La Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud (Agemed) alertó este martes a la población sobre la comercialización ilícita de varias medicinas sin registro sanitario.

“Se ha llegado a encontrar incluso Mentisan falsificado, Azitromicina, Amoxicilina, Ibuprofeno falsificado y sin registro sanitario”, dijo a la ABI el director de la Agemed, Yuri Quisbert.

Explicó que, producto de los operativos realizados junto a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), de manera permanente la Agemed publica en su página de Facebook las alertas de los medicamentos y productos encontrados que no cuentan con registro sanitario en el país.

“Precautelando la salud de la población boliviana, la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud, del Ministerio de Salud y Deportes, comunica y alerta a la población la comercialización ilícita del producto sin registro sanitario como Oxa B12 I.M.”, publicó la entidad en su página oficial de Facebook.

Además de otros productos como el “Actron, de rápida acción; Buscapina Compositum, pomada modeladora Fixiadora, jaboncillo ecológico neutro aloe vera, jabones artesanales, pomada de fijación Strong y Hold suavecito”, entre otros.

En la lista también aparecen los productos: pomada modeladora Combat Matte, pomada modeladora Fixiadora, cera para cabello The Barbería, pomada Barber Shop Brutus, pomada Matte Dom Pelo Minoxidil 10%, pomada modeladora Van Beards y jaboncillo de glicerina neutro Nature.

Pese a que los nuevos casos de coronavirus se disparan en Santa Cruz, la Gobernación dirigida por Luis Fernando Camacho no asignó presupuesto, ni firmó un convenio, ni aceptó contratar personal para el funcionamiento del moderno hospital de Montero, en perjuicio de la población que requiere atención médica, denunció la asambleísta Raquel Valencia.

La representante departamental, en entrevista con el programa “Primer Plano”, de Bolivia Tv, dijo que esa actitud de Camacho no solamente atenta contra la vida y la salud de los habitantes sino que puede ser considerada como delictiva debido al perjuicio causado.

Explicó que el Gobierno, a través de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem) propuso un convenio intergubernativo para el funcionamiento del Hospital de Montero pero la Gobernación cruceña dilató el acuerdo que al final no lo firmó.

Por si fuera poco, en el presupuesto de la Gobernación de Santa Cruz, Camacho no incluyó un presupuesto para el funcionamiento de ese hospital.

Además, pese a que se le propuso que se haga cargo de la contratación del personal administrativo y de limpieza mientras el Gobierno nacional se haría cargo de contratar a médicos, enfermeras y personal de salud para ese nosocomio, tampoco aceptó ese planteamiento, por lo que no funciona el hospital de Montero, indicó la asambleísta.

“La falta de capacidad del Gobernador, la falta de compromiso con su tierra, la falta de voluntad para responderle a aquellos que lo escogieron a él, hoy nos está cobrando factura”, indicó.

“La Gobernación no asignó recursos para el funcionamiento del hospital” de Montero, denunció.

“Estas actuaciones se enmarcan en delitos, en tipos penales que están establecidos dentro del Código Penal”, manifestó.

El responsable del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), Max Enríquez, pidió este lunes a los gobiernos subnacionales que tomen acciones inmediatas, como la ampliación de horarios y el aumento de personal, para acelerar el proceso de vacunación contra el COVID-19.

“La ampliación de los horarios de vacunación, los puntos de vacunación, el personal para estos mismos puntos, es una corresponsabilidad en la que gobiernos departamentales, como gobiernos municipales, tienen que tomar acción (...). Tienen que tomar acción, pero acción inmediata para evitar estas largas colas y esta acumulación de gente”, mencionó en una entrevista en el programa “Primer plano” de Bolivia Tv.

Enríquez indicó que se necesita acelerar el proceso de inmunización ahora que se aproxima el inicio de las labores escolares, para que se apliquen las modalidades presenciales y semipresenciales.

“Los padres llevan a sus hijos a vacunarse y ellos aprovechan incluso ese procedimiento para recibir sus dosis”, acotó.

Manifestó que la cantidad de inmunizantes es más que suficiente, puesto que se cuenta con más de 22 millones de unidades para todo el territorio nacional.

“Hemos enviado (a todos los departamentos) también pruebas, equipos, para que todos estemos protegidos”, sostuvo.

El responsable del PAI aseveró que la vacunación contra el COVID-19, de toda la población, dependerá de la respuesta de las personas a la convocatoria de la campaña de inmunización masiva, que subió en los últimos días hasta llegar a más de 74.000 personas que recibieron su dosis.

“Si vamos a este ritmo, nosotros vamos a acelerar esto y es lo que queremos en el país. Cuanto más rápido estemos vacunados, hay menos probabilidad de que el virus pueda hacer su réplica y esto es lo que estamos buscando”, concluyó.

El ministro de Justicia, Iván Lima, informó este lunes que el Amparo Constitucional y la Acción Popular, planteados en la ciudad de Santa Cruz para frenar el uso del carnet de vacunación contra el COVID-19, están plagados de mentiras y de información falsa.

“Ambas tienen los mismos argumentos, han escogido una vía diferente y están plagadas de falacias, de mentiras, de información falsa”, dijo en una entrevista en el programa “Primer plano” de Bolivia Tv.

La autoridad estatal explicó que, entre los argumentos, se presentó como jurisprudencia la copia de una demanda que se presentó el 28 de diciembre de 2021 en la localidad de Mar del Plata, en Argentina, pero recordó que la justicia del vecino país no se pronunció sobre el caso hasta el momento.

Además, mencionó que “entre las mentiras” se planteó también que la Corte Suprema de Estados Unidos se pronunció sobre la temática, que anuló la vacunación universal y que una demanda presentada por Robert Kennedy Junior hizo que se declare que la nueva vacuna contra el COVID-19 debe evitarse a toda costa.

“Esto es una mentira. Está en todos los portales de chequeo de noticias que esto es una afirmación falsa y la han presentado abogados en una Acción Popular”, sentenció.

En ese contexto, Lima dijo que los dos recursos no tienen asidero legal e intentan sólo confundir a la población para usar el discurso de que la justicia no fue independiente ni transparente cuando sean rechazados.

Por otro lado, manifestó que, en el intento de desinformar a la población, circula una nota en las redes sociales sobre la existencia de una declaración de bioética de Nuremberg, de Helsinki, e incluso de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), que estarían a favor de los demandantes, pero afirmó que no tienen valor jurídico porque su aplicación no fue aprobada por una ley.

“No han sido aprobadas en el país. Son documentos que se conocen en Derecho como ‘soft law’, son recomendaciones que no tienen fuerza vinculante”, aseveró.

El titular de Justicia dijo que el Gobierno nacional sí tiene una normativa de respaldo en el caso de la Ley 2119, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Culturales y Sociales, cuyo artículo 12 dice que “El Estado boliviano tiene la obligación de adoptar medidas para la prevención y el tratamiento de enfermedades epidémicas y de otra índole y luchar contra ellas”.