El presidente de la Asociación de Padres de Familia de Colegios Privados de Bolivia, José Antonio Pereira, denunció este miércoles que varios estudiantes de un colegio particular de la ciudad de La Paz, fueron expulsados de las clases virtuales porque no cancelaron las pensiones mensuales.

“Hemos entregado (una carta) el 13 de agosto con esta denuncia, se vulnera los derechos de los niños, niñas y adolescentes y se expulsa de las clases virtuales y se amenaza de que perderán el año, si los padres no cancelan las pensiones”, dijo en declaraciones a Radio Éxito.

El dirigente dijo que esas acciones asumidas por los administradores de una unidad educativa privada van en contra de la resolución 01/2021, emitida por el Ministerio de Educación y la misma Constitución Política del Estado, que consigna a la educación como un derecho humano.

Lamentó que los colegios privados no estén cumpliendo con el instructivo emitido por el Ministerio de Educación a inicios de gestión, en el que se señala una escala de descuentos en las mensualidades que cobran los colegios privados desde un 10 hasta un 35%.

“Un 5 por ciento (de colegios) en todo el país está obedeciendo al instructivo ministerial con el descuento del 10,25 y 35 por ciento, quiere decir que casi nadie está obedeciendo”, aseveró.

La carta de denuncia fue presentada ante el secretario de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y se espera una respuesta y acciones de parte de las autoridades.

El recto de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Oscar Heredia, informó este miércoles que implementarán algunas actividades presenciales en el desarrollo académico y se evalúa un posible retorno a clases en aula.

“En realidad a clases no vamos a retornar, sin embargo alguna actividades como laboratorios, talleres, exámenes, defensa de trabajos dirigidos, tesis, exámenes de grados se irán implementando presencialmente; porque hay menos posibilidad de hacinamiento y cumpliendo con las medidas de bioseguridad correspondientes”, dijo a los periodistas.

Relató que la gente adecuó a una nueva realidad, con la presencia del coronavirus, sale a trabajar, asisten a reuniones familiares, y se ve necesario volver a una normalidad presencial en un mediano o largo plazo.

Dijo que como universidad que hacen ciencia deben tener informes científicos para tomar decisiones, respecto al retorno a las clases presenciales.

Según el Rector de la UMSA el Gobierno les asignó Bs 12 millones del Impuesto Directo a Hidrocarburos (IDH), mismos que fueron utilizados en investigación, infraestructura, y en implementación de medidas de bioseguridad.

Ambrosio Yucra, quien quedó inválido y ya no puede caminar tras la masacre en Sacaba, Cochabamba, dijo que Luis Fernando Camacho, Carlos Mesa, Waldo Albarracín, Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga fueron los impulsores del golpe de Estado de 2019 y ahora deberían estar encarcelados.

Yucra, entrevistado este martes en el programa Primer Plano, de Bolivia Tv, dijo que se aguarda conocer de forma directa el informe que elaboró el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) respecto a los sucesos de 2019.

“Estamos clamando justicia por nuestros compañeros muertos, heridos y detenidos. Yo por ejemplo estoy inválido, no camino y tengo que estar echado”, indicó.

Añadió que hay otras víctimas de la masacre de Sacaba que deben someterse a una tercera operación quirúrgica debido a las heridas causadas entonces por fuerzas militares y policiales.

“Para Camacho, para Carlos Mesa, para Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, Waldo Albarracín, esos que han dado el golpe, queremos verlos de una vez detrás de las rejas. ¿Qué espera la justicia? ¿Por qué Carlos Mesa está afuera tranquilo y Camacho? Nosotros pedimos justicia”, indicó.

El embajador de Bolivia ante la OEA, Héctor Arce, dijo que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) demuestra que en Bolivia se produjo un golpe de Estado en 2019, que entonces se dieron ejecuciones sumarias y que ahora falta identificar a los responsables intelectuales de las masacres ocurridas entonces.

El diplomático, entrevistado en el programa Primer Plano, de Bolivia Tv, indicó que este martes debería ser considerado un día histórico ya que por fin se conocen los pormenores de lo ocurrido en 2019 de voz propia de especialistas internacionales independientes.

Explicó que el documento del GIEI indica de manera clara que la sesión en la que Jeanine Áñez asumió la presidencia del Senado, se realizó sin el quorum reglamentario, requisito fundamental, junto al respeto del Reglamento de la Cámara Alta, para acceder a la sucesión constitucional.

Sin cumplir ese requisito legal, Áñez se proclamó presidenta del Senado y luego se autoproclamó presidenta de Bolivia, indicó.

El informe del Grupo de Expertos, señaló Arce, también indica que Áñez recibió los símbolos presidenciales de parte del Jefe de la Casa Militar, quien le entregó el bastón de mando del país.

“Añez no juró ante nadie” para ser Presidenta y los militares le entregaron la medalla presidencial, indicó Arce.

Por todo ello, el Embajador destacó que el “GIEI ha establecido que en Bolivia ha habido un golpe de Estado” y una autoproclamación de Áñez como Presidenta.

Arce dijo que otro de los elementos fundamentales del documento de los expertos, es la constatación de que en 2019 se produjeron masacres de personas y ejecuciones sumarias extrajudiciales, es decir asesinatos de personas desarmadas por parte de uniformados que inclusive dispararon cuando los marchistas intentaban huir.

El Embajador dijo que esta violencia y la violación a los Derechos Humanos, tuvo como inicio el informe del secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien emitió un reporte que impulsó el golpe de Estado el cual se tradujo en las masacres y violaciones a los Derechos Humanos.

Indicó que el camino que resta adelante es cumplir las recomendaciones del GIEI y que la justicia, en el marco de sus competencias, determine las autorías mediatas e intelectuales de las graves violaciones a los Derechos Humanos cometidas en 2019.

El diplomático anticipó que se hará conocer el informe del GIEI en el Consejo Permanente de la OEA y en la ONU.