El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), a través del Programa CRIAR II, destina Bs 2,2 millones en dotación de tecnología agrícola para fortalecer las capacidades productivas de pequeños productores agropecuarios del municipio de Santa Rosa del Sara, Santa Cruz. 

En ocasión de inaugurar la Feria Tecnológica Agroalimentaria en esa región del país, el responsable de Tecnologías del Programa de Creación de Iniciativas Agroalimentarias Rurales II (CRIAR II), Porfirio Cussi, informó que las herramientas irán en beneficio de 208 familias de cinco comunidades de ese municipio.

Expresó que para el Gobierno es prioritario trabajar por la tecnificación de la producción y mejorar las capacidades agrícolas en el país para lograr la soberanía alimentaria. 

Los productores de esa región se dedican al cultivo de arroz, yuca y maíz. El Programa CRIAR II, durante dos días de feria ofertará una variedad de tecnologías adecuada a la capacidad productiva del municipio como desbrozadoras, peque peques, molinos de granos, sistemas de riego, trapiches, entre otros. 

Las Ferias de Tecnologías Agroalimentarias son una iniciativa del Gobierno nacional para mejorar las condiciones de los productores agrícolas, reactivar la economía y garantizar la soberanía alimentaria en el país.

El Banco de Desarrollo Productivo (BDP) organizó ocho talleres sobre prácticas orgánicas y manejo de bioinsumos para la producción de tomates y otras frutas, en Palca, Sapahaqui y Luribay del departamento de La Paz, con el objetivo de capacitar en el cultivo de alimentos de calidad y libres de pesticidas, informó este martes el gerente general, Ariel Zabala. 

Explicó que entre el 11 y 17 de agosto, 250 agricultores de las provincias Loayza y Murillo, en su mayoría clientes del BDP, recibieron asistencia técnica especializada del proyecto "Producción orgánica de tomate", ejecutado por la Fundación Plagbol, la organización internacional Swisscontact y la Fundación Proinpa, según una nota institucional.

“Nuestro objetivo es ser un país con seguridad y soberanía alimentaria, para lo cual son muy importantes las prácticas de producción orgánicas y el manejo de bioinsumos, que permiten optimizar las producciones de tomates, frutas, entre otros”, resaltó.

En los talleres, los técnicos expertos consultores de Plagbol y Proinpa capacitaron a los productores en prácticas innovadoras para la producción de tomate orgánico. Uno de los módulos estuvo enfocado a la preparación de almácigos, usando una bandeja con desinfección de suelo. 

"La asistencia técnica especializada es, para nuestra institución, un elemento diferenciador respecto a otras entidades financieras. Combinar el financiamiento con la capacitación garantiza su impacto, ayuda a incrementar la producción y disminuye los riesgos", sostuvo.

El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas, informó este martes que el Fondo Monetario Internacional (FMI) asignó para Bolivia 230,1 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), equivalentes a $us 326,4 millones, lo que permitirá al país "mejorar su posición frente al resto del mundo". 

En conferencia de prensa, indicó que la junta de gobernadores del FMI decidió asignar un total de 456 millones de DEG, equivalente a $us 650 millones, a todos los países que conforman ese organismo internacional. 

"La asignación que ha recibido el país corresponde aproximadamente al 0,05 por ciento; es decir, estamos hablando de un total de 230,1 millones de DEG (…) que en su conversión en dólares americanos hace a 326,4 millones", indicó.

Explicó que la asignación fue transferida el lunes a las cuentas del Banco Central de Bolivia, por lo que "ya son parte de nuestros activos de reserva". 

"Estas asignaciones, que hace el Fondo Monetario Internacional, lo hace en un contexto de crisis provocada por el COVID-19, que va a permitir mejorar la liquidez del sistema financiero internacional, y países como el nuestro, también mejoran su posición frente al resto del mundo", enfatizó.

Indicó que Bolivia hasta el momento recibió del FMI dos asignaciones, una fue en 2009 de 137,4 millones de DEG y el de este año, de 230,1 millones de DEG, que sumandos alcanzan a 367,5 millones de Derechos Especiales de Giro. 

"Bolivia al ser un país miembro fundador de este organismo internacional se ha visto beneficiado por esta asignación de recursos. La asignación DEG no compromete rentas al Estado, no tiene ningún tipo de condición financiera", aclaró.

Según Rojas, las asignaciones DEG se realizan por decisión de la junta de gobernadores del FMI; es decir, por una mayoría del 85% de los votos de todos los representantes que participan en este organismo internacional.

La viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza, aclaró este martes que la Ley de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo no modificará el Código de Procedimiento Penal, no levantará el secreto bancario, ni se realizará intervenciones a los teléfonos celulares con fines investigativos.

“La Estrategia de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas no modifica el Código de Procedimiento Penal ni el Código Penal”, explicó en conferencia de prensa.

La autoridad realizó las aclaraciones ante versiones de algunos profesionales que se presentaron como especialistas en el área constitucional, quienes expresaron puntos de vista que desinforman a la población y demuestran un desconocimiento del contenido de la norma.

La ley tiene por objeto integrar, organizar y coordinar los esfuerzos de todas las entidades involucradas en el combate de esas actividades delictivas. Adicionalmente, dicha norma permitirá evitar sanciones por incumplimiento de instrucciones de los organismos internacionales en esa temática, a efectos de que Bolivia no pase a la lista gris.

Con relación a la intervención de las llamadas o escuchas telefónicas, aclaró que la ley no establece en ningún momento que la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) tenga atribuciones administrativas para utilizar ese método de interferencia a las comunicaciones.

“Las afirmaciones que han estado haciendo los constitucionalistas demuestran un desconocimiento de la ley, nos hace pensar que ni siquiera la revisaron. Expresamos nuestra preocupación por declaraciones que sólo buscan desinformar y movilizar a sectores sociales con mentiras, promoviendo un discurso de temor con base en argumentos falsos y descontextualizados”, enfatizó la viceministra.

En los próximos meses Bolivia será sometida a una evaluación internacional por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) para verificar la implementación de normativa y su eficacia en la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas.

“Es importante que nosotros podamos tener una evaluación positiva y favorable para que seamos un país confiable para no tener ningún tipo de restricciones a las operaciones de comercio exterior, de giro y las operaciones de nuestras entidades financieras que trabajan con otros bancos en el exterior”, declaró Espinoza.

Agregó que, en caso de obtener una calificación negativa por parte de los organismos internacionales, se podrían establecer restricciones para el sistema financiero, mayores exigencias en transacciones financieras internacionales; se afectaría al sector empresarial y repercutiría en operaciones cotidianas que realizan los bolivianos como ser el envío de remesas, transferencias, giros internacionales y operaciones de comercio exterior.