(Foto: Min. Gobierno)

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó este lunes que la Fuerza Especial de Lucha Contra Narcotráfico (FELCN) ejecutó el operativo antinarcóticos denominado “Katari”. Las acciones antidroga afectaron al narcotráfico en $us 750.000 y cuatro personas implicadas en este ilícito en la carretera La Paz – Oruro fueron arrestadas.

“Se ha realizado un operativo denominado ‘Katari’ con el objetivo de detectar actividades vinculadas al narcotráfico (…) Con este operativo, se afectó al narcotráfico con un total de 750 mil dólares”, detalló en conferencia de prensa.

Explicó que este operativo se desarrolló el 8 de octubre en la tranca de “Peaje Achica Arriba” en la carretera La Paz – Oruro, donde se interceptaron dos vehículos, una vagoneta y una camioneta. Las personas sospechosas, al ser consultadas  por efectivos antinarcóticos, mostraron nerviosismo y entraron en contradicciones por lo que fueron trasladados a oficinas policiales.

“Se requisaron los vehículos en presencia de los arrestados y se encontró 146 paquetes de tipo ladrillo, que en su interior tenían 150 kilogramos de clorhidrato de cocaína; adicionalmente, se secuestraron cuatro celulares y se procedió a la aprehensión”, indicó.

Aclaró que en el mismo puesto de control se logró aprehender a otra persona que trasladaba cinco kilos de cocaína, por lo que también se procedió a su aprehensión. Los cuatro aprehendidos del operativo Katari, son Edgar F. C., Marco A. V. C., Benito P. E., José L. P. E.

El comandante general de la Policía Boliviana, Jhonny Aguilera, informó este lunes que a nivel nacional existe normalidad y que una cantidad reducida de personas busca bloquear en Cochabamba y Santa Cruz. En tanto, en la ciudad de La Paz, se reporta libre tránsito tras amagues de bloqueo en la zona Sur.

“Este es un día que tiene gran normalidad, por lo menos en lo que corresponde a la ciudad de La Paz. Hemos presenciado amagues de bloqueos, los cuales en perfecta armonía con la población han sido desbloqueados”, aseveró el jefe policial en contacto con Bolivia Tv.

Aseveró que se desplegaron efectivos policiales para resguardar la seguridad de la población, en puntos estratégicos que son comúnmente lugares de bloqueo. Sin embargo, añadió que, según el reporte, el servicio de transporte se desarrolla con normalidad en la sede de Gobierno.

“Existe gran normalidad y afluencia de las personas a sus trabajos”, indicó.

Aclaró que en el interior del país se logró constatar que existen 56 puntos de bloqueo, pero que representa una cantidad reducida.

El Comité Cívico Pro Santa Cruz y el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, junto a políticos de oposición, convocaron para hoy a un paro cívico nacional en contra del Gobierno central.

La  medida que fue criticada por organizaciones sociales por atentar contra la reactivación económica y afectar al ingreso económico de las familias bolivianas.

(Foto: Min. Gobierno)

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó este lunes que el 95% de las vías en el departamento de Santa Cruz están expeditas pese a la convocatoria al paro nacional convocado para hoy. Explicó que alrededor de siete departamentos no acatan la suspensión de actividades.

“El día de hoy, estaba convocado para un paro nacional masivo; sin embargo, hemos visto que en siete departamentos existe absoluta normalidad (...) En el departamento de Santa Cruz, tenemos casi el 95 por ciento de todas las vías expeditas", explicó a los medios de comunicación.

Añadió que en Santa Cruz se reportaron 50 puntos de bloqueo, pero cada punto tiene entre 10 a 20 personas. En Cochabamba, se tienen seis puntos de bloqueo y, en La Paz, se instaló un punto en la zona Sur con algunas personas que se sumaron a la medida.

Aseveró que en los demás departamentos existe “absoluta normalidad” e indicó que es un mensaje del pueblo boliviano que desea trabajar y reactivar la economía afectada tras el régimen de Jeanine Áñez y la pandemia del COVID-19.

"Este es un mensaje del pueblo boliviano que quiere trabajar por una reactivación económica", aseveró.

Condenó la convocatoria del gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, y el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, por  incitar y movilizar grupos de choque para "impedir que las personas realicen normalmente sus actividades".

Aclaró que se garantiza el derecho a la protesta, siempre y cuando no se vulneren los derechos de otras personas.

“Pedimos que no caigan en escenario de violencia y que garanticen el trabajo y el libre tránsito a aquellas personas que deciden llevar el pan de cada día a sus hogares, son personas que no tienen una herencia, son personas que no tienen otro tipo de ingresos”, indicó.

El director general del Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, aseveró este domingo que, con el informe oficial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de la expresidenta de facto, Jeanine Áñez, donde niega las medidas cautelares a la exmandataria, se desmiente las “falacias” de la defensa, familiares e incluso actores políticos que afirmaban que se estaban vulnerando sus derechos al interior del recinto penitenciario.

“Sistemáticamente sus abogados, familiares y actores políticos estaban vertiendo mentiras y falacias respecto a que el Estado boliviano estuviera vulnerando sus derechos y estuviera matándola. Hoy se desnuda toda esta sarta de mentiras, puesto que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoce todo el esfuerzo, trabajo y medidas asertivas que ha ido desarrollando nuestro Gobierno en favor de la privada de libertad Jeanine Áñez”, sostuvo Limpias en declaraciones difundidas por Bolivia Tv.

Reprochó que actores políticos, la defensa y familiares de la exmandataria de facto hayan realizado una campaña en la que intentaron hacer creer que Áñez sufría agresiones contra su integridad y no tenía acceso a un tratamiento de salud adecuado.

Limpias indicó que, para precautelar la salud de Áñez, se conformaron juntas médicas con especialistas del régimen penitenciario y médicos de cabecera y de confianza de la familia de la reclusa para estudiar su caso y determinar los tratamientos a seguir.

Asimismo, se llegó a trabajar con la participación de instituciones independientes que velan por los derechos humanos a nivel nacional e internacional, quienes verificaban que no exista la vulneración de los derechos de la privada de libertad.

Por otro lado, se garantizó la atención de un médico especialista y una enfermera las 24 horas además, de que consume alimentación “especial” traída desde afuera del Centro Penitenciario Femenino de Miraflores, en la ciudad de La Paz. También se permite el ingreso diario de sus familiares y abogados.

“Creo que prácticamente nos ha dado una felicitación, respecto a las medidas que hemos asumido y nos pide que sigamos manteniendo estas medidas. Exhorta a la familia, en este sentido, a sumarse a las medidas positivas que está implementando nuestro Estado boliviano”, indicó.

Limpias instó a esas personalidades a aceptar la determinación, porque fue el máximo ente internacional quién estableció que en ningún momento se vulneraron los derechos humanos de la detenida.

Áñez y su hija Carolina solicitaron a la CIDH medidas cautelares el 27 de agosto. La CIDH pidió a Bolivia el 31 de agosto informar sobre la salud de Áñez y del acceso a atención médica, porque supuestamente se ponía en riesgo su derecho a la vida.

El Gobierno envió un informe de 55 fojas en las que se establecieron los derechos y garantías de Áñez, a fin de demostrar que estos no son vulnerados y que cuenta con todas las garantías.

La CIDH negó las medidas cautelares solicitadas por Ribera. Debido a la situación, decidió cerrar el caso.

Áñez está con detención preventiva acusada por los delitos de terrorismo, conspiración y sedición cometidas en 2019 en un proceso judicial iniciado por la exdiputada Lidia Patty.

Durante su gobierno de facto, alrededor de 37 personas fueron asesinadas en protestas sociales y más de 800 resultaron heridas, además se reportaron más de 1.000 personas perseguidas y torturadas.