimientos de la cartera de inversiones y la recaudación mensual del Sistema de Integral de Pensiones que administran las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Gracias a las fuentes de financiamiento señaladas, no será necesario realizar ninguna desinversión, por lo que no se comprometerá la liquidez del sector financiero, manteniendo la estabilidad con la que cuentan en la actualidad, y tampoco afectará a otros sectores donde las Administradoras de Fondos de Pensiones hayan efectuado inversiones (sector industrial, agropecuario, telecomunicaciones, etc.).

El desembolso de recursos para la devolución parcial o total de aportes, que alcanza a aproximadamente Bs 3.900 millones, tampoco afectará la sostenibilidad del Sistema de Pensiones, garantizándose un equilibrio financiero entre esta medida y las prestaciones en curso de pago del SIP (Pensión de Vejez, Pensión Solidaria de Vejez y Pensiones por Muerte e Invalidez), sin interrumpir el derecho adquirido de los asegurados que vienen percibiendo una prestación mensual.

Con la devolución de aportes se pretende beneficiar a más de 1,4 millones de aseguradas y asegurados, a través de una de las siguientes modalidades:

-Devolución parcial de hasta el 15% para los asegurados con un monto menor o igual a Bs 100.000 en su Cuenta Personal Previsional (CPP), independientemente de su edad.

-Devolución parcial de hasta Bs 15.000, para los asegurados con un monto mayor a Bs 100.000 en su CPP, independientemente de su edad.

-Devolución total del 100% para los asegurados de 50 o más años que tengan un monto menor o igual a Bs 10.000 en su CPP.

Cabe mencionar que la devolución parcial o total de aportes es una medida de carácter excepcional y por única vez, la cual se efectuará a través de un solo desembolso, según los parámetros señalados anteriormente.

Por otra parte, precisar que los requisitos principales para acceder a la devolución de aportes son:

-No estar percibiendo un ingreso del sector público o privado, a la fecha de promulgación de la ley.

-No percibir un beneficio del SIP en curso de pago (pensión de vejez, pensión solidaria de vejez o pensión por invalidez/muerte).

-No haber efectuado aportes desde diciembre de 2019 como dependiente del sector público.

El proyecto de Ley 078/2020-2021 fue aprobado en sus estaciones en grande y detalle por la Cámara de Diputados, posteriormente fue remitido a la Cámara de Senadores para su tratamiento y posterior promulgación por parte del Gobierno.

La devolución de aportes, una vez promulgada la Ley y cuente con la reglamentación correspondiente, será una decisión voluntaria y de carácter personal de cada asegurada y asegurado, el cual deberá ser cuidadosamente analizado a objeto de no verse perjudicado a futuro, en el acceso a un beneficio derivado del SIP.