El informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sugiere reformas al sistema de justicia para que sea independiente, transparente y justo, porque determinó que los magistrados y los fiscales estuvieron expuestos a presiones e injerencias externas, especialmente políticas, en el ejercicio de sus funciones durante el golpe de Estado de 2019, informó este martes uno de sus miembros, Julián Burger.
“El GIEI considera que el sistema de justicia en Bolivia necesita reformas para que sea independiente, transparente y capaz de impartir justicia a todos los ciudadanos de manera justa. El informe señala que magistrados, magistradas y fiscales están expuestos a presiones e injerencias externas en el ejercicio de sus funciones, en particular de sectores políticos”, dijo en la presentación del documento a la ciudadanía en un acto realizado en la ciudad de La Paz.
En ese sentido, mencionó que el GIEI estableció que la falta de independencia y el uso de la persecución penal con finalidades políticas no fueron coyunturales a la crisis electoral de 2019 y sus posteriores efectos.
Además, manifestó que en la investigación de la entidad internacional observó que los expedientes investigativos y judiciales abiertos entre septiembre y diciembre, de hace casi dos años, se hizo el uso frecuente de las figuras penales de sedición y terrorismo para promover la persecución penal de personas que participaron en movilizaciones sociales y los líderes de la oposición al gobierno de facto.
El procurador federal adjunto de los Derechos del Ciudadano del Ministerio Público de Brasil, Marlon Alberto Weichert, recordó que la promoción de una justicia imparcial y desvinculada de intereses políticos es “un elemento clave” para concretizar el principio de la igualdad y para retomar la confianza de la sociedad en las instituciones del Órgano Judicial y del Ministerio Público.
El experto indicó que la reforma estructural planteada por el GIEI debe apuntar a superar las deficiencias en la garantía de la independencia y autonomía de la administración de la justicia y de la Fiscalía.
“Y en adoptar la debida diligencia y el debido proceso legal en sus actuaciones”, finalizó.
