(Foto: Ministerio de Justicia)

El viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, informó este jueves que se logró una conciliación entre un usuario y el hospital “Corazón de Jesús”, de la ciudad de El Alto, para que se entregue el cadáver de una mujer que fue retenido por deudas.

“Se realizó un operativo en el hospital ‘Corazón de Jesús’ de la ciudad de El Alto, a raíz de la denuncia de un usuario, el mismo que indicaba que el hospital en cuestión se negaba a entregar el cuerpo de su madre por no haber cancelado los servicios médicos en su totalidad”, informó Silva, según un boletín institucional.

El reporte señala que un equipo del Viceministerio realizó un operativo en el centro hospitalario para verificar ese hecho y gestionar una conciliación entre las partes.

Silva se reunió con el responsable del hospital y logró llegar a una conciliación para dar curso a los procedimientos establecidos, mediante el cual se autorizó la entrega del cuerpo.

Asimismo, se informó que se acordó realizar una auditoría a todos los gastos médicos desde la hospitalización de la paciente, con el fin de verificar que no existan cobros excesivos, según la Resolución Nº 043 emitida por el Ministerio de Salud que asegura una escala única de precios para el servicio médico COVID-19.

(Foto: Ministerio de Justicia)

El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, Cesar Siles, señaló este jueves que existen nueve realidades distintas en el país, por lo que amerita un tratamiento en el marco de un plan común orientado a mejorar el acceso, la transparencia y la eficiencia en la administración de justicia en Bolivia.  

“Hay nueve realidades diferentes, los diagnósticos son diferentes y los planes tienen que ser diferentes, pero a partir de un plan común que debe aplicarse en cada realidad”, expresó la autoridad en la ciudad de Sucre, según un informe institucional.

Durante esta jornada se realizó el cierre de la etapa de socialización de los ejes de la Reforma Judicial en el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Chuquisaca, misma que inició el 3 de septiembre en Oruro.

El viceministro Siles encabezó la socialización de los seis ejes de la Reforma Judicial en los nueve departamentos del país. Durante la misma se logró recolectar aportes a la propuesta que ahora serán sistematizados, para luego trabajar en un plan presupuestario.

El 1 de septiembre, el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, anunció la ruta crítica de 90 días para la socialización, sistematización y definición presupuestaria de la reforma de la justicia plasmada en seis ejes: balanceo del conflicto, sistema de acceso a la justicia, independencia judicial, soluciones TIC, desarrollo normativo y transparencia institucional.

El fiscal departamental de La Paz, William Alave, informó este jueves que la autopsia médico legal realizada por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), confirmó que el recién nacido encontrado en un contenedor de basura en la Ceja de la ciudad de El Alto fue estrangulado. El Ministerio Público investiga de oficio ese caso por Infanticidio.

“El Ministerio Público, en el marco de sus atribuciones, inició la investigación de oficio por la muerte de un recién nacido por el delito penal de Infanticidio contra el autor o autores (…); la autopsia señaló que el bebé sufrió una muerte violenta", dijo Alave.

Según un reporte de la Fiscalía, se hizo el registro del lugar donde fue encontrado el menor, también se emitió el requerimiento de las imágenes de cámaras de seguridad circundantes para identificar a la persona o personas que lo dejaron en el contenedor.

El fiscal de delitos Contra la Vida de El Alto, Favio Maldonado, explicó que ese hecho se conoció el 9 de octubre a las 08.10, cuando transeúntes informaron de la existencia del cuerpo de un bebé recién nacido, que habría sido encontrado en una bolsa verde al interior de un contenedor de basura que está a la altura del puente de la Ceja de la ciudad de El Alto.

Según el reporte preliminar, al momento del levantamiento del cuerpo tenía un surco equimótico en la región del cuello con una cuerda plástica transparente y, según la autopsia médico legal realizada por el IDIF, se determinó que el bebé murió por anoxia anóxica, compresión cervical externa y asfixia mecánica por estrangulamiento.

El exvocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Idelfonso Mamani, anunció este jueves que se iniciarán procesos penales en contra de fiscales y jueces que actuaron por el denominado caso “fraude electoral”; sin embargo, tras la decisión de la Fiscalía de cerrar el caso, ahora los afectados los demandarán por acusación falsa y pedirán un resarcimiento por los daños ocasionados.

“En realidad son más de cincuenta vocales a nivel nacional y una cantidad similar de funcionarios que también han sido perseguidos políticamente y han sido sobreseídos (…). Hay varias acciones que vamos a realizar, inicialmente presentaremos una acción penal por acusación y denuncia falsa”, explicó Mamani.

Según el exvocal, con esa decisión de la Fiscalía se confirma que no existió delito en el proceso electoral de la gestión 2019, por lo que ahora presentarán una nota formal al Órgano Ejecutivo solicitando que se implemente el plan de reparación integral a las víctimas, como lo indica el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia).

“La Fiscalía, en revisión, opta por el sobreseimiento (…) por la inexistencia del delito en la gestión 2019, con esa determinación fiscal se da por finalizado aquel proceso político que se había iniciado en contra de las exautoridades”, expresó Mamani.

El 13 de octubre el fiscal departamental de La Paz, William Alave, ratificó el requerimiento conclusivo de sobreseimiento a favor de cinco exvocales del TSE por el supuesto delito de fraude electoral registrado en los comicios de 2019 y determinó el cierre del caso.

La resolución fue emitida a favor de María Eugenia Choque Quispe, Antonio Costas Sitic, Edgar Gonzales López, Lucy Cruz Villca e Ildefonso Mamani Romero, quienes estaban sindicados por la comisión de los delitos de falsificación de documentos o uso de documento falsificado, manipulación informática, alteración y ocultación de resultados y beneficios en función del cargo, entre otros.