El abogado estadounidense Thomas Becker afirmó este viernes que el caso gases lacrimógenos y la evidencia de la existencia de un clan mafioso en el gobierno de facto de Jeanine Áñez, puso en evidencia “un patrón de abusos” cometidos por el exministro de Gobierno, Arturo Murillo.

“Es importante entender que esto es parte de un patrón de varios abusos de Murillo y otras personas involucradas en su Ministerio. No solo es una acción de soborno, sino meses y meses de abusos y tienen que ser procesados en Bolivia”, dijo en una entrevista.

El jurista señaló que durante el gobierno de Áñez, varias personas trataron de avanzar con juicios por las irregularidades encontradas en distintas instituciones, pero fue imposible ya que nunca se aceptó ni un juicio en contra de su propio ministro.

“Comenzó hace un año y medio, mucho tiempo, creo casi un mes después de tomar el poder, cuando fue nombrado ministro. Estas acciones comenzaron esos días y como dije, no es como una acción, ha habido muchos abusos que continuaban por mucho tiempo y es porque son delitos muy serios aquí en Estados Unidos (EEUU) y me imagino que también en Bolivia”, aseveró.

Becker recordó que Murillo arriesga una condena máxima de 20 años, pero dependiendo cómo se presente el caso y las pruebas, podría reducir la sanción en 4 o 5 años.

El abogado de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard, opinó que Murillo “tiene que ser procesado en Bolivia”.

A convocatoria del presidente del Estado, Luis Arce, autoridades de los Órganos Ejecutivo y Legislativo instalaron una reunión ampliada de coordinación este viernes en la ciudad de La Paz, informó el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani.

“Esta reunión ampliada de los ministros de Estado y el Órgano Legislativo es, primero, para tener una coordinación entre los dos órganos y, segundo, vamos a tener también un informe pormenorizado de parte de los diferentes ministerios de lo que se está trabajando, ojalá con los diferentes departamentos”, dijo en un breve encuentro con los periodistas.

Asimismo, Mamani mencionó que la reunión es “fundamental”, porque permitirá corregir algunas dificultades que atravesaron ambos órganos en lo que va de la gestión gubernamental.

“Hasta este momento hemos tenido algunas dificultades como legisladores; por otro lado, los ministros también, porque muchos somos nuevos en este espacio, entonces hemos tenido dificultades y por eso aplaudo la decisión de nuestro hermano presidente, quien ha decidido tener esta reunión de dos días intensos para poder definir nuestra línea de coordinación entre los dos órganos del Estado”, ratificó.

En la reunión, realizada en el campo ferial Chuquiago Marka de la ciudad de La Paz y que concluirá el sábado, representantes de ambos órganos del Estado analizarán además las proyecciones en cuanto al trabajo que desarrollarán en los siguientes años de gestión.

“Nosotros como legisladores vamos a presentar todo un plan de legislación de todos estos cinco años, estamos trabajando en eso; también el Órgano Ejecutivo, por su lado, va a presentar. Entonces, esto es un inicio para, posteriormente, tener varias reuniones y por supuesto vamos a llegar a algunas conclusiones que van a ser de mucha importancia”, concluyó.

El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, solicitó este viernes que se investigue al Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) y al Comité Cívico Pro Santa Cruz por su participación y apoyo brindado al exministro Arturo Murillo, quien fue arrestado por los delitos de soborno y lavado de dinero en Estados Unidos.

“Son organizaciones sociales que ustedes conocen, por ejemplo, la organización del señor Waldo Albarracín, el Conade, que defendía (Arturo Murillo) a raja tabla, también puedo sindicar claramente al Comité Cívico de Santa Cruz; entonces esta gente protagonizó un paro para robar al Estado boliviano”, dijo la autoridad según un boletín de prensa.

El pasado 26 de mayo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, fue arrestado por soborno y lavado de dinero, enmarcado en la compra irregular de armamento no letal a una empresa intermediaria norteamericana. Se estima un sobreprecio de $us 2,3 millones.

En ese marco, Montaño sostuvo que estas organizaciones también deben ser investigadas por el robo millonario; además del gabinete ministerial completo encabezado por Jeanine Añez.

“Está en la Fiscalía, nada más la justicia tiene que verificar aquello y tiene que citarlos. Se debe investigar si participaron o no en este robo que han realizado a nuestra Bolivia”, sostuvo.

Asimismo, reiteró que esos grupos, en primera instancia, deben extender las disculpas pertinentes al pueblo boliviano.

Tres son los decretos supremos con los que el gobierno de Jeanine Áñez viabilizó la adquisición de gases lacrimógenos con el fin de reforzar a las fuerzas combinadas entre militares y policías para reprimir movilizaciones que cuestionaban el régimen.

Según datos proporcionados por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, el 29 de noviembre de 2019, Áñez y su gabinete firmaron el Decreto Supremo 4090 que autorizó al ‪Ministerio de Defensa la “adquisición excepcional” de gases antidisturbios o antimotín para la ‪Policía Boliviana.

“Se autoriza de manera excepcional al Ministerio de Defensa realizar la adquisición excepcional de materiales relacionados a municiones para la Policía Boliviana en el marco del Artículo 32 de la Ley Nº 400, de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados, de 18 de septiembre de 2013”, se lee en el Artículo 2 de la norma.

A eso, se suma otro documento: el Decreto Supremo 4116 del 12 de diciembre de 2019. Áñez y sus ministros firmaron y promulgaron esta norma que abroga el Decreto Supremo 4090 y autoriza al Ministerio de Defensa la “contratación directa en el extranjero” para adquirir gases lacrimógenos.

“Se autoriza al Ministerio de Defensa la contratación directa en el extranjero, de material bélico, bienes de uso militar y otros materiales relacionados, por seguridad y defensa del Estado”, se lee en el Artículo 2.

Dos meses después, el 27 de febrero de 2020, Áñez y su gabinete reasignaron al ‪Ministerio de Gobierno un monto de Bs 40.068.000 mediante el Decreto Supremo 4168 que se transfirieron al ‪Ministerio de Defensa para adquirir agentes antidisturbios.

“El presente Decreto Supremo tiene por objeto autorizar la reasignación de recursos del Tesoro General de la Nación - TGN a través del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas al Ministerio de Gobierno”, se lee en el Artículo 1 de dicha norma.

“Los pagos con coimas y sobreprecio se realizaron desde marzo hasta abril de 2020”, indica el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional en una publicación difundida esta jornada en su cuenta oficial de la red social Facebook.

Los datos fueron proporcionados un día después de que el Departamento de Justicia de EEUU informara que el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, puede recibir una sanción de 20 años de cárcel por estar involucrado en un hecho de sobornos y lavado de dinero por el caso denominado gases lacrimógenos.

Mediante un comunicado oficial, indicó que Murillo, Rodrigo Méndez, Luis Berkman, Bryan Berkman y Philip Lichtenfeld participaron en un esquema de soborno entre noviembre de 2019 y abril de 2020, por lo que fueron aprehendidos.