El ministro de Educación, Adrián Quelca, ratificó este martes que el jueves 11 de noviembre se iniciará el pago del Bono Juancito Pinto a todos los estudiantes del país de primaria, secundaria y educación especial. Se pretende llegar a 2.370.037 beneficiarios de 14.950 unidades educativas.

“Tenemos 2.370.037 estudiantes beneficiarios del Bono Juancito Pinto, de primaria comunitario vocacional, secundaria comunitaria productiva y educación especial (…) en 14.950 unidades educativas en todo el país del área fiscal y de convenio que han desarrollado las clases con toda normalidad”, afirmó en entrevista en Bolivia Tv.  

Dijo que, como cartera de Estado, están preparados para el pago del Bono Juancito Pinto, que es el incentivo a la permanencia escolar, establecido por el “gobierno del proceso de cambio” en la primera etapa, y ahora se le está dando continuidad.

“Nuestros estudiantes recibirán los 200 bolivianos desde el 11 de noviembre”, aseveró.

El operativo se realizará a través del sistema bancario, principalmente el Banco Unión y otras entidades financieras. En regiones en las que ningún banco tenga presencia, serán los directores o un maestro autorizado quien recogerá el beneficio para llegar hasta el último rincón del país, detalló.

Según Quelca, se tiene el reporte de que hasta la anterior semana un 81,4% de establecimientos está pasando clases presenciales y semipresenciales, en los que se podrá llegar de manera directa a los estudiantes; mientras que en más del 18% que pasa clases a distancia, los tutores habilitados podrán acudir a las entidades bancarias con una fotocopia de su carnet de identidad y el original para recoger el beneficio del estudiante, aclaró.

Destacó el aporte de las empresas estatales para el pago del Bono Juancito Pinto es importante, como el caso de YPFB que contribuye con Bs 220.000 millones. Remarcó que todas las empresas coadyuvan con diferentes cantidades, llegando a un monto total de Bs 486.163.000 para pagar ese beneficio a los estudiantes del país.

Confirmó que el acto de inicio del pago del Bono Juancito Pinto será en la ciudad de Cochabamba, en la unidad educativa San Francisco que está ubicada en la zona Sur.

El Reporte N° 603 del Ministerio de Salud y Deportes informó que la cifra de contagios de COVID-19 en el país fue de 604 casos este lunes; mientras que los pacientes recuperados de la enfermedad fueron 566. Los decesos llegaron a 3 y los casos descartados a 3.994 durante esta jornada.

Santa Cruz y Cochabamba son los departamentos que presentaron el mayor número de contagios, con 270 y 132 casos, respectivamente. Tarija registró 74 casos; Chuquisaca 61; La Paz 29; Beni 18; Oruro 14; Potosí 5; y Pando 1.

El reporte añade que hay 19.913 casos activos y 2.133.479 descartados.

Desde el inicio de la pandemia, en el país se registró un total de 518.870 de COVID-19 hasta la fecha, de los cuales 479.987 se recuperaron y hubo 19.970 decesos.

Con la elección de la Tantïñi Layminaka Ma (legisladora por territorio), del Ayllu Aransaya, inició este lunes el ciclo de cinco jornadas de elección de autoridades originarias del Gobierno Autónomo de la Nación Originaria Uru Chipaya, en la región ubicada en la provincia Sabaya del departamento de Oruro, según un informe del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Oruro.

El informe del TED-Oruro indica que, de la terna de tres mujeres, la ciudadana Jhenny Huarachi López, fue elegida en el Ayllu Parla de Aransaya con el apoyo de 61 personas en la modalidad de elección por fila, realizada según las normas y procedimientos de la milenaria cultura. 

El proceso electoral es supervisado por ente electoral.

La nueva autoridad del Laymis Parlas (Órgano Legislativo) comprometió trabajo y la gestión de diferentes proyectos en beneficio de la población de la Nación Originaria Uru Chipaya que elige a sus autoridades para el periodo 2022-2026, el segundo en su historia después de 2017.

El Gobierno Autónomo de la Nación Originaria Uru Chipaya inicia desde este lunes 8 al domingo 14 de noviembre su segunda elección de autoridades originarias por normas y procedimientos propios para el periodo 2022-2026. Tras la aprobación de Estatuto Autonómico en 2016, los habitantes de la milenaria cultura andina eligen a sus representantes dentro la Democracia Comunitaria reconocida por la Constitución Política del Estado.

La delegación de jóvenes bolivianos que acude a la conferencia sobre cambio climático (COP26) que se realiza en Glasgow, Escocia, destacó la propuesta nacional respecto al Vivir Bien y al rescate de los conocimientos ancestrales para preservar los derechos de la Madre Tierra.

El informe fue brindado este lunes por Cristian Flores Mamani, coordinador nacional de la plataforma boliviana frente al cambio climático e integrante del Comité Impulsor de la plataforma de juventudes por la Justicia Climática.

El representante destacó la presencia de la delegación de jóvenes en el evento internacional ya que representa un precedente a nivel latinoamericano.

“La primera semana ha sido la negociación fuerte, donde hemos estado acompañando, escuchando como se ha ido desarrollando, defendiendo la posición boliviana”, indicó.

Flores resaltó de la propuesta boliviana, el modelo del Vivir Bien, así como el rescate de los conocimientos ancestrales para la preservación y cuidado del planeta.

“Lo que rescato de manera clara es que los saberes (ancestrales) que tenemos sean priorizados y las voces de los pueblos sean cada vez más fuertes, sean mucho más consolidadas”, indicó.

Durante su participación en la COP26, el presidente, Luis Arce, se manifestó en contra de los sistemas de mercados de carbono, en los cuales se pueden comprar derechos para contaminar la atmósfera. Resaltó que aún trabaja en una propuesta que permita mantener estable la temperatura global del planeta, sin tener que recurrir a falsas soluciones "capitalistas".

"Sobre los mecanismos de mercado que han sido propuestos hasta ahora por los países desarrollados, existe asimetría de información, genera incertidumbre y no es un mecanismo inmediato", dijo Arce el 3 de noviembre.

Este tipo de mercado establece que un país puede comprar créditos de carbono a naciones con gran superficie boscosa. Así, las industrias pueden seguir contaminando, a cambio de que países del hemisferio sur eviten talar sus árboles, que capturan toneladas de dióxido de carbono.