El intendente municipal de El Alto, Juan Manuel Huaynoza, informó este miércoles que el martes por la noche intervinieron dos bares, porque comercializaban bebidas alcohólicas sin autorización en alrededores de la Universidad Pública de El Alto (UPEA).

“Dos bares han sido intervenidos al frente de la UPEA y el otro fue en la tranca de Río Seco. Al momento de control, hemos evidenciado que estos dos no contaban con la licencia de funcionamiento correspondiente. Los propietarios no contaban con los carnets sanitarios, no contaban con las medidas de bioseguridad ni el carnet de vacunación. Asimismo, el área de inocuidad no reportó que existían bebidas adulteradas”, explicó Huaynoza a Bolivia TV.

El jefe policial explicó que por las múltiples faltas estos “karaokes discoteca” fueron clausurados. Los efectivos procedieron al decomiso de los muebles, sillones, equipos de sonido, bebidas y otros enseres que serán cuantificados en un informe y las bebidas, desechadas.

Aseveró que los operativos continuarán en zonas donde existe mayor afluencia de personas para evitar este tipo de ilícitos y clausurar los bares clandestinos.

El director departamental de Tránsito de La Paz, Ricardo Pérez, informó este miércoles que, según una investigación preliminar, una falla en el sistema de frenos en un micro provocó el choque múltiple en la zona Bajo Tacagua el martes.

“Según la versión preliminar que hemos obtenido del conductor y también de los elementos que hemos colectado en el lugar de los hechos, llegamos a establecer que es un problema del sistema de frenos y también la falta de pericia del conductor”, aseveró en entrevista con Red Uno.

La mañana del martes 12 de octubre, la avenida Feliciano Kantuta de la zona Bajo Tacagua en La Paz fue el escenario del accidente. El micro protagonizó un choque múltiple de cuatro vehículos y dejó el saldo de más de 15 personas heridas.

Pérez aclaró que el tipo de micro que provocó el accidente ya no debe estar en circulación por las características del modelo. Dijo que son estos motorizados los que prestan un servicio a las personas que viven en sectores periurbanos, por lo que instó a buscar una solución integral.

Señaló que este tipo de vehículos, regularmente, cumplen con la inspección técnica  vehicular, pero muchos de los conductores no acatan el mantenimiento. Remarcó que los propietarios deben hacer revisiones al sistema de frenos, al sistema eléctrico, llantas y otros de manera permanente.

El abogado estadounidense, Tomas Becker, dijo que en los siguientes meses o hasta el siguiente año se prevé la finalización del juicio civil que iniciaron las víctimas de la masacre de 2003 en contra de Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín, quienes se refugiaron en EEUU.

El jurisconsulto, entrevistado en el programa “Primer Plano”, de Bolivia Tv, indicó que es poco probable que la Corte Suprema norteamericana acepte una nueva apelación de la defensa de Sánchez de Lozada, a quien se conoce como “Goni”, y de Sánchez Berzaín.

“En teoría puede pasar en estos meses o tal vez el próximo año, todo puede terminar. Hay la posibilidad siempre de apelar una vez más a la Corte Suprema, pero es muy raro que la Corte Suprema acepte casos. Entonces lo más probable es que pueda terminar el próximo año”, indicó Becker.

“Hemos tenido varias luchas legales, pero en este año, en abril, el juez decidió que las víctimas han ganado el juicio y Goni y Sánchez Berzaín son responsables de ejecuciones extrajudiciales”, agregó.

En abril, un juez estadounidense ratificó una sentencia que obliga al expresidente Sánchez de Lozada a pagar una indemnización de $us 10.000.000 por la masacre de opositores ocurrida en 2003.

La sentencia quedó ratificada después de que un tribunal estatal de Florida rechazara una segunda apelación de Sánchez de Lozada y de su exministro de Gobierno, Sánchez Berzaín.

Sánchez de Lozada renunció a la presidencia de Bolivia en octubre de 2003 tras la muerte de 67 personas en la ciudad El Alto y campesinos reprimidos a bala por militares. Está refugiado desde entonces en Estados Unidos, junto con Sánchez Berzín y otros excolaboradores.

La sentencia original fue dictada en 2018 por un jurado de Florida y halló responsables a los exgobernantes bolivianos en el marco de la Ley de Protección a las Víctimas de la Tortura (TVPA), pero fue anulada por el juez James Cohn quien condujo ese proceso arguyendo supuesta falta de pruebas, lo que devino en un largo ciclo de apelaciones, informó Telesur.

Milton Tancara, padre de Anakin, el joven universitario que fue descuartizado por su expareja, informó este martes que la Fiscalía y la Policía realizaron la “prueba de luminol” en la casa de Luz, lugar donde el joven perdió la vida y fue desembrado por su pareja y un cómplice, en la ciudad de El Alto.  

“Las pruebas principales ya están (…), lo que se está realizando simplemente es una corroboración a esas pruebas que nos van a pedir en el Juzgado cuando se realice la audiencia”, indicó Tancara a los medios de comunicación.

Según el reporte de un efectivo policial, con la pericia se determinará si existen restos de sangre o biológicos en el lugar del hecho, además se realizará una planimetría y fotografía forense. Aclaró que la pericia es objetiva y que los resultados serán una “prueba técnica científica”.

La semana pasada el padre de la víctima exigió que las investigaciones avancen porque la defensa de Álvaro, coimputado por el asesinato de Anakin, estaría intentando cambiar la figura legal de asesinato a homicidio.

El 1 de septiembre, vecinos de la zona Bella Vista de El Alto encontraron partes de un cuerpo, la Policía Boliviana realizó el levantamiento e identificó a la víctima como Anakin Tancara, un estudiante de Derecho de la Universidad Pública de El Alto (UPEA). Por la tarde, los efectivos encontraron el torso en la casa de Luz.

El 3 de septiembre, el Juzgado Segundo de Instrucción en lo Penal de El Alto determinó la detención preventiva de Álvaro en Chonchocoro y de Luz en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores, mientras dure la investigación del hecho.