Exdiputado de Unidad Nacional respalda reforma judicial para beneficio del pueblo
Exdiputado de Unidad Nacional respalda reforma judicial para beneficio del pueblo

Exdiputado de Unidad Nacional respalda reforma judicial para beneficio del pueblo

El exdiputado de Unidad Demócrata (UD), Gonzalo Barrientos, respaldó este domingo la política gubernamental de reforma judicial para el beneficio del pueblo. 

“Que haga patria el actual presidente (Luis Arce), que cambie la justicia. Tiene que cambiarse esta justicia (…). Hay que darle justicia al pueblo “, manifestó en un debate en el programa A todas luces de Bolivia Tv.

El exlegislador señaló que el cambio en el sistema nacional de administración de las leyes es necesario, porque está mal hace varios años y no hay justicia para el pueblo.

Recordó que uno de sus principales problemas es la retardación, puesto que el 75% de los detenidos preventivos está a la espera de una sentencia judicial.

“Veamos los feminicidios, infanticidios, delincuencia, ajuste de cuentas y tantas cosas. Dios nos libre de llegar a la justicia y no por el tema político”, acotó.

El exrepresentante legislativo de UD dijo que mientras no haya justicia en el país, no habrá democracia ni derechos humanos ni Estado de derecho, por lo que el “gran perjudicado” será el pueblo.

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, comenzó el jueves pasado en Oruro la socialización de un plan estratégico de reforma judicial en el Estado Plurinacional de Bolivia.

“Todos van a ser escuchados y quienes van a tener la atención del ministerio, como se señaló ayer, son todos los bolivianos”, dijo, en un acto público.

Un día antes, el Gobierno nacional presentó el diagnóstico y el plan estratégico de seis ejes para aplicar una reforma judicial.

El plan se basa en el trabajo en las siguientes áreas: Balanceo del conflicto, sistema de acceso a la justicia, la independencia judicial, desarrollo normativo, las soluciones en tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y la transparencia institucional.

El Gobierno nacional prevé un trabajo de 90 días dedicados a la socialización de la estrategia y a la recepción de sugerencias.

Luego, aplicará una segunda fase con acciones de sistematización pública de propuestas y una última etapa para determinar fechas y costos de la reforma judicial.


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