El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) de Oruro, Rafael Cáceres, informó este martes que un operativo antinarcóticos logró el secuestro de sustancias controladas, entre marihuana y cocaína, además de armamento y municiones, por lo que se procedió al arresto de dos personas en el municipio de Challapata.

“El personal (de la FELCN) se traslada hasta la localidad de Challapata, donde tenemos la aprehensión de dos personas, se trata de un ciudadano boliviano de  53 años y un ciudadano de nacionalidad colombiana de 42 años. La cantidad de droga secuestrada es de 93 cápsulas tipo ovoide, conteniendo una sustancia blanquecina (…) Sometida a la prueba de campo, da resultado positivo a cocaína”, indicó Cáceres a Bolivia TV.

Según el reporte, efectivos interceptaron en horas de la madrugada un vehículo sospechoso en la población de Huari. En la requisa de esta vagoneta marca Toyota, un can entrenado de la FELCN alertó sobre la existencia de partículas de sustancias controladas, razón por la que los efectivos antinarcóticos se trasladaron hasta el municipio de Challapata.

Cáceres añadió que como resultado de este operativo se logró secuestrar sustancias controladas, 992 gramos de cocaína que estaban en cápsulas tipo ovoide y 43 gramos de marihuana que estaba en un frasco de vidrio.

Detalló que en la requisa de dos inmuebles que estaban en calidad de alquilados se encontró armamento y municiones, entre los que destacan dos revólveres calibre 38, un revólver calibre 32, una pistola calibre 40 y otra calibre 32, además de proyectiles de diversos calibres, entre otros.

(Foto: Min. Gobierno)

El director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, desmintió este martes que el privado de libertad Matusalén Mancilla haya perdido la vida al interior del penal de Chonchocoro. Aseveró que el cadáver encontrado corresponde a otro recluso.

“Lo que me dijeron es que la abogada estuviera hablando que Matusalén hubiese fallecido. Nosotros descartamos esas aseveraciones, puesto que ya hemos verificado in situ el tema del privado de libertad Matusalén, él está con vida”, afirmó Limpias en contacto con radio Éxito.

Aseveró que el cuerpo sin vida corresponde a otro privado de libertad identificado como Cristofer Q.P. Este hecho se encuentra en investigación para identificar a los responsables. De manera preliminar, se conoce que el interno sufrió agresiones físicas antes de su muerte.

“Nos ha llamado la atención la forma en la que ha fallecido este privado de libertad. Queremos tener la información objetiva, como corresponde para socializarla a la opinión pública”, indicó.

Esta mañana, la abogada de Mancilla, Mónica Irusta, informó que su defendido fue encontrado sin vida en su celda.

Matusalén Mancilla es el principal acusado del feminicidio y descuartizamiento de Mayerly Condori. El 6 de septiembre, efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), en coordinación con la Fiscalía, realizaron el levantamiento del cadáver de la joven de 18 años, quien fue descuartizada en la zona Alto Inca Llojeta de La Paz.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que las autoridades competentes investigan a quienes gestionaron, se reunieron y pagaron a mercenarios que en 2020 planificaron atentar contra la vida del entonces candidato presidencial Luis Arce.

El Ministro, entrevistado en el programa “Primer Plano”, de Bolivia Tv, indicó que por el momento no se revelará la identidad de las personas involucradas a la espera que los operadores de justicia emitan las citaciones correspondientes.

Al respecto, el Gobierno nacional accedió a audios, modelos de contratos y correos electrónicos que atribuyen al exministro de Defensa de Jeanine Áñez, Fernando López Julio , con el plan de desestabilización e intento de magnicidio de Luis Arce.

“La principal persona investigada en este lamentable hecho es el señor J.E.P. una persona que actualmente se encuentra recluida en el penal de Chonchocoro. También está siendo investigado un exagente militar boliviano, Luis Suárez. También están siendo investigadas aquellas personas que compraron los pasajes, aquellas personas que pagaron los hoteles”, indicó.

Agregó que las autoridades competentes también investigan “a aquellos altos funcionarios del gobierno de facto que se reunieron con estos mercenarios en el departamento de Santa Cruz. Están plenamente identificadas, pero no podemos dar mayores elementos para evitar que estas personas se fuguen”.

Recordó que la denuncia fue presentada en julio y que ahora se aguardan los tiempos judiciales para que se emitan las citaciones y, si corresponde, los mandamientos de aprehensión.

El MInistro aseveró que acorde con una serie de audios publicados por el portal The Intercept se pudo verificar un plan de magnicidio en Bolivia, donde el exministro de Defensa de Jeanine Áñez, Fernando López, está involucrado por negociar con una persona de iniciales J. E. P. el contrato de sicarios con experiencia en conflictos bélicos y operaciones militares.

El objetivo de las conversaciones entre ambos era ejecutar un plan que acabara con la vida de Luis Arce. 

Según las investigaciones realizadas, se tuvo acceso a correos electrónicos donde J.E.P. utilizaba un alias, “Susan Peterson”, nombre con el que efectuaba tratos con varias empresas dedicadas a prestar servicios vinculados con acciones irregulares como la reconocida Blackwater, corporación militar privada estadounidense que aglutina mercenarios especializados en operaciones de guerra.   

Se supo que, a través de otro involucrado de nombre Joe Pereira, se esperaba contar con la presencia de 300 sicarios en Bolivia con el objetivo de crear un clima de terror y convulsión. En un audio, se pudo corroborar una solicitud de contar con hasta 10.000 hombres, en caso de ser necesario. En una carta interceptada de J.E.P. se evidenció la intención de contratar a paramilitares que operen en el territorio nacional otorgándoles un pago anual de $us 125.000, además de armamento y otras bonificaciones.

El abogado estadounidense Thomas Becker informó que el gobierno de EEUU pidió a Bolivia que desmantele los grupos de seguridad paraestatales, como los motoqueros, quienes amenazaron a activistas que piden investigar denuncias de un segundo intento de golpe de Estado en el país e indagar el caso "Pandora Papers”, capítulo boliviano.   

“Esto es grande: en una carta al gobierno boliviano, el gobierno de EE.UU. ha reconocido el peligro de grupos paraestatales como los motoqueros y ha pedido explícitamente que sean desmantelados como han sugerido el GIEI y el presidente Arce”, indicó en su cuenta de Twitter.

El mensaje está acompañado de una carta firmada por la encargada de Negocios de EEUU, Charisse Phillips, con fecha 15 de octubre de 2021, dirigida al viceministro de Régimen Interior, Nelson Cox.

“Ha llegado a mi conocimiento que la Sra. Kathryn Ledebur, activista de derechos humanos y directora de la Red Andina de Información, ha estado recibiendo amenazas a su integridad física por parte de grupos de seguridad paraestatales violentos. Otras personas estadounidenses también han sido amenazadas por su trabajo en derechos humanos”, indicó la misiva.

En la carta, Phillips recordó que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) expresó en su informe de la violencia y muertes en 2019 “la naturaleza de riesgo que representan los grupos de seguridad paraestatales en la sociedad” y recordó que el presidente Luis Arce “también ha manifestado su plan para desmantelar dichos grupos”.

“Le pido al Gobierno que implemente plenamente las recomendaciones del GIEI y garantice la seguridad de todos los defensores de derechos humanos”, expresó la diplomática, quien pidió medidas inmediatas para la protección de Ledebur.

Recientemente, Ledebur, dijo que el envío de mercenarios para desestabilizar gobiernos progresistas es un “patrón” que antes se dio en Venezuela y después se intentó en Bolivia, por lo que estos hechos deberían ser investigados en el país y en EEUU.

De esa manera se refirió a las denuncias publicadas en la revista The Intercept, de Estados Unidos que revelaron que Bolivia estuvo al borde de un nuevo golpe de Estado y una invasión armada de mercenarios estadounidenses tras la victoria electoral del presidente Luis Arce, en octubre de 2020.

Según la publicación, que incluye grabaciones, a partir de audios y correos electrónicos interceptados, el exministro de Defensa del régimen de Jeanine Áñez, Luis Fernando López, lideró las gestiones para desatar una nueva interrupción violenta de la democracia boliviana.

El 5 de octubre de 2021, Ledebur pidió investigar a los implicados en el caso "Pandora Papers", para que los flujos ilícitos e indebidos de dinero que salieron del país no queden en la impunidad, porque son delitos graves.

“Vemos que hay flujos ilícitos e indebidos de dinero que sale de Bolivia, dinero mal habido o probablemente mal invertido después. Son todos casos clave que tienen que ser investigados, tiene que haber la nueva legislación, tiene que haber transparencia y no puede haber impunidad para estos delitos graves”, manifestó entonces en Bolivia Tv.

Ledebur recordó que la primera información difundida sobre el tema identificó a tres políticos bolivianos, entre ellos el exministro de Economía, Branko Marinkovic; el exministro de Energía, Fernando illanes; y el excónsul de Bolivia en Brasil, Pedro Jaime Valdivia. 

Sin embargo, mencionó que el total de los involucrados nombrados en los Pandora Papers son 293, pero aún sus nombres y sus relaciones no fueron reveladas.

“Necesitamos identificar claramente los 12 intermediarios y cuatro bufetes (de abogados) clave”, agregó.

La directora de la Red Andina de Información dijo entonces que se precisa que la población identifique los vínculos de los implicados, por lo que será necesario analizar la información que esté disponible, ya que se cuenta con 12 millones de documentos.