Bolivia reporta este martes 706 nuevos casos de COVID-19 y 813 recuperados
Bolivia reporta este martes 706 nuevos casos de COVID-19 y 813 recuperados

El Reporte N° 520 del Ministerio de Salud y Deportes señala que la cifra de contagios de COVID-19 en el país fue de 706 casos este martes; mientras que los pacientes recuperados de la enfermedad fueron 813. Los decesos llegaron a 24 y los casos descartados a 7.417 durante esta jornada.

Santa Cruz y Cochabamba son los departamentos que presentaron el mayor número de contagios, con 234 y 121 casos, respectivamente. La Paz registró 113 casos; Potosí 90; Tarija 70; Oruro 31; Chuquisaca 30; Pando 9; y Beni 8.

El reporte añade que hay 42.105 casos activos y 1.715.051 descartados.

Desde el inicio de la pandemia, en el país se registró un total de 483.731 casos de COVID-19 hasta la fecha, de los cuales 423.404 se recuperaron y hubo 18.222 decesos.


 
Especialista destaca cuidado y rigurosidad en la revisión de fuentes para elaborar el informe del GIEI
Especialista destaca cuidado y rigurosidad en la revisión de fuentes para elaborar el informe del GIEI

Patricia Tappatá, experta del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), destacó este martes el cuidado y la revisión rigurosa de fuentes que se realizó para elaborar el informe sobre lo ocurrido en Bolivia en 2019.

En su comentario sobre el capítulo 2 del documento, dijo que "es una presentación cuidadosa de eventos que precedieron a la crisis y que se inician con la elección de Evo Morales Ayma como primer presidente indígena el 2005. Describe la sucesión de reformas, Constitución, cambios institucionales que se orientaban en línea para favorecer una elección presidencial y provocan efectos adversos tal como se relata".

Remarcó que se realizó una revisión rigurosa de fuentes que permitió explicar y encadenar la descripción de cada antecedente respecto al tema electoral, actuación del Tribunal Constitucional y los eventos en los Tribunales Departamentales, entre otros aspectos.

En ese capítulo se presentó la evolución del crecimiento de manifestaciones de oposición, el descontento que convocó a paros cívicos de algunos sectores y otros eventos. 

"Se mencionan a los actores que participan en regiones de crisis en el acto mismo electoral, el desarrollo de comunicación, de resultados, motín policial, pedidos de renuncia por parte de jefes de Policía y Ejército, posterior aparición de Jeanine Áñez, llegada a la presidencia. En la parte final se hace referencia al Decreto Supremo 4078 que eximía de responsabilidades a Fuerzas Armadas", señaló.

En referencia al capítulo tres, indicó que contiene una secuencia del marco de explicación del desarrollo del informe del GIEI, con eventos y apartados donde se señalan los materiales de soporte, como videos, informes o testimonios de víctimas o personas que participaron en los hechos, además de una sección analítica.


Experto: El derecho internacional exige que, en presencia de graves violaciones a los DDHH, Bolivia encare el juzgamiento de todos los responsables
Experto: El derecho internacional exige que, en presencia de graves violaciones a los DDHH, Bolivia encare el juzgamiento de todos los responsables

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), tras detectar graves violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en Bolivia en 2019, recomendó encarar el juzgamiento de todos los responsables, según indicó Juan Méndez, uno de los especialistas de esa entidad internacional.

“Principalmente, el derecho internacional de los Derechos Humanos exige que en presencia de graves violaciones a los Derechos Humanos y de actos de violencia, Bolivia encare el juzgamiento de todos los responsables, en todos los niveles, y la aplicación de las sanciones que correspondan en el marco de las normas del debido proceso y del juicio justo”, manifestó.

El perito recordó que el informe recomienda al Estado boliviano que esos hechos no queden en la impunidad.

“Hemos detectado graves violaciones a los Derechos Humanos para las cuales esperamos que se haga justicia y no queden en la impunidad”, indicó durante la conferencia de prensa realizada junto a otros integrantes de esa organización que es parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Expresó que esas sanciones deberían aplicarse “sin revanchismos y exentas de consideraciones políticas” ya que así “Bolivia puede encarar un proceso de superación de los odios, de inclusión social pluriétnica y desarrollo progresivo de los Derechos Humanos”.


Informe del GIEI detalla casos de violencia sexual y de género ocurridas en 2019 y solicita abrir investigaciones
Informe del GIEI detalla casos de violencia sexual y de género ocurridas en 2019 y solicita abrir investigaciones

El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) documenta varios casos de violencia sexual y de género cometidos por uniformados y civiles en contra de mujeres y varones durante 2019. Esa entidad solicitó abrir o reabrir las investigaciones sobre los mismos, así como incorporar el enfoque de género de manera integral, por ejemplo, en lo referido a las reparaciones de los daños ocasionados por esos hechos.

Esas afirmaciones están contenidas en el “Informe sobre los hechos de violencia y vulneración de los derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019”, elaborado por el GIEI, y en las declaraciones que realizaron este jueves sus autores en una conferencia de prensa realizada en la ciudad de La Paz.

“Dentro de las investigaciones penales por abrir o reabrir aquellas que tengan componentes de violencia de género por el impacto y la importancia que representan su investigación para la sociedad boliviana y para estas transformaciones culturales”, indicó Magdalena Correa, integrante del GIEI, abogada, doctora en Derecho, experta en Derecho Constitucional Económico.

La especialista añadió que otra recomendación general es que, en el análisis, reformas y “medidas que se vayan a adoptar, se introduzca el enfoque de género porque esta es una pieza fundamental que va a permitir, en la concepción de las nuevas normas jurídicas de las reformas institucionales, en la tipificación de delitos, en el ajuste de delitos”.

Según la investigación, la violencia sexual y de género fue utilizada también contra parientes de Víctor Borda, entonces presidente de la Cámara de Diputados, con el propósito de que renuncie a su cargo. Esa renuncia provocó la ruptura de la sucesión constitucional tras la dimisión de Evo Morales y abrió el paso para que Jeanine Áñez tome el poder.

La pesquisa también menciona agresiones contra Patricia Arce, entonces alcaldesa de Vinto, Cochabamba, y contra personas que trabajaron cerca de Evo Morales, como Patricia Hermosa, quien perdió a su bebé mientras estaba encarcelada sin recibir tratamiento médico oportuno.

La conclusión de la pesquisa, en cuanto a violencia sexual y de género, indica que “el análisis de género realizado en esa sección, demuestra la importancia de adoptar un enfoque de género en la documentación, la investigación y la judicialización de los hechos ocurridos entre 1 de septiembre y 31 de diciembre de 2019, así como en las reparaciones de los daños ocasionados por estos sucesos”.

Agrega que “es necesario, además, adoptar una estrategia proactiva en la investigación y documentación de hechos que, de otra manera, tienden a no ser visibilizados, como el caso de la violencia sexual, tanto contra mujeres como contra hombres. Es importante recordar que la violencia sexual no se limita a la violación sexual y que la violencia por razón de género va más allá de la violencia sexual. Adoptar una perspectiva de género sobre todos los hechos victimizantes ocurridos nos permite entenderlos mejor, tipificarlos jurídicamente de modo adecuado, resarcir los daños que resultaron de su comisión de forma más cabal y, en consecuencia, contribuir a su no repetición”.

Entre algunos de los casos de violencia sexual y de género ocurridos durante los inicios del golpe de Estado de 2019, se citan los siguientes:

“Una de las mujeres detenidas el 11 de noviembre en El Alto refiere que sufrió tocamientos de carácter sexual en la EPI 3, donde policías le agarraron los pezones y le introdujeron el dedo en la vagina. La amenazaron con matarla y violarla, mientras le decían ‘bonita, has salido a la calle, ahora vas a luchar aquí dentro también por el MAS’. Más tarde, en la FELCC, la hicieron desnudarse y ella pensó que la iban a violar debido a que ya la habían amenazado con hacerlo. Debe destacarse que esta víctima fue detenida cuando buscaba a sus familiares que habían sido retenidos por civiles y, al llegar la policía en ese momento, ella también fue detenida. Por eso, este caso es ilustrativo de la condición de vulnerabilidad en que frecuentemente se encuentran las mujeres que van a buscar información sobre sus familiares hombres. Esta mujer fue víctima de varios actos de violencia sexual, incluso de violación, cuando policías le insertaron un dedo en la vagina”, indica el reporte.

Además, según el informe, ella estaba embarazada de algunas semanas en el momento de los hechos. Si bien no está claro si los policías lo sabían, durante su custodia le propinaron golpes en el estómago y espalda, toques eléctricos en la espalda y no recibió agua ni comida durante los tres días en que estuvo en las celdas judiciales, donde sentía mucho frío. La víctima fue transferida a la cárcel de Obrajes y permaneció detenida durante cuatro meses.

- Caso Patricia Hermosa y detenciones en El Alto

Otro caso de violencia reproductiva es el de Patricia Hermosa, quien fue arrestada el 31 de enero de 2020 y luego transferida a la cárcel de Obrajes por seis meses en detención preventiva, a pesar de estar embarazada en el momento del arresto. Tanto, cuando llegó a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) como una vez transferida a la cárcel de Obrajes, mencionó que estaba embarazada. Al llegar a la cárcel, se le hizo un análisis, pero como la médica se fue pasado pocos días, nunca tuvo acceso a esa prueba. Entre el 6 y 16 de marzo sufrió un sangrado por diez días y perdió a su bebé, indica el informe.

“Otra mujer detenida en El Alto refiere que, en la EPI 3 en Satélite, la desnudaron y que sufrió tocamientos de carácter sexual. Esta víctima describe que varias veces durante su detención los policías la insultaban diciéndole ‘vos eres una puta porque andabas detrás de la pareja de tu hermana’ y en varias ocasiones le dijeron que era ‘una perra’ y ‘una puta’, ya que cuando fue detenida estaba con su cuñado, quien también había sido detenido”.

La mujer había sido trasladada a las celdas judiciales en la FELCC en detención preventiva, donde igualmente le hicieron una requisa. “Ahí le decían que ‘la iban a violar porque todos odian a los masistas’. Luego, fue ingresada a la cárcel de Obrajes, donde le dijeron que ‘iban a quemar a sus hijos y su casa’. Una vez trasladada a la cárcel de Obrajes, también la desvistieron”.

En las celdas de la FELCC de La Paz, otra víctima que había participado en una marcha, el 15 de noviembre, fue amenazada con violación.

“En ese momento era la única mujer, por lo que se supone le habrá causado aún más temor. Cuando la llevaron a las celdas judiciales en la calle Genaro Sanjinés, le hicieron quitarse la ropa. Esta víctima refiere que durante su detención la insultaron varias veces llamándola ‘puta masista’”, indica el reporte del GIEI.

El documento añade que una de las mujeres detenidas en Sacaba el 15 de noviembre declaró que la arrestaron a ella y a dos compañeras que estaban en el puente Huayllani, intentando cruzar. Ellas y varias otras mujeres –incluso mujeres de edad y por lo menos una mujer embarazada de ocho meses– fueron llevadas a la UTOP y mantenidas en una cancha de fútbol donde fueron humilladas e insultadas por mujeres policías que les llamaban “pelotudas” y les decían “¿no podían estar cocinando en sus casas?”, “¿no pueden estar velando sus crías?” y “¿ven?, ustedes dando la vida por el pelotudo de Evo, su Evo…”, “¿cuánto les ha pagado el pedófilo ese?, ¿qué les ha dado, su macho ese?”. La misma testigo dijo que las tenían enjauladas.

Uno de los hombres detenidos en Sacaba, el 15 de noviembre, también mencionó que las mujeres que fueron detenidas ese día fueron encerradas en una “jaula” y humilladas, diciéndoles que “no valían nada” y llamándolas “mujeres hediondas”.

Otra mujer, de 60 años, declaró haber sido detenida en Sacaba con otras cuatro personas y que maltrataron a otras mujeres que provenían del Chapare y a su amiga, a quien le jalaron del cabello, la golpearon y la hicieron andar de rodillas.

-Violencia sexual contra hombres

Con relación a los tratos a hombres, varios detenidos el 11 de noviembre en El Alto refieren haber sido desvestidos en la FELCC. Dos de ellos mencionan específicamente que además de los golpes y choques eléctricos que sufrieron, también los insultaban y amenazaban de muerte y que los violarían en la cárcel. Adicionalmente, una testigo dijo que vio a hombres detenidos en la FELCC en la Laguna Alalay el 16 de noviembre, quienes fueron pateados “entre las piernas”, en sus genitales.

Una abogada que trabajaba en el Servicio para la Prevención de la Tortura (Sepret) en el momento de las detenciones del 11 de noviembre de 2019 en El Alto, y de las torturas, registró y denunció esos tratos, pero se vio obligada a renunciar a su cargo cuando llegó un nuevo director que le acusó de “defender maleantes y delincuentes”, dice el Grupo de Expertos.

-Caso Patricia Arce

“Cierto tipo de actos violentos tienen una relación estricta con el género de la víctima y se revisten de un significado particular por ser cometidos contra víctimas mujeres. Por ejemplo, como el GIEI ha documentado en el Capítulo 3, el 6 de noviembre de 2019, Patricia Arce, alcaldesa de Vinto en el momento de los hechos, fue privada de su libertad por particulares y fue víctima de agresiones físicas, hostigamiento, actos de humillación pública, variados insultos y amenazas, incluso de muerte”.

“La hicieron caminar descalza desde la alcaldía de Vinto hacia Quillacollo, incluso sobre vidrios. Le echaron orines, pintura roja y gasolina. Dos mujeres distintas le cortaron el cabello en dos ocasiones. Patricia Arce no pudo regresar durante algún tiempo a su casa debido a las amenazas recibidas. Después, la madre de uno de los hombres que la agredió, el 6 de noviembre, vino a amenazarla para que no siguiera con la investigación de los hechos”, indica la pesquisa internacional.

-Caso Presidente de Diputados

Otro de los casos documentados por el GIEI, que clasifica como violencia sexual, es el siguiente: Marco Antonio Borda Belzú declaró que el 10 de noviembre de 2019 un grupo de personas ingresó por la fuerza a su casa, lo golpearon en varias partes del cuerpo, incluso en sus genitales y nalgas, le taparon su boca, lo desnudaron y le echaron gasolina.

Durante esos abusos le decían que llamara a su hermano Víctor Borda, que era entonces el presidente de la Cámara de Diputados, y le dijera que renunciaran él y Evo Morales. Ese hecho sucedió inmediatamente después de que habían ido a quemar la casa de su hermano Víctor.

“Declaró igualmente que cuando aún estaban en la casa, golpearon a su hijo, le fracturaron la nariz, y ‘manosearon’ a su hija de 15 años, mientras decían ‘la violaremos como su hermano ha hecho violar’, y la insultaron llamándola ‘puta’. Luego, lo hicieron caminar desnudo y descalzo por la ciudad de Potosí hasta la plaza principal, donde lo presionaban para que pidiera perdón al pueblo potosino”.

- Resistencia Juvenil Cochala

Los acontecimientos del 19 de diciembre de 2019 frente a la Asamblea Departamental de Cochabamba son un ejemplo de una situación en la que se profirieron insultos de carácter sexista, homofóbico y racista, acompañados de amenazas de violación.

El 19 de diciembre de 2019, un grupo mayoritariamente de mujeres fue a la Asamblea de Cochabamba.

“Ahí, presuntos miembros de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) los/las agredieron e insultaron: Según una de las mujeres que estaba presente, miembros de la RJC amenazaron a las mujeres, gritándoles ‘a ti te vamos a violar’, ‘estás fichada, sabemos dónde vives’, ‘tenemos pagado el motel, te vamos a meter un hijo para que sepas de qué lado tienes que estar’. A ella la insultaron muy de cerca, diciéndole ‘marimacha de mierda, te vamos a meter un tubo en el culo para que sepas lo que es’. Ella cree que la insultaron de esta forma porque pensaron que ella era lesbiana debido a su apariencia. Cuando se giró para ver quién le había dicho esto, una de las mujeres que estaba con la RJC le agarró la trenza, la jalaron y se cayó al piso, y una mujer le dio un puñete en la cara. A un amigo hombre, que es aymara, le dijeron, ‘con esa trenza solo te falta la pollera para ponerte de cuatro y romperte el orto’”.

Agrega que “en general, a los hombres de fenotipo indígena les decían ‘solo te falta la pollera’. A otro amigo hombre, que ella identifica como blanco y de un perfil muy público, las mujeres que estaban con la RJC le decían ‘ese culito es nuestro’ y ’te vamos a partir el orto’. Merece destacarse que esta mujer dijo que los policías que les estaban protegiendo les decían que debían estar callados/as, sino no las iban a poder proteger. Pero, según ella, no les dijeron a las personas de la RJC que dejaran de amenazarlas con violación y de proferir insultos”, menciona el documento.


Defensoría del Pueblo señala que informe del GIEI - Bolivia devela debilidad de la justica con las víctimas de 2019
Defensoría del Pueblo señala que informe del GIEI - Bolivia devela debilidad de la justica con las víctimas de 2019

La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, señaló este martes que los resultados de la investigación realizada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI - Bolivia), develan la debilidad de la justicia con las víctimas de los hechos violentos de 2019 y, a casi dos años de esos sucesos, aún no se tienen instaurados juicios penales ni de responsabilidades.

“Es importante resaltar que el GIEI ha observado, además de las graves violaciones a los derechos humanos en nuestro país, la falta de acceso, o las debilidades o grandes observaciones en los actores del sistema de justica para con las víctimas”, dijo en entrevista en la Red Patria Nueva.

Señaló que el informe final del GIEI ratifica lo detectado por la Defensoría y publicado en el documento “Crisis de Estado - Violación de los Derechos Humanos en Bolivia octubre - diciembre 2019”, que se constituye en un impulso importante para el acceso a la justicia de las víctimas.

“No debemos olvidar que ya van a ser dos años de los luctuosos hechos de noviembre de 2019 y aún, en Bolivia, dentro del sistema de justicia no se cuenta con ningún juicio que se haya iniciado o se esté instalando. Inclusive, no se cuenta con la autorización para el juicio de responsabilidades de la señora Jeanine Áñez y muchos de su gabinete, los principales implicados o acusados de graves violaciones se encuentran fuera del país”, manifestó.

Cruz refirió que una de las principales instituciones denunciadas dentro de la Defensoría del Pueblo es el sistema judicial en su conjunto, pero como principal actor la Fiscalía General del Estado por los hechos de corrupción, maltrato a las víctimas y otros.

Según la Defensora del Pueblo, en noviembre de 2019 muchas de las víctimas al momento de acudir al sistema de justicia se encontraron con fiscales y policías que, en vez de asistirles, se encargaban de tomar sus datos para generar procesos de persecución y amedrentamiento.

“Desde la Defensoría del Pueblo habíamos observado casi una suerte de complicidad del Fiscal General (Juan Lanchipa) con el gobierno de Jeanine Áñez en las actuaciones que tuvieron”, aseveró.


© CopyRight — Agencia Boliviana de Información 2025 ABI