El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, reiteró la invitación pública a los representantes de partidos opositores como el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, Carlos Mesa, jefe de Comunidad Ciudadana, Jorge “Tuto” Quiroga, Waldo Albarracín, entre otros, a participar del análisis “acta por acta” sobre el proceso electoral de 2019 que desarrolla la Procuraduría en la ciudad de El Alto.

“Hemos vuelto a invitar a la oposición, estamos esperando que ellos vengan. Quienes han indicado que había fraude electoral estamos esperándoles con sus butacas a Carlos Mesa, a (Luis Fernando) Camacho a (Jorge) Tuto Quiroga, a Waldo Albarracín, a ese señor (Edgar) Villegas a todas las personas y fuerzas políticas.

La revisión se realiza en las instalaciones de la Procuraduría en la ciudad de El Alto, lugar donde se tiene sillas reservadas para las personas y actores políticos que en la gestión 2019 denunciaron que existió fraude en el proceso electoral.

“Estamos esperándoles para que confrontemos las ideas y sobre todas las actas con el personal de juventud que nos acompaña haciendo este análisis de acta por acta, es un trabajo especial que estamos haciendo con la Procuraduría”, detalló la autoridad en declaraciones difundidas por Bolivia TV.

Chavéz pidió a las fuerzas políticas y otros sumarse a esta revisión para demostrar si existió fraude. Aseveró que durante estos días ya se revisaron las actas del servicio exterior y los departamentos de Tarija, Oruro y La Paz; y se analizan las actas de Cochabamba y Beni.

Aseveró que el jueves la revisión se centrará en los resultados de Santa Cruz y el viernes será el turno de Chuquisaca y Potosí. Se prevé que el lunes se pueda brindar un informe detallado sobre los resultados de este análisis. 

El "Análisis de las Actas", se realiza en las instalaciones de la Procuraduría, ubicada en la ciudad de El Alto, en la calle Martín Cárdenas, esquina calle 11 de Junio de la zona Ferropetrol.

El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional desmintió este miércoles que esa instancia hubiera realizado alguna solicitud o instrucción a las Notarías de Fe Pública, o notarios, para no protocolizar la compra y venta de bienes inmuebles.

“El Ministerio (…) desmiente categóricamente que se hubiera difundido alguna nota, solicitud y menos instrucción a notarias y notarios de fe pública para no protocolizar la compra - venta de bienes inmuebles”, señala un comunicado institucional.

Según el reporte, la información que circula en las redes sociales, como grupos de WhatsApp o Facebook, es falsa y corresponde a una campaña de mentiras con afanes políticos.

“La información que circula al respecto es falsa y se usa para alimentar la campaña de mentiras”, indicó el Ministerio de Justicia.

Esa Cartera de Estado reiteró que el Proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas no está vigente.

La Fiscalía Especializada Anticorrupción y Legitimación de Ganancias Ilícitas, Delitos Aduaneros y Tributarios citó para el jueves al alcalde de la ciudad de La Paz, Iván Arias, sindicado por la presunta comisión del delito de desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad.

“En caso de incumplimiento se expedirá Mandamiento de Aprehensión de acuerdo a la previsión legal contenida en el Art. 224 del Código de Procedimiento Penal, y el Art. 58 numeral III de la Ley Orgánica del Ministerio Público (sic)”, se lee en parte de la citación difundida por Bolivia TV.

La autoridad edil debe presentarse mañana a las 08.30 para prestar su declaración informativa en calidad de sindicado.

El Artículo 179 bis del Código Penal está referido a la desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad.

“La Servidora, Servidor Público o personas particulares que no cumplan las resoluciones, emitidas en acciones de defensa o de inconstitucionalidad, serán sancionadas o sancionados con reclusión de dos a seis años y con multa de cien a trescientos días (sic)”, se lee en la norma.

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, aseveró este miércoles que el proyecto contra legitimación de ganancias ilícitas no afecta el comercio informal. Explicó que esta propuesta normativa pretende, al contrario,  luchar contra personas que perciban ingresos de manera ilícita como el lavado de dinero.

“El nivel de la informalidad que pueda darse en el país de ninguna manera puede ser objeto de sanción mediante esta ley. (…) Puede ser que haya una economía informal, pero eso no es delito, el delito es cuando recibes dinero del narcotráfico, del tráfico de armas o del crimen organizado”, aclaró en entrevista con Bolivisión.

Reiteró que esta norma está como proyecto en la Comisión de Constitución del Senado y su tratamiento fue suspendido para socializar los alcances y evitar que se siga distorsionando.

“Se habla del crimen organizado que recibe recursos y los legitima.  El lavado de dinero es algo que se ha visto en Papeles de Panamá, Pandora Papers y, en general, en todos los graves delitos que pueda haber”, indicó.

Aseveró que existen algunas versiones que intentan confundir a la sociedad al indicar que la economía informal puede ser un delito. Indicó que desde 1997 cualquier operación sospechosa genera un reporte de información con una serie de mecanismos y filtros para investigar si se trata de un delito.

“Hay una grave distorsión porque (este proyecto de ley) no está en contra  de los gremiales, no está en contra de los choferes o de las iglesias y mucho menos en contra de los periodistas”, explicó. “El proyecto no es una ley todavía”, acotó.