El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, ratificó que el Gobierno nacional enfoca su gestión con base en tres ejes fundamentales: reactivación económica, lucha contra la pandemia y acceso a la educación, sin dejar de lado la atención al pedido de justicia por las muertes de las masacres durante el golpe de Estado de 2019.

“El pueblo boliviano sabe que estamos trabajando en tres líneas fundamentales: la reactivación económica, cómo enfrentar esta pandemia y cómo garantizar la educación; pero, no podemos descuidar el gran pedido de justicia. Vamos a seguir pidiendo (justicia) y vamos a ser vigilantes ante el Órgano Judicial para que cumpla con el trabajo que corresponde”, afirmó en contacto con periodistas de la ciudad de Santa Cruz.

De igual manera, sostuvo que las acciones que desarrolla el Ministerio Público en el marco del proceso investigativo, de ninguna manera representan persecución política hacia las exautoridades.

“Nunca hubo persecución, lo que existe es búsqueda de justicia que es un pedido del pueblo boliviano. Si hubiera existido persecución política, al día siguiente de la posesión del hermano Presidente (Luis Arce), podríamos estar buscando a la gente para detenerlos”, argumentó Mamani.

La autoridad legislativa se encuentra en la ciudad de Santa Cruz, donde tiene previsto cumplir una agenda legislativa hoy, en su segunda jornada en la capital cruceña.

La presidente de los familiares de los fallecidos de Senkata, Gloria Quisbert, aplaudió este lunes el hecho de que la Fiscalía admitió una proposición acusatoria en contra de la expresidenta de facto, Jeanine Añez Chávez las masacres de Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba).

“Damos un aplauso, sí, pero queremos llegar a lo profundo, que se haga justicia por estas muertes”, indicó, en una entrevista en el programa “Primer plano” de Bolivia TV.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó esta jornada que se admitió una proposición acusatoria en contra de la expresidenta de facto, Jeanine Añez Chávez, por los delitos de genocidio, lesiones graves y leves y lesiones seguidas de muerte durante las masacres de Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba).

La dirigente dijo que se espera que se investigue lo sucedido, porque recordó que “no tiene ni olvido ni perdón” lo que hicieron Áñez y su ex ministro de Gobierno, Arturo Murillo con la aprobación del Decreto Supremo 4078, que eximió de responsabilidad a los militares que actuaron en la represión del pueblo en el golpe de Estado de 2019.

“No tenían que disparar a su pueblo, pero lo han hecho. Nosotros somos humanos y como humanos merecemos respeto y tenemos derecho a tener una vida sana, pero no en la manera que nos han hecho en el año 2019. Nos han llenado de mucho temor, nos han llenado de mucho dolor que hasta el momento no se puede sanar, no se puede olvidar”, sentenció.

El director nacional del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Victima, Tito Tornero, consideró, por su lado, que la admisión de la proposición acusatoria en el Ministerio Público es “un gran logro” luego de un largo proceso de recopilación de pruebas.

“Ahora depende del Fiscal General del Estado y confiamos en que tenga el mejor resultado que esperamos tanto nosotros como los familiares de los fallecidos y las víctimas de Senkata y Sacaba, junto con Huayllani”, agregó.

La autoridad estatal explicó que el Ministerio Público tiene que incluir los antecedentes pertinentes a la proposición acusatoria y cuenta con un plazo de 30 días para la formulación del requerimiento acusatorio respectivo y su presentación a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia.

“La misma va a pasar en una segunda instancia, por decirlo así, a la Asamblea Legislativa Plurinacional para que se decida el iniciación de la investigación”, finalizó.

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, informó este lunes que se acordó con las autoridades y los dirigentes de organizaciones sociales de Los Yungas de La Paz que un proceso eleccionario se realizará en 45 días para dar solución definitiva al conflicto por la administración de la Asociación Departamental de Productores de Hoja de Coca (Adepcoca).

“Las elecciones se llevarán a cabo, indefectiblemente, en el plazo máximo de 45 días a partir de la suscripción del presente documento”, manifestó, luego de una reunión de más de cinco horas con los sectores convocados en el Hotel Paris de la ciudad de La Paz.

La autoridad estatal manifestó que se convino, además, que los comicios contarán con el acompañamiento y supervisión del Tribunal Departamental Electoral de La Paz, para que se garantice su igualdad, transparencia e imparcialidad.

Asimismo, Del Castillo dijo que el acuerdo menciona también la convocatoria a los representantes de las 17 regionales de los frentes de los dirigentes Elena Flores y Armin Lluta, para que presenten listas completas de integrantes el miércoles 7 de julio, a las 16.00 horas, en el Hotel París, y se llegue a acuerdos y consensos respecto al padrón electoral.

“La ejecución y el cobro de recursos, así como el lugar y modalidad de las elecciones será definidos con las distintas regionales en la reunión señalada en el punto anterior”, agregó.

Además, mencionó que el comité electoral estará conformado por 34 personas, puesto que contará con un representante de cada uno de las 17 regionales que participarán en la justa electoral.

El titular de Gobierno acotó que se estableció por consenso que el mercado de la coca establecido de manera legal en la ciudad de La Paz será “el señalado en la Resolución 068 hasta el día miércoles”.

Finalmente, Del Castillo mencionó que en el acuerdo se estableció, por otro lado, que se conformará una comisión de justicia para la investigación de los hechos de violencia registrados desde 2018 en la región de Los Yungas por la pugna por la administración de la Adepcoca e identificar a los responsables.

El convenio incluye, por último, un acápite sobre la necesidad de reforzar la seguridad ciudadana en los ocho municipios de Los Yungas de La Paz.

La presidente de la Convención Constitucional de Chile, la mapuche Elisa Loncon, tendrá el desafío de sacar el sistema neoliberal de su país como resultado del proceso de reforma constitucional, para sustituirlo por uno ecológico y menos economicista que genere cambios sociales reales en beneficio del pueblo, dijo este lunes el representante indígena Erick Chinga Ferreira.

“Podríamos decir que se puede abrir una puerta importante en beneficio del pueblo y poder generar este cambio de sistema, sacar el sistema neoliberal e instalar un sistema más bueno. En el caso de nosotros (los indígenas) estamos en lo que se llama más ecológico, no tan economicista y que genera cambios sociales reales y que empareje la cancha entre las grandes empresas y el pueblo de Chile”, indicó, en una entrevista en el programa “Primer plano” de Bolivia TV.

El representante indígena manifestó que la tarea de Loncon será difícil porque Chile tiene uno de los procesos neoliberales “más profundos” de Sudamérica por la influencia de varias empresas trasnacionales.

Chinga mencionó que uno de los principales problemas será que un sector social del vecino país pone resistencia, pese a que los indígenas quieren una reforma, un cambio profundo.

Mencionó que para contrarrestarlo surgió la propuesta de sectores indígenas y de la izquierda política de Chile para que los dos tercios de votos no sean aplicados, porque la oposición, es decir la derecha, tiene la mayoría de representantes.

“Para nosotros está que este nuevo proceso, esta asamblea sea soberana, solamente se acoja la mayoría simple”, aseveró.

Sin embargo, el delegado indígena manifestó que la Convención Constitucional de Chile todavía no consideró el tema, pues el gobierno del vecino país, que es de la derecha política, fue incapaz de culminar esta jornada la preparación de la instalación de la primera sesión.

“Esto lo empezaremos a ver mañana, martes, porque mañana deberíamos empezar a sesionar para instalar lo que son el Comité de Reglamento o reglamentar la Convención”, concluyó.