El exvicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Antonio Costas, aseguró que la auditoría hecha por la Organización de Estados Americanos (OEA) respecto a los resultados de las elecciones presidenciales de 2019 es errónea y carece de un trabajo técnico.

“El trabajo que hizo la OEA, en términos técnicos en general, no fue profesional, no fue eficiente. No hubo auditoría, porque el informe final no tiene firma, no hay una firma del auditor”, aseguró en entrevista con el canal XTOTV.

“El informe preliminar, que debería ser entregado a las partes interesadas para los descargos, se publica en la página web (de la OEA). Y, eso es una barbaridad, porque en base a ese informe preliminar estuve detenido casi año y medio sin prueba”, dijo Costas, quien el 10 de noviembre fue aprehendido y luego enviado a la cárcel San Pedro de La Paz con detención preventiva.

El 10 de noviembre de 2019, la OEA publicó un informe preliminar en el que cuestionó la transparencia de las elecciones presidenciales en Bolivia sobre un presunto cambio de tendencia en el conteo de votos. Esa situación provocó movilizaciones en diferentes sectores del país, una crisis política y la renuncia del entonces presidente Evo Morales, quien denunció golpe de Estado.

El 4 de diciembre de ese año, la organización internacional publicó un informe final con base en lo que consideró una auditoría realizada a las elecciones generales del 20 de octubre en Bolivia, en la que se ratifica en sus observaciones; sin embargo, hasta la fecha, no se pudo demostrar el supuesto fraude.

“La base de datos central, donde estaba almacenada toda la información del TREP (Transmisión de Resultados Electorales Preliminares) nunca fue modificado, se lo puede ver directamente en las bases de datos. Nunca fue modificado”, dijo Costas. 

Además, aseveró: “Aquí estamos demostrando que en primer lugar se manipularon las marcas de tiempo y se indujo al criterio de decir que hubo un cambio de tendencia”.

“Yo entiendo que el Ministerio Público también ha hecho un trabajo muy difícil, porque teniendo un informe tan deficiente de la OEA, que fue la base para la acusación, ha llegado a una conclusión en las departamentales que en mi criterio es la que corresponde”, sostuvo.

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima Magne, confirmó el 14 de junio que, con la ratificación de sobreseimiento del Ministerio Público a favor de los exvocales electorales de Oruro, se verifica objetivamente que en Bolivia nunca existió el denominado fraude.

El sobreseimiento confirmado de la Fiscalía orureña se constituyó en la última ratificación del Ministerio Público que deja sin efecto los nueve procesos de investigación por supuesto “fraude electoral” contra exvocales electorales departamentales.

La madre del periodista argentino Sebastián Moro, Raquel Rocchietti, exigió este viernes justicia por la muerte de su hijo durante el golpe de Estado de 2019 en Bolivia, y pidió cooperación para continuar con la investigación que permita procesar y castigar a los responsables.

“Exigimos justicia y que nos ayuden las autoridades nacionales, y continuar trabajando con esta causa de investigación porque la muerte de Sebastián no fue por causa natural”, expresó, en el marco de la reunión especial de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos del Parlamento Andino.

El reportero de medios relacionados a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia y corresponsal del diario argentino Página/12, Sebastián Moro, denunció el golpe de Estado contra Evo Morales entre la violencia postelectoral de 2019 y murió en una clínica de la ciudad de La Paz, por un accidente cerebro vascular y politraumatismos que su familia afirma eran el resultado de ser apaleado y torturado hasta causarle la muerte.

En ese sentido, Rocchietti denunció que el gobierno de facto de Jeanine Áñez investigó el caso como si se tratara de una muerte por causa natural o policial, pero afirmó que su hijo falleció en pleno ejercicio de sus funciones periodísticas.

“La persecución ideológica, el encubrimiento, el abandono de personas, el atentado contra la libertad de expresión, la complicidad, el silenciamiento, el callar o borrar pruebas son delitos de lesa humanidad, tienen nombre y apellido y deben ser castigados”, recordó.

Asimismo, Rocchietti dijo que la muerte de Moro tiene que derivar en una reparación histórica del daño, para lo que se precisa un juicio y la aplicación de un castigo en contra de los responsables.

Finalmente, indicó que el periodista argentino llegó a Bolivia con el deseo y el compromiso de continuar con su trabajo por la “Patria Grande”, un proyecto de integración regional liderado por el expresidente Evo Morales, así como la defensa de los derechos humanos con el seguimiento de juicios de lesa humanidad, para lo que recibió formación profesional.

El viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, afirmó este viernes que las obras que se entregan en el departamento de La Paz y en otras regiones del país demuestran el trabajo que realiza el Gobierno nacional para la reactivación económica.

“Estas obras que benefician a este departamento empiezan a cambiar la situación, pese al olvido que ha tenido de algunos municipios, en especial de la ciudad de La Paz, pues muestra el trabajo que ha venido haciendo nuestro instrumento político, hoy a la cabeza de nuestro presidente Luis Arce que ha estado muy activo”, sostuvo en una entrevista para Bolivia Tv.

Ruiz destacó que el presidente Luis Arce estuvo en “diferentes municipios, en Desaguadero entregando una terminal, entregando también mercados, centros de salud, gas domiciliario, 25.000 conexiones para las diferentes familias”.

También señaló que el gobierno del Movimiento Al Socialismo fue el único que pudo llegar a los diferentes niveles de gobierno, no solamente de manera presencial, sino también con obras.

También calificó de “nefasto” el periodo 2020 en lo referente al decrecimiento económico en el país y la paralización de obras y programas. Sin embargo, destacó que el gobierno Arce está reactivando todos esos proyectos que estuvieron estancados.

“Hasta antes del golpe (de Estado), éramos uno de los países con mayor estabilidad, con mayor crecimiento económico, y eso permitía que Bolivia empiece a desarrollarse”, recordó.

El exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão, pidió este viernes una investigación “contundente” y “diligente” sobre la cooperación de algunos países de la región para proveer armamento bélico y antimotín para el golpe de Estado de 2019 en Bolivia.

“Yo ya me he manifestado por la necesaria, contundente, diligente, seria investigación en relación a estos hechos (…). Requiere una investigación muy seria y requiere de parte de nosotros, de la comunidad latinoamericana de derechos humanos, una expresión de solidaridad, de indignación y de movilización, para que, hasta el final, en sus últimas consecuencias, esta posibilidad de una cooperación regional para la represión en el país sea desestimulada y responsabilizada”, aseveró, en el marco de la reunión especial de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos del Parlamento Andino.

Bolivia denunció que los gobiernos del expresidente de Ecuador, Lenin Moreno, y su entonces homólogo de Argentina, Mauricio Macri, proveyeron armamento bélico y antimotín para reprimir al pueblo durante las protestas populares que rechazaron el golpe de Estado en el territorio nacional en 2019, mediante el que se impuso el gobierno de facto de Jeanine Áñez.

En ese contexto, Abrão señaló que una de las líneas de la investigación debe dirigirse a establecer la procedencia de material bélico y antimotín no compatible con los calibres de uso oficial en el territorio boliviano, que fueron colectados durante la investigación de las protestas populares suscitadas durante la ruptura del orden institucional.

El activista recordó que ese hecho es importante, puesto que sirvió para que los gobernantes de facto sostengan la “absurda tesis” de que los manifestantes se autoatacaron, con el fin de culpabilizar y criminalizar la acción de las personas que rechazaban los actos violentos del golpe de Estado que vulneraban su derecho a la vida.

“Si no eran materiales de calibres oficiales, ahí está un indicio muy serio y muy importante de que estos materiales tenían origen desde afuera y no (eran) necesariamente los materiales oficiales del país”, agregó.

El extitular de la CIDH dijo, finalmente, que la cooperación de algunos de los gobiernos de la región para el golpe de Estado en Bolivia fue una clara violación de los derechos humanos en democracia y provocó un retroceso de 50 años en el proceso de integración regional.