(Foto: Fiscalía)

El examen forense realizado por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) confirmó que Giovana, mujer de 35 años, que era velada en la zona de Callapa, de la ciudad de La Paz, falleció por estrangulamiento.

“La autopsia legal ha establecido como causa de muerte asfixia por estrangulamiento; en mérito a ello, no es congruente lo referido en primera instancia por la pareja, que es el esposo, al cual se ha procedido a la aprehensión (…) Va a ser citado para que pueda prestar su declaración informativa en calidad de sindicado (…) se está calificando como feminicidio", informó la fiscal de Delitos Contra la Vida, Dubravka Jordán.

Indicó que el Ministerio Público tomó conocimiento del hecho el domingo, pero se desconocía la ubicación del cuerpo hasta que el lunes lograron encontrar el domicilio. Este hecho fue investigado en primera instancia por homicidio, porque el deceso de la mujer no fue reportado y familiares argumentaban que falleció tras una caída a un río en estado de ebriedad.

Sin embargo, luego de la revisión preliminar del médico forense, se encontró que el cuerpo de la mujer tenía lesiones en el cuello, que no correspondían a una caída.

Ante denuncias de vecinos, la Fiscalía, en coordinación con la Policía, intervinieron el martes, el velorio pese a la resistencia de familiares del esposo, secuestraron el ataúd y los restos de la víctima para la autopsia.

El médico legal evidenció que el deceso fue por consecuencia de asfixia, por lo que la Policía aprehendió a Wilfredo, esposo de la víctima, quien ahora es acusado de feminicidio.

La Fiscalía secuestró el certificado de defunción que presenta irregularidades. Detalló que fue facilitado por la funeraria, y el mismo indica que la muerte fue consecuencia de una enfermedad de hipertensión arterial, lo que fue observado por estar alejado de la realidad. Giovana  era madre de cinco hijos, que ahora quedan  en la orfandad.

La única forma de evitar un segundo golpe de Estado en Bolivia y que se logre la reconciliación, es que primero se haga justicia para las víctimas de las masacres de 2019, coincidieron en señalar Kathryn Ledebur, directora de la Red Andina de Información y el abogado Tomas Becker, de la clínica de derechos humanos de Harvard.

Ambos especialistas, entrevistados este martes en el programa “Primer Plano”, de Bolivia Tv, coincidieron también en denunciar que continúan las agresiones y amenazas de organizaciones delincuenciales, como la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) contra activistas de derechos humanos y contra la senadora Patricia Arce.

“La reconciliación en Bolivia y la manera de evitar un segundo intento de golpe, es lograr justicia y respeto por los derechos de todas y todos los bolivianos”, indicó Ledebur.

Ella denunció que sufre constantes amenazas y agresiones mediante redes sociales por parte de integrantes de la Resistencia Juvenil Cochala.

Lamentó que Yassir Molina, Milena Soto, los hermanos Bascopé y otros integrantes de la RJC, sean tratados con delicadeza por la justicia pese a los antecedentes de violencia, agresiones contra mujeres de pollera y campesinos que protestaron para recuperar la democracia en 2019.  

Por su lado, el abogado Becker fue enfático al señalar que “no hay reconciliación si no hay justicia para las víctimas” de las masacres de 2019.

Agregó que existe suficiente evidencia e informes internacionales que demuestran que en Bolivia se registraron masacres durante el régimen de Jeanine Áñez y que los grupos paramilitares, como la RJC, deben ser desmantelados.

Becker dijo que sufre constantes amenazas por parte de integrantes de esa organización criminal y aseguró que la senadora Patricia Arce, quien fue vejada por ese grupo en 2019, también recibe amenazas en la actualidad.

La Fiscalía, en coordinación con la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), intervino este martes un velorio en la zona de Callapa, de la ciudad de La Paz, por sospechas de que se trate de un feminicidio, por lo que el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) realiza la autopsia al cuerpo de la mujer de 35 años.

"El día de ayer (lunes) el Ministerio Público se ha constituido, ya ubicando el domicilio, junto con la FELCV (...), se ha verificado juntamente con el IDIF en el interior de un domicilio a la presunta víctima, una señora de 35 años (...). El médico forense ha informado, en primera instancia, que hay algunas lesiones que no serían compatibles con una caída", explicó la fiscal Dubravka Jordán.

Según el reporte, el Ministerio Público tomó conocimiento del hecho el pasado domingo; sin embargo, se desconocía la ubicación del cuerpo, hasta que el lunes lograron encontrar el domicilio de la presunta víctima y tras la revisión preliminar del médico forense, se encontró que el cuerpo de la mujer tenía lesiones, que no correspondían a una presunta caída que supuestamente desencadenó la muerte de la mujer.

Efectivos policiales procedieron al secuestro del ataúd y trasladaron el cuerpo a la morgue judicial para el examen forense que determinará las causas de la muerte.

Asimismo, Jordán detalló que el certificado de defunción, que fue facilitado por la funeraria, indicaría que la muerte fue causada por hipertensión arterial, lo que fue observado por estar "alejado de la realidad", porque a la altura del cuello presenta lesiones y la versión de la familia afirma que habría caído en un río en estado de ebriedad.

Aclaró que la pareja de difunta fue trasladada a oficinas de la FELCV en calidad de testigo.

El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, Cesar Siles, presentó este martes los avances, insumos y resultados parciales de la Reforma Judicial ante representantes de organizaciones sociales en instalaciones de la Vicepresidencia del Estado.

“El primer insumo de cualquier reforma es la Constitución Política del Estado, un segundo insumo es el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) y finalmente las recomendaciones de la Cumbre de Justicia”, explicó la autoridad.

Siles manifestó que, durante el proceso de socialización de los seis ejes de la reforma planteados por esa Cartera de Estado, se logró recabar importantes propuestas presentadas por administradores de justicia, además se recogieron datos que permiten tener en cuenta el estado situacional de cada región del país.

“No podríamos seguir con este trabajo si no incorporamos al pueblo, la sociedad, para recibir todos los insumos, estamos todos interesados en reformar la justicia en el país”, indicó Siles.

La autoridad anunció que también se desarrollarán encuentros con presidentes de colegios de abogados, salas plenas de las máximas instancias del Órgano Judicial, grupos de oposición, representantes del sistema universitario y otros.

Los seis ejes temáticos para desarrollar la reforma de la justicia para el corto plazo son el balanceo del conflicto, el sistema de acceso a la justicia, la independencia judicial, las soluciones TIC, el desarrollo normativo y la transparencia institucional.

“En desarrollo normativo trabajamos ya en leyes, esa es la diferencia, mostrar resultados alcanzados. La Ley 1390 de Fortalecimiento para la Lucha Contra la Corrupción, por ejemplo, ya es parte de la reforma; las modificaciones al Código Penal para las adopciones ágiles y seguras, también; es decir, planes de corto, mediano y largo plazo para responder a los problemas estructurales de la justicia”, destalló Siles.

Participaron del evento representantes de la Central Obrera Boliviana, Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia, Confederación Sindical de Trabajadores en Salud Pública de Bolivia, Confederación Nacional de Maestros de Educación Rural de Bolivia, Confederación Nacional de Maestros de Educación Rural de Bolivia, Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), Confederación Sindical de Trabajadores en Construcción de Bolivia.

Además de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia, Confederación Sindical de Mujeres de Comunidades Interculturales de Bolivia, Federación Única de Trabajadores Campesinos de La Paz-Tupac Katari, Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) El Alto, la Central Obrera Regional (COR) de la ciudad de El Alto, la Central Obrera Departamental (COD) La Paz, la Federación Sindical de Trabajadores Petroleros de Bolivia (FSTPB), Comité Cívico Popular de Bolivia, entre otras.