El préstamo de agentes químicos, revelado por Lizárraga, no es legal y tiene carácter de injerencia según Gustavo Torrico
El préstamo de agentes químicos, revelado por Lizárraga, no es legal y tiene carácter de injerencia según Gustavo Torrico

Tras la revelación hecha por la exministra de Comunicación del régimen de facto de Jeanine Áñez, Roxana Lizárraga, sobre el hecho de que un gobierno “amigo” proporcionó en calidad de “préstamo” agentes químicos para la Policía y las Fuerzas Armadas, luego de consolidado el golpe de Estado de noviembre de 2019, el exasambleísta Gustavo Torrico indicó que esta figura no puede presentarse cuando se trata de armamento, sea letal o no.

“No hay esa figura de préstamo de agentes químicos, de ningún tipo de arma, sea esta letal o no letal, como son los gases lacrimógenos”, afirmó.

Lizárraga, en una entrevista, sostuvo que al conocer que la Policía y las FFAA no contaban con agentes químicos para dispersar un supuesto intento de hacer explotar la planta de Senkata, el gobierno de facto solicitó un préstamo de estos agentes químicos.

“Realizo personalmente una gestión para que nos puedan ayudar con agentes químicos, por eso sé que al país han llegado agentes químicos para impedir que explote la planta de Senkata”, sostuvo.

Este préstamo, según Torrico, no podría llevarse a efecto si se respetaban las normas internas de cada Estado.

“No hay préstamo, o sea, un Gobierno te podrá donar si tú quieres o te puede regalar cualquier tipo de armamento, los gringos pueden hacer eso, incluso Brasil te puede regalar si tú quieres y haces los acuerdos, pero no hay tal préstamo” ratificó.

En la entrevista, Lizárraga, además, ocultando el origen del préstamo, mencionó que se recibió una buena cantidad de agentes químicos, porque según una supuesta información de Inteligencia, podía ocurrir una guerra civil.

“Lo que iban a hacer estos extranjeros, ya les dije, no solo estamos hablando del masismo, estamos hablando de gobiernos como Irán, Siria, Hezbolá, las FARC, estamos hablando de cosas grandes y peligrosas”, sostuvo la exministra, en sintonía con las declaraciones que emitió Arturo Murillo para justificar la masacre de Senkata.

“Cuando se conoce ya del escándalo de corrupción del tema de los gases, que se da en abril, que lo conocemos más o menos por esas fechas, yo creí que habían adquirido los gases para devolver a este país amigo, y realicé la consultas y no devolvimos absolutamente ni un solo gas”, acotó.

En este contexto, Torrico señaló que, si el préstamo de agentes químicos se efectuó por trámite personal y de otros ministros del gobierno de facto, se hizo un uso indebido de influencias y un daño económico al Estado que debe ser investigado.

Finalmente, ratificó que legalmente no existe la figura de un préstamo de agentes químicos. “No se da, no se puede dar, imagínate que vayan y digan présteme, no hay tal, eso es armamento que son de los Estados”, resaltó Torrico.


 
Lizárraga considera un referente a Sánchez Berzaín, prófugo por la represión de 2003
Lizárraga considera un referente a Sánchez Berzaín, prófugo por la represión de 2003

La exministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, consideró que el acusado de genocidio Carlos Sánchez Berzaín, ministro de Defensa del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada en 2003, es un referente y aseguró que lo respeta.

“Respeto mucho al doctor Sánchez Berzaín, es una figura a nivel internacional muy respetada. El tiempo que estuve en Perú, EEUU y en otros países, me di de cuenta que es un referente para muchos países”, dijo en una entrevista con radio Fides.

Sánchez Berzaín es considerado en Bolivia como uno de los protagonistas de la represión de octubre de 2003. Fue parte del gobierno del expresidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, quien también huyó a EEUU. Ambos son acusados de genocidio.

Lizárraga informó que conoció a Sánchez Berzaín mediante la relación de periodista y entrevistado.


Abogado denuncia que Murillo ordenó desembolso de Bs 60.000 para un operativo en el caso bebé Samanta
Abogado denuncia que Murillo ordenó desembolso de Bs 60.000 para un operativo en el caso bebé Samanta

El abogado Frank Campero denunció este martes que el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, autorizó el desembolso de Bs 60.000 para realizar un operativo en contra de Lourdes Pacheco en el caso del rapto de la bebé Samanta.

“En este caso, tenemos entendido que el señor Arturo Murillo habría ordenado el desembolso de estos 60.000 bolivianos para la captura de Lourdes Pacheco y cuando se realiza la captura, se muestra a la señora, entienden que se equivocaron”, dijo en entrevista con Bolivia TV.

El 8 de septiembre de 2020, se reportó que una bebé de un mes fue raptada por una mujer en la zona de Villa Fátima de la ciudad de La Paz. Dos días después, el entonces Ministro de Gobierno difundió una fotografía de la presunta autora del hecho, Lourdes Pacheco, y ella al conocer del hecho desmintió estar vinculada en el caso; sin embargo, el 11 de ese mes, Murillo se disculpó y admitió la equivocación. El 12, el Gobierno informó que la niña fue rescatada.

Campero, abogado de Pacheco, aseveró que existen indicios de que también el exdirector nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Iván Rojas, está involucrado.

“Esta denuncia se está formalizando justamente ante el Ministerio Público con la finalidad de establecer dónde fueron a parar estos recursos económicos que teóricamente se utilizaron para la captura de Lourdes Pacheco y que, en horas posteriores, se estableció que no era la responsable de este secuestro”, aseveró.

Indicó que ni la Policía ni el Ministerio Público requieren del pago de recursos económicos particulares para que se realice un operativo en este tipo de casos.


Lizárraga atribuye a Doria Medina la designación de Murillo como ministro; el líder de UN dice que ella miente
Lizárraga atribuye a Doria Medina la designación de Murillo como ministro; el líder de UN dice que ella miente

La exministra de Comunicación del gobierno de facto, Roxana Lizárraga, reveló el lunes que el líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, apadrinó a Arturo Murillo al solicitar a la expresidenta Jeanine Áñez que lo designe como Ministro de Gobierno.

“Doria Medina fue uno de los padrinos para pedir a la presidenta Jeanine Áñez que sea Arturo Murillo el Ministro de Gobierno; no solamente eso, Arturo Murillo era amigo personal de Jeanine Áñez”, afirmó en entrevista para el programa Encontrados de Fides.

Murillo fue detenido la semana pasada en Estados Unidos, acusado de soborno y lavado de dinero. A ello se suma el proceso de extradición que inició el Ministerio Público por el caso “Gases Lacrimógenos”.

Ante esas aseveraciones, Doria Medina salió en respuesta, se deslindó de cualquier participación en el gobierno de facto y negó el haber sugerido a Murillo para que conforme el gabinete de Áñez. Dijo que Lizárraga, o está confundida o miente.

“Acepté la candidatura vicepresidencial en enero de 2020. Ahí comenzó mi relación política con Añez. ¿Cómo podía haber sugerido ministros antes? Murillo dejó UN en 2018. ¿Por qué lo querría como ministro? La señora Lizárraga se confunde o miente. UN no fue parte del gob. Interino”, escribió en su cuenta de Twitter.

Tiempo atrás, cuando Doria Medina decidió inclinarse por la candidatura a la vicepresidencia de Bolivia de la mano de Jeanine Áñez, aseguraba que confía en las medidas prometidas por ella y su gobierno para “evitar aprovecharse de los recursos del Estado”.

“Inicialmente me molestó que la Presidenta se presentara como candidata, pero confío en las medidas que ella prometió públicamente para evitar aprovecharse de los recursos del Estado y le ayudaré a cumplir esta promesa, porque primero esta la #Unidad y la #EstabilidadEconómica (sic)”, escribió en su cuenta de Twitter en aquella oportunidad.

Doria Medina, quien otrora resaltaba las acciones asumidas por el gobierno de facto, ahora trata de marcar un distanciamiento con esa gestión que quedó manchada por la corrupción.

"Una lucha sana y popular se convirtió en el trampolín de unos corruptos (…). La oposición necesita autocrítica e ideas para llegar al poder sin echarse a perder”, dijo Doria Medina en días pasados, mediante la red social.

 


Legisladores piden incluir a Doria Medina en las investigaciones por caso gases lacrimógenos
Legisladores piden incluir a Doria Medina en las investigaciones por caso gases lacrimógenos

Luego de que la exministra Roxana Lizárraga revelara que Samuel Doria Medina fue quien sugirió a Arturo Murillo para que ocupe la cartera del Ministerio de Gobierno en el gabinete del gobierno de facto de Jeanine Áñez, el diputado Sandro Ramírez (MAS) solicitó incluir al jefe de Unidad Nacional (UN) en las investigaciones por el caso gases lacrimógenos.

“En su Twitter, el señor Doria Medina desconocía a Arturo Murillo y resulta que la exministra revela que fue él quien sugirió que sea Ministro de Gobierno, eso significa que él es cómplice del golpe de Estado y de estos hechos irregulares en la compra de los gases lacrimógenos”, manifestó.

El legislador observó que tanto Doria Medina como otros políticos de oposición, que en su momento destacaban la labor nefasta de Murillo e incluso lo llamaban el “hombre fuerte” del gobierno, ahora traten de desligarse de cualquier relación con el exministro de Gobierno del régimen golpista.

“Esto refleja que Carlos Mesa, Tuto Quiroga y Doria Medina tuvieron mucho que ver en el golpe de Estado y fueron parte del gobierno de Áñez, pero ahora que Murillo está detenido quieren desligarse de sus responsabilidades”, sostuvo.

Por su parte, el senador Leonardo Loza afirmó que Doria Medina tiene muchas cosas que explicar ante el pueblo boliviano, desde su respaldo a la preparación y consolidación del golpe de Estado, hasta su participación en el gabinete de Jeanine Áñez.

“La principal golpista era su candidata a la presidencia, Samuel Doria Medina tiene en su conciencia cuántos ministerios a cuoteado durante la dictadura y tiene mucho que explicar”, señaló. 

Ambos legisladores coincidieron en que todos los actores políticos que fueron parte del gobierno de facto deben responder sobre los actos de corrupción que fueron perpetrados durante el régimen de Áñez.


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