La Paz, 06 de agosto de 2025 (ABI). – Si bien en 1953, imbuidos por la revolución de 1952, se habló de una democratización del acceso a la tierra, fue la corrupción, en la década de los 90, la que derrumbó ese precepto; no obstante, el Estado Plurinacional, nacido de un proceso constituyente, trastocó los cimientos de ese fracaso consolidando una tierra con rostro de mujer en el Bicentenario de Bolivia.
“La tierra es para quien la trabaja” fue el lema que marcó un antes y un después en la historia agraria de Bolivia, con la promulgación de la Reforma Agraria en 1953 que surgió como respuesta a una estructura latifundista que mantenía a la mayoría del pueblo boliviano en condiciones de servidumbre y pobreza extrema.
El objetivo fue claro: redistribuir la tierra bajo el principio de justicia social; sin embargo, la implementación fue parcial.
“El altiplano y los valles vivieron los primeros efectos, pero las regiones del Chaco, Oriente y Amazonía quedaron relegadas”, rememoró el director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Eulogio Núñez Aramayo.
Décadas después, esa reforma quedó estancada, y lo que debió ser un proceso de justicia agraria derivó en corrupción y concentración de tierras.
En 1992, Hedim Céspedes (alto dirigente del partido de Hugo Banzer), a la sazón ministro de Educación de Jaime Paz Zamora, aprovechando sus influencias, pretendió consolidar en su favor una dotación de cerca de 100.000 hectáreas en una zona fronteriza con Brasil.
“Fue la gota que rebalsó el vaso”, afirmó Núñez.
Este hecho, conocido como el “caso Bolibras” destapó la corrupción en las instituciones agrarias y, ante la protesta generalizada, obligó al gobierno a intervenir el Consejo Nacional de Reforma Agraria (CNRA) y el Instituto Nacional de Colonización (INC), como entidades responsables de la dotación de tierras. A su vez, este episodio puso en evidencia que la tierra había sido utilizada, por sucesivos gobiernos desde 1953, para beneficio propio y el de sus aliados.
La corrupción que había socavado la estructura institucional agraria en el período 1953-1993 se expresaba, entre otros rasgos, por la sobreposición de derechos, con el resultado de una doble y hasta triple titulación de un mismo predio.
De igual manera se emitieron títulos ejecutoriales sin sustento legal ni técnico. En la misma corriente de procedimientos regulares o irregulares se toleró, cuando no fomentó, la concentración de tierra en grandes extensiones.
La Ley INRA y el inicio de una nueva etapa
Tras la intervención de 1992, la presión social fue determinante. Marchas desde el oriente y el altiplano exigieron una nueva normativa. Así, en 1996 se puso en vigencia la Ley 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria (INRA), no obstante, con un enfoque liberal que, en sus primeros diez años, apenas logró avanzar un 10% en el saneamiento de tierras.
La estructura de tenencia seguía siendo desigual: 70% para medianos y grandes propietarios, y solo 30% para indígenas y campesinos.
Luego de ese nuevo fracaso, las organizaciones sociales marcharon desde el oriente del país y exigieron que se pueda modificar la Ley 1715.
“Ahí nace la Ley 3545 que es de Reconducción Comunitaria donde, a partir de ese momento, estamos hablando de 2006 a la fecha, que recién se ven los cambios en cuanto a la estructura de la tenencia de la tierra, en cuanto al acceso de los pueblos indígenas a la tierra-territorio, en cuanto al acceso, por ejemplo, y cambia la estructura de la tenencia de la tierra”, destacó Núñez.
La Ley 3545 de Reconducción Comunitaria redefine el acceso a la tierra, reconociendo derechos históricos de pueblos indígenas, pequeños productores y comunidades campesinas.
En sintonía con estas transformaciones, en el año 2009, Bolivia aprobó una Constitución que transformó la noción Republicana del Estado uniformizado en un Estado Plurinacional, a través de la reestructuración plural de la economía, la democracia, la justicia y otros ámbitos.
En cuanto al reconocimiento del derecho de las mujeres a la tierra, el Artículo 339 de la Constitución Política del Estado (CPE), reconoce el mismo, para beneficiar a este sector de las políticas de redistribución de tierras sin discriminación por estado civil o unión conyugal y en el Artículo 401 reconoce la obligación del Estado para eliminar las formas de discriminación de las mujeres en el acceso, tenencia y herencia de la tierra.
Desde entonces, Bolivia ha alcanzado el 94% de saneamiento y regularización de tierras rurales.
“Hoy tenemos un catastro mucho más confiable, con trabajo de campo y gabinete en todo el país”, destacó el Director del INRA.
Un dato significativo: el 45% de los títulos de tierra están a nombre de mujeres, un avance notable desde el 10% que se registraba en 1953. Además, el 26% del total saneado corresponde a tierras comunitarias indígenas, que son inalienables e imprescriptibles, de acuerdo con la Constitución.
En las propiedades de carácter individual y de copropiedad como son las pequeñas, medianas y empresariales, el porcentaje de mujeres titulares es del 46%. En el caso de la propiedad comunitaria, los datos obtenidos en las demandas registran un 41% de mujeres, y en el caso de los Territorios Indígena Originario Campesinos (TIOC), los datos registrados en las demandas son un 49% de mujeres, en relación con los hombres.
La participación de mujeres y hombres en los procesos de titulación se dio principalmente de dos maneras: i) individual, como solteras/os, viudas/os o divorciadas/os; y, ii) en copropiedad para personas casadas o convivientes, según las características de ocupación y trabajo al momento del saneamiento.
Desde el año 1996 a diciembre de 2023, se han saneado y titulado un total de 1.457.924 propiedades que corresponden a la pequeña, mediana y propiedad empresarial, cuyos titulares son personas naturales, mujeres y hombres a título individual, y en copropiedad, no solamente parejas, sino también otras formas de relación familiar como está previsto en la legislación agraria.
De acuerdo con el libro, “Primero las Mujeres Inclusión en el acceso a la tenencia de la tierra-territorio en Bolivia”, entre los primeros títulos otorgados entre 1999 y 2005, antes de la Reconducción de la Reforma Agraria, sólo el 34% de los títulos de pequeña propiedad, mediana y empresarial consignaba como propietarias a las mujeres.
En cambio, a partir de 2006, como resultado de la Ley 3545, el porcentaje de mujeres titulares de derechos a la tierra, registrado en los títulos de propiedad, subió al 46%. A partir de este periodo, el registro de la propiedad de las mujeres fluctuó anualmente, entre un 42% a un 47%, estabilizándose en la última década sobre el 46% de titulares mujeres.
Además, en la actualidad, el 26% de las tierras rurales tienen título de los pueblos indígenas y son territorios indígenas; la mediana empresa, la mediana propiedad y la empresarial representan el 16% del total; la tierra comunal el 18%; la pequeña propiedad el 10%; y el 24% se ha titulado como áreas protegidas.
“Ya está prácticamente concluido el proceso de saneamiento de tierra”, aseguró el director del INRA.
Pese a estos logros, el proceso de saneamiento no ha podido concluirse debido a un bloqueo legislativo de 14 meses en la Cámara de Diputados, que impide el acceso a un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de $us 40 millones. Dicho financiamiento permitiría completar el 6% restante del saneamiento, además de implementar un catastro rural desconcentrado y digital.
“Es una política de Estado que no se ha podido concluir por razones externas al Ejecutivo. Esa es una gran paradoja”, lamentó Núñez.
Jfcch/Afbs
