“El Gobierno interino de Bolivia aprovecha la pandemia para arrogarse el poder de sancionar penalmente a quienes publiquen información que las autoridades consideren ‘incorrecta’, y esto viola el derecho a la libertad de expresión”, se lee en un pronunciamiento de abril de 2020 difundido por Human Rights Watch, organización defensora de derechos humanos.
Así como la vida de los bolivianos viró con la pandemia durante un año, las medidas también. El Decreto Supremo N° 4200 del 25 de marzo de 2020, emitido por el régimen de Jeanine Áñez, estableció sanciones para las personas que inciten el incumplimiento de la norma, desinformen o generen incertidumbre a la población porque serían sujetas de denuncia penal “por la comisión de delitos contra la salud pública”. Ese documento fue considerado por Human Rights Watch como una amenaza a la libertad de expresión.
El Decreto Supremo N° 4199 del 21 de marzo de 2020 establece la cuarentena total en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia a partir de las 00.00 del día domingo 22 de marzo de 2020 con suspensión de actividades públicas y privadas en atención a la declaración de emergencia sanitaria nacional contra el COVID-19.
La norma también determinaba que los estantes y habitantes del Estado Plurinacional de Bolivia debían permanecer en sus domicilios o en la residencia que se encuentren durante el tiempo que dure la cuarentena total. Solo podían realizar desplazamientos mínimos e indispensables una persona por familia en el horario de la mañana de 07.00 a 12.00 del mediodía, a fin de abastecerse de productos e insumos necesarios en las cercanías de su domicilio o residencia. Quienes incumplían la restricción eran procesados.
A casi un año de los hechos, rige una nueva norma para proteger la vida, la salud, la integridad y el bienestar de la población: la Ley de Emergencia Sanitaria. El documento determina que las infracciones a las medidas sanitarias durante la declaratoria de emergencia sanitaria, serán consideradas como infracciones a la salud pública y serán objeto de sanciones de carácter pecuniario, de servicio social, o de aislamiento sanitario de acuerdo con la gravedad del hecho, no pudiendo imponer detención física de una persona, incautaciones, secuestro y/o decomiso de sus bienes.
La norma promulgada el 17 de febrero determina acciones ante la segunda ola de contagios del COVID-19; por ejemplo, la conformación de un Consejo Nacional Estratégico para emergencias sanitarias, políticas de inmunización, estandarización de medicamentos, registros y servicios de salud, contrataciones y despachos aduaneros.
La crisis generada en la gestión de Áñez provocó un decrecimiento de más del 11% en la economía hasta el segundo trimestre de 2020. A octubre de esa gestión, se registró una caída general de 9% del Índice de Cantidad de Consumo de Servicios Básicos (electricidad, agua potable y gas licuado de petróleo).
La inversión pública ejecutada se contrajo en 66%, de $us 3.272 millones en 2019 a $us1.107 millones. La tasa de desempleo abierto urbano se duplicó, de 4,8% a 8,7%. Y la deuda interna del Tesoro General de la Nación pasó de $us 5.950 millones en octubre de 2019 a $us 9.457 millones.
Ante esa situación, con el fin de apoyar a uno de los sectores más vulnerables como son los adultos mayores, y de mantener el poder adquisitivo de la población rentista del Sistema de Reparto y de los jubilados del Sistema Integral de Pensiones (SIP), el Gobierno nacional determinó el aumento adicional y extraordinario en las rentas mensuales de ambos sectores. Más de 219 mil jubilados y rentistas se beneficiaron con esta medida.
También, como una de las primeras medidas frente a la crisis económica, se otorgó un pago único de Bs 1.000 a personas mayores de 18 años al 16 de septiembre de 2020 y menores a 60 años al 01 de marzo de 2021. Hasta el domingo 28 de febrero, 4.007.913 bolivianas y bolivianos se beneficiaron, según datos oficiales de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo.
Otra de las medidas fue la promulgación de la Ley 1355 del Régimen de Reintegro en Efectivo del Impuesto al Valor Agregado (Re-IVA). Tuvo como objetivo redistribuir el ingreso e incentivar la mayor facturación por la compra de bienes y servicios en el mercado interno.
También se puso en vigencia la Ley Financial 1356 del Presupuesto General del Estado (PGE) 2021 que perfila un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en torno al 4,8%; prioriza la inversión pública para reactivar la economía del país, reduce el gasto corriente y garantiza los bonos sociales para fortalecer la redistribución de ingresos. Esta norma garantizó el presupuesto para la compra de vacunas ya que destina el 10% para Salud.
La Ley 1357 del Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF) fue otra de las medidas. Grava a las personas que tengan un patrimonio superior a Bs 30 millones. Los créditos productivos no estuvieron al margen en estos tres primeros meses.
El Gobierno aprobó un Decreto Supremo por el cual se destina Bs 911 millones para créditos dirigidos a financiar la elaboración de materias primas, insumos y manufacturas que sustituyan las importaciones. El objetivo fue apoyar a la recuperación del sector productivo, generar empleos y reactivar el mercado interno.
