La Paz, 06 de agosto de 2025 (ABI).- En 200 años de vida independiente, Bolivia instituyó recién en 1952 el voto universal e inició el camino para que las mujeres y la gran mayoría de la población, hasta entonces excluida de la decisión política, reafirme su derecho de participación ciudadana hasta lograr espacios de poder que en el pasado eran impensables, solo por su condición.
La magnitud de la restricción de este derecho puede graficarse con los habilitados para sufragar. Datos oficiales dan cuenta que, por ejemplo, en las elecciones de 1951, fueron habilitados para votar 204.649 personas letradas y con posesiones, de un universo de 3.019.031 habitantes; es decir, el 6,78%.
El investigador y docente de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Farit Rojas, explicó que el voto hasta 1952 estaba restringido a quienes tenían propiedad privada, como forma de poder manifestar interés en temas políticos, y a la condición de saber leer y escribir, idea de una ciudadanía letrada y restringida.
Campesinos, indígenas, clase obrera y otros estaban comprendidos en este segmento de población sin derecho político, mientras que las mujeres solo por su condición de ser mujeres. Sin embargo, ya en 1945, a diferencia del resto, se les permitió sufragar, como iniciativa de la élite política de ese entonces, en procesos municipales.
La universalidad del voto llegó de la mano de la revolución de 1952, que tuvo una fuerte y decidida participación de los campesinos y los trabajadores. El Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), de Víctor Paz, se encumbró en el poder con esa iniciativa y también encaminó la nacionalización de las minas, la reforma agraria y la reforma educativa.
El hecho que representó un cambio histórico en lo político y social fue la aprobación del decreto de 21 de julio de 1952, que reconocía el derecho del voto universal. El artículo 1 refiere: “Tendrán derecho al voto para la formación de los poderes públicos, todos los bolivianos, hombres y mujeres, mayores de 21 años de edad siendo solteros o de 18 siendo casados, cualquiera su grado de instrucción, su ocupación o renta”.
De esta forma se eliminaban las restricciones que hasta entonces regían. En las elecciones del 17 de junio de 1956 se materializó este derecho universal con la habilitación de 1.119.047 votantes, lo que contrastó ampliamente con los 204.649 habilitados en las elecciones de 1951, la última contienda restringida de la historia.
Para ser electo Presidente, Vicepresidente, Senador y Diputado se mantuvo solo la obligación de saber leer y escribir. Inicialmente este derecho fue instituido mediante decreto y nueve años después, fue constitucionalizado.
“La constitucionalización del sufragio universal se llevó a cabo con la reforma constitucional de 1961, que amplió el estatus de ciudadanía a todos los bolivianos mayores de 21 años, cualquiera sea su grado de instrucción, ocupación o renta, asimismo determinó que la ciudadanía consiste en concurrir como elector o elegido a la formación o el ejercicio de los poderes públicos”, recordó Rojas.
Un elemento que fue considerado, al menos curioso por Rojas, es que en la reforma constitucional de 1967 se introdujo, en el artículo 221, que “son elegibles los ciudadanos que sepan leer y escribir y reúnan los requisitos establecidos por la Constitución y la ley”. Esta restricción fue anulada definitivamente en la reforma constitucional de 1994: “Son elegibles los ciudadanos que reúnan los requisitos establecidos por la Constitución y la ley”.
Desde 1956 el padrón electoral fue creciendo de forma sostenida. Un informe del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) da cuenta que, de 1.119.047 votantes de 1956, creció a 7.937.138 habilitados para las elecciones del próximo 17 de agosto de esta gestión, incluido el voto en el exterior, que empezó desde 2009.
Si bien el voto fue un derecho universal desde hace 73 años, la participación amplia en las elecciones nacionales y subnacionales, como candidatos y candidatas provenientes de las grandes mayorías, fue un proceso que tuvo un avance importante en la Asamblea Constituyente, que concluyó el año 2009 con la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado.
Ese nuevo pacto social estableció que “ciudadanía” supone el ejercicio de derechos políticos que, como lo expresa el artículo 26, presume “el derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político, directamente o por medio de sus representantes, y de manera individual o colectiva”.
“Se trata de un derecho y nunca un derecho es un favor o una concesión, el derecho es entendido como la pretensión justificada de una acción, ya sea negativa (de no intervención) o positiva (de prestación)”, consideró el investigador en alusión a la paridad de género y la representación indígena originaria campesina.
El voto es definido como una expresión pública o secreta de una preferencia ante una opción, y este 17 de agosto los bolivianos volverán a ejercer este derecho para elegir por los próximos cinco años al presidente y vicepresidente, 130 diputados, 36 senadores y 9 representantes supraestatales.
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