El ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, informó que desde el miércoles se iniciará la inmunización contra el COVID-19 a menores de entre 12 y 17 años con la vacuna Pfizer. 

“A partir de mañana (miércoles) se procederá con la inmunización a todos los menores comprendidos entre los 12 a 17 años”, dijo en conferencia de prensa.

Explicó que esa Cartera de Estado de forma permanente realiza los estudios para ampliar el universo de vacunación y cada decisión que se asume está supeditada a estudios que respalden las decisiones técnico científicas. 

El universo de la población comprendida entre 12 a 17 años es de 1.391.339 personas, por lo que el ministro reiteró que se utilizará exclusivamente la vacuna Pfizer, que está distribuida en todos los servicios departamentales de Salud (Sedes).

Aclaró que la vacuna Pfizer está autorizada en el mundo para ser aplicada a los menores de 18 años, al igual que los inmunizantes Moderna, Sinopharm, y otras, las cuales serán adquiridas para retornar a una actividad educativa regular.

“Este 15 de noviembre esperamos la llegada de 90.000 dosis de la vacuna Pfizer, actualmente tenemos 1.278.810 dosis, lo que alcanza para inmunizar al 50 por ciento del universo total del objetivo de menores de 18 años”, anunció.

La comunidad indígena del ayllu San Agustín de Puñaca, del municipio de Poopó del departamento de Oruro, interpuso este martes una acción popular, con el apoyo de organizaciones ambientales y sociales, ante la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia para reclamar legalmente la reparación de los daños por contaminación al lago Poopó. 

“Ante los graves daños socioambientales generados por la contaminación minera de la cuenca del lago Poopó, integrantes del ayllu San Agustín de Puñaca interpusieron una acción popular ante la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro para reclamar legalmente el reconocimiento de la vulneración de sus derechos y la reparación de los daños por parte de las autoridades correspondientes”, afirmó la coordinadora del Colectivo Casa, Ángela Cuenca, en conferencia de prensa. 

Explicó que la acción legal fue presentada por la comunidad San Agustín de Puñaca y las organizaciones sociales como la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra (Renamat), los líderes ambientales, el Defensor del Pueblo en Oruro y organizaciones ambientalistas como el Centro de Comunicación y Desarrollo Andino (CENDA), el Centro de Ecología y Pueblos Andinos (CEPA) y el Colectivo de Coordinación de Acciones Socio Ambientales (Colectivo CASA).

Detalló que a diario las empresas mineras situadas en la cuenca del lago Poopó vierten enormes cantidades de metales pesados a las aguas, convirtiéndolas en peligrosas para el consumo humano animal y el regadío. 

“La contaminación está deteriorando gravemente el lago Poopó, humedal declarado de importancia internacional bajo la Convención Ramsar y acabando con especies animales y vegetales”, precisó.

Agregó que las aguas más afectadas del Poopó y de los ríos Huanuni y Desaguadero, rodean al ayllu San Agustín de Puñaca, una comunidad situada en la zona de mayor presencia minera.

La acción popular es un proceso legal empleado ante la vulneración de derechos colectivos. Quienes conforman el ayllu San Agustín de Puñaca han visto vulnerados sus derechos constitucionales al agua, a la salud, a la soberanía alimentaria y a un medio ambiente sano. Sus modos de vida están siendo afectados por la degradación ambiental, explicó.

(Foto: TSE)

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Daniel Atahuachi, posesionó al nuevo director departamental del Servicio de Registro Cívico (Serecí) de Potosí, Kieffer Zenobio Condori, en un acto realizado en instalaciones del Tribunal Electoral Departamental (TED) de esa región.

Atahuachi recomendó a la nueva autoridad “llegar hasta el último rincón del departamento de Potosí, con el único fin de que cada ciudadano y ciudadana pueda acceder a su registro cívico”.

Asimismo, le solicitó que trabaje de manera ardua para que no existan personas sin certificado de nacimiento. Enfatizó en la necesidad de luchar contra la corrupción y la discriminación.

Por su parte, Condori expresó su agradecimiento a las autoridades del TSE por la oportunidad y se comprometió a trabajar, cooperar y coordinar con las distintas autoridades e instituciones del departamento.

“Se busca tener un trabajo más eficiente y de compromiso de la institución hacia la ciudadanía, así también el tener convenios interinstitucionales que juegan en pro de la institución, de los ciudadanos y del departamento”, indicó Condori.

El ministro de Educación, Adrián Quelca, informó este martes que el Gobierno nacional destinó Bs 486,1 millones para el pago del Bono Juancito Pinto, que beneficiará a más de 2,3 millones de estudiantes de los niveles de primaria, secundaria y educación especial de las unidades educativas fiscales y de convenio del país a partir del 11 de noviembre, fecha en que iniciará el pago.

“Se invertirá para este beneficio 486.163.000 bolivianos, es una cifra considerable que beneficiará a nuestros estudiantes como incentivo a la permanencia escolar, establecido por el gobierno del proceso de cambio durante la primera etapa y que ahora se le está dando continuidad”, afirmó.

Detalló que 2.370.037 estudiantes se beneficiarán con el incentivo a la permanecía escolar: en Santa Cruz se tiene a 651.775 beneficiados; en La Paz, 578.667; en Cochabamba, 440.285; en Potosí, 186.509; en Beni, 128.092; en Chuquisaca, 124.947; en Oruro, 115.922; en Tarija, 113.039 y en Pando son 30.801.

“Quiero ponderar que este beneficio llega con el aporte de las empresas estatales, las mismas que el régimen de facto quiso liquidar, como estipula el neoliberalismo, para eliminar la presencia del Estado en los asuntos económicos; a estas empresas que las sabotearon”, aseveró. 

Destacó que el presidente, Luis Arce; dio un impulso importante a las empresas estatales productivas para que generen recursos económicos y redistribuyan sus utilidades a través del bono Juancito Pinto.