El ministro de Salud, Jeyson Auza, convocó este domingo a los dirigentes del Colegio Médico de Bolivia a instalar una mesa de diálogo esta noche en la ciudad de La Paz sobre las observaciones que tienen al proyecto de Ley de Emergencia Sanitaria que provocaron el llamado a un paro nacional que acatará el sector sanitario a partir de este lunes.

“Convocamos públicamente a todos los gremios y las organizaciones que convocan a este paro a instalar una mesa de diálogo hoy, domingo, a las siete de la noche. Hemos cursado ya las invitaciones”, anunció en una conferencia de prensa.

El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Cleto Cáceres, dijo que un consejo médico nacional extraordinario determinó ayer, sábado, la convocatoria a un paro de 24 horas, porque –en su juicio- el proyecto de Ley de Emergencia Sanitaria limita supuestamente el derecho a la protesta del sector salud, habilita la contratación de personal no apto para la atención de la pandemia del COVID-19 y establece aranceles en la atención médica privada sin un estudio técnico económico.

El titular de Salud sostuvo que convocó al diálogo porque considera que es inconcebible la idea de que se suspendan los servicios médicos en plena pandemia por el COVID-19.

En ese contexto, Auza manifestó que está dispuesto a dar las aclaraciones necesarias sobre cada uno de los puntos del instrumento legal cuestionado, bajo el entendido de que no tiene otro fin que precautelar por la salud del pueblo.

“Queremos escuchar y conocer cuáles son las observaciones que realizan los gremios para explicar en detalle en que consiste”, enfatizó.

La autoridad estatal dijo que el Gobierno Nacional está dispuesto a dialogar de manera proactiva para encontrar una solución a la problemática por las observaciones de los médicos por el proyecto de Ley de Emergencia Sanitaria.

El ministro de Salud, Jeyson Auza, anunció este domingo que el casi millón de vacunas contra el COVID-19 que serán provistas por el mecanismo Covax en febrero permitirá inmunizar a la totalidad de los más de 179.600 trabajadores del sistema sanitario nacional.

“Con la llegada de casi un millón de vacunas hasta el mes de febrero, vamos a poder inmunizar a la totalidad del personal de salud”, dijo en una conferencia de prensa, en el marco del inicio de la inmunización con la vacuna Sputnik V en el departamento de Cochabamba.

El presidente Luis Arce informó ayer, sábado, que Bolivia recibirá en febrero cerca de un millón de vacunas contra el COVID-19 provistas por el mecanismo Covax, en el marco de las gestiones rápidas y oportunas del Gobierno para ser uno de los primeros cuatro países en beneficiarse con las dosis.

En ese contexto, Auza dijo que el compromiso de todo el sistema sanitario y la población para la lucha contra el COVID-19 es necesario “ahora más que nunca”.

La autoridad gubernamental manifestó que el Ministerio de Salud está preparado para recibir las dosis de vacunas que serán provistas por el mecanismo COVAX.

“Ya hemos estado tomando las previsiones no desde ahora (…) Contamos con la infraestructura adecuada y la logística necesaria para que con estas dosis que tenemos hacer una vacunación como los protocolos indican”, aseveró.

El titular de Salud recordó que el Gobierno Nacional tiene en curso un plan de tres pilares para la lucha contra el COVID-19, que son: el diagnóstico precoz, la coordinación “estrecha” entre los tres niveles de gobierno y la vacunación que es la respuesta estructural contra el virus.

En el marco del inicio de la vacunación contra el COVID-19 en el departamento de Cochabamba, la enfermera Zulma Fernández recibió este domingo la primera vacuna Sputnik V “para proteger a su familia” y no contagiarla con el virus.

“Si yo he tomado la decisión de hacerme vacunar es por mí y para proteger a mi familia. Tengo una madre que me espera en casa, hermanos y sobrinos, por eso para mí es importante recibir la vacuna y estar protegida”, manifestó Fernández tras recibir la primera vacuna en un acto con presencia del presidente Luis Arce.

El mandatario llegó hasta el Hospital Clínico Viedma de Cochabamba, el cuarto departamento en iniciar la vacunación, para acompañar a los primeros profesionales de salud en la administración de la primera dosis.

En la oportunidad, el Presidente fue el encargado de entregar el certificado de vacunación a Fernández. El documento indica la fecha en la que debe recibir la segunda dosis, garantizada por el Gobierno Nacional.

“Yo trabajo en el Hospital Clínico Viedma 11 años y en terapia intensiva estoy cinco años. Desde que comenzó la pandemia trabajo en el área COVID-19 y gracias a Dios no me enfermé”, manifestó Fernández.

Aseguró que la vacuna es la “Dosis de la esperanza” que ayudará a los profesionales de salud a seguir atendiendo “sin miedo a enfermarse”.

Por su parte, el médico de terapia intensiva Daniel Alberto Quispía, el segundo profesional de salud en ser vacunado, aseveró que no registró “ninguna reacción” tras recibir la primera dosis.

“No hay ninguna reacción. La vacuna es un buen punto de partida para mostrar que se puede hacer mucho por la salud (…) Soy médico de terapia intensiva en el Viedma y la pandemia ha sido una catástrofe, vimos morir a mucha gente, incluso médicos”, dijo.

A su turno, la enfermera Santusa Tolava expresó su alegría por ser una de las primeras en recibir la vacuna. “Estoy muy contenta y quiero decirle a la población que espere la vacuna y se haga vacunar”.

Bolivia recibió, el jueves, 20 mil dosis de las vacunas Sputnik V, procedentes de Rusia, como parte del primer envío de un total de 5,2 millones de vacunas a gestión del Gobierno de Arce.

En la víspera, el Presidente anunció que Bolivia recibirá cerca de un millón de vacunas contra el COVID-19, como resultado de las gestiones que realizó su administración en tiempo récord durante los primeros meses de gobierno.

El viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, aclaró este sábado por la noche que las gestiones para que Bolivia reciba cerca de un millón de vacunas contra el COVID-19 se realizaron del 7 de diciembre al 7 de enero pasado, en tiempo récord durante los primeros meses del Gobierno del presidente Luis Arce.

La aclaración surge en alusión a las versiones de los exministros del gobierno de facto, Yerko Nuñez y Arturo Murillo, quienes a través de sus redes sociales atribuyeron las negociaciones al régimen de Jeanine Áñez.

“El gobierno de facto no realizó las gestiones para la participación de Bolivia en el mecanismo COVAX. Apenas si mandó un formulario y una nota. Las gestiones se realizaron en el Gob. democrático de @luchoxbolivia en los últimos 3 meses. Logramos esta victoria en tiempo récord (sic)”, aseveró Blanco mediante su cuenta de Twitter.

Más temprano, el Sistema de Naciones Unidas destacó las gestiones de la administración de Arce para que Bolivia sea elegida entre los primeros países en recibir cerca de un millón de vacunas contra el COVID-19, tras la revisión del plan de preparación nacional y la evaluación epidemiológica.

“Aclaramos que del 7 dic. al 7 ene. de 2021, el Gob. de #Bolivia presentó los requisitos para acceder a las vacunas administradas por la OMS del mecanismo COVAX. El 18 de ene. se presentó la propuesta que fue seleccionada para estar entre los primeros países en recibir las vacunas (sic)”, detalló el Viceministro de Comercio Exterior.

De acuerdo con un comunicado de las Naciones Unidas, el Estado Plurinacional de Bolivia estuvo entre los países que envió su propuesta junto a otros 72 proponentes y fue seleccionado después de la revisión del plan de preparación nacional y la evaluación epidemiológica de la OMS realizada por seis comités regionales, compuestos por personal de la OPS/OMS, UNICEF y Gavi.

“@onuBolivia destaca que la propuesta recientemente presentada, fue seleccionada para ser de los primeros países junto a COL, PER y SLV en recibir vacunas COVAX”, apuntó Blanco en otro tweet.

Con las gestiones rápidas y oportunas de la administración de Arce y en solo tres meses “Bolivia se constituye así, junto a Colombia, Perú y El Salvador, en uno de los primeros países en América Latina en recibir vacunas bajo esta iniciativa”, refiere la ONU.

“Este es el resultado de un intenso trabajo a la cabeza de @LuchoXBolivia (sic)”, destacó Blanco.

El Ministerio de Salud reportó este sábado 2.005 casos de COVID-19 y 1.236 personas recuperadas, es decir más de la mitad de la cifra de nuevos contagios.

De acuerdo con el reporte COVID-19, en Santa Cruz se registraron 790 casos; 611 en La Paz, 152 en Oruro, 144 en Cochabamba, 124 en Chuquisaca, 74 en Potosí, 54 en Tarija, 52 en Beni y 4 en Pando.

Hoy, 1.236 pacientes recuperaron favorablemente, vencieron a la enfermedad y recibieron su alta médica haciendo un total acumulado de 158.499 a nivel nacional.

Mediante la línea gratuita de atención COVID-19, 800 10 1104 se realiza el monitoreo de 2.507 personas que se encuentran con sospecha de portar la enfermedad.

Bolivia inició la cruzada de inmunización dirigida al personal médico que atiende en primera línea, mediante la adquisición de vacunas contra el COVID-19, como una solución estructural para frenar la propagación de la pandemia.

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, informó este sábado que el 17 de febrero comenzará la racionalización de cultivos excedentes de coca de este año.

“Está planificado poder empezar a partir del 17 (de febrero)”, manifestó, en una entrevista con radio Patria Nueva.

La autoridad gubernamental mencionó que se tiene previsto eliminar 9 mil hectáreas de cocales hasta diciembre de este año.

Según Mamani, el proceso dará continuidad a los resultados exitosos que se tenía hasta 2019, cuando se tenía cifras que superaban las 10 mil hectáreas racionalizadas por gestión.

“Después del golpe de Estado (de Jeanine Añez) que se ha producido en nuestro país se ha paralizado la erradicación el 14 de noviembre de 2019 y hasta esa fecha se había erradicado 9.200 hectáreas”, recordó.

El titular de Defensa Social y Sustancias Controladas mencionó que el nuevo proceso de racionalización será parte de la reactivación del modelo de nacionalización de la lucha contra el narcotráfico para retornar a las 22 mil hectáreas de cultivos establecidas como legales en las normas nacionales.