El Ejecutivo logró recuperar $us 820.000 provenientes de la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos por parte del clan mafioso integrado por Arturo Murillo y otros, informó el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo, quien dijo que ese dinero, una vez que autorice la justicia, será destinado a los niños con cáncer y a las víctimas de la violencia.

La autoridad, dijo que la recuperación de ese dinero para beneficiar al pueblo es solo un caso de las 30 pesquisas que involucran a Murillo y otras personas, por un monto total de Bs 156 millones que serán rescatados gradualmente en favor de la sociedad.

“Recuperando los recursos del pueblo en el caso gases lacrimógenos. Luego de realizar un seguimiento exhaustivo a la ruta del dinero emergente de la corrupción del régimen de facto, quiero manifestar que hemos recuperado parte del dinero que el clan mafioso del gobierno de Áñez robó al pueblo boliviano en el caso gases lacrimógenos”, manifestó.

Resaltó el compromiso con la reconciliación del grupo El Doral que contribuyó y no se opuso “en la devolución de $us 820.000 al Ministerio de Gobierno y al pueblo boliviano”.

Indicó que, mediante una carta, le hicieron conocer la “remisión y restitución de $us 820.000 que ya fueron recuperados para el pueblo boliviano”.

Según las investigaciones realizadas junto a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), se logró reconstruir la ruta del dinero del sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos.

Esa ruta mostró que la empresa Bravo Tactical Solution, representada legalmente por Luis Berckman realizó dos depósitos a Philip Lichtenfeld el pasado 15 de abril y el 20 de abril de 2020, primero por $us 500.000 y posteriormente por $us 320.000, informó el Ministro.

El total, es decir los $us 820.000 provenientes del sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos, fueron depositados por Lichtenfeld en un grupo inmobiliario en Santa Cruz.

El 31 de mayo de 2021, Del Castillo informó que el dinero de la corrupción por la compra de gases lacrimógenos durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez llegó hasta “Proyectos Inmobiliarios El Doral S.A.”, empresa que tiene participación en los proyectos: World Trade Center, de Santa Cruz, y la inmobiliaria “El Doral”, de Cochabamba.

Las investigaciones realizadas determinaron que existió un sobreprecio de $us 2,3 millones en la adquisición del material antidisturbios, mismos que fueron distribuidos entre los componentes del clan mafioso integrado por Murillo y otros.

El Ministro dijo que, una vez que autoricen las autoridades judiciales, los $us 820.000 recuperados serán destinados a los niños con cáncer así como a las víctimas de hechos de violencia.

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Nelson Cox, indicó este miércoles que el Ministerio de Gobierno no permitirá tomas violentas de instituciones, sean públicas o privadas, porque la seguridad interna del Estado debe estar garantizada y la tranquilidad pública será el bien mayor a precautelar.

“Cualquier institución que sufra atentados, tendrá la protección necesaria de nuestro Gobierno y todo acto de violencia será investigado para sancionar a sus responsables”, indicó Cox.

La autoridad se refirió a los ataques que se suscitaron esta mañana a miembros y sectores la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), informó el Viceministerio de Régimen Interior y Policía mediante un boletín.

Según los reportes, grupos violentos intentaron tomar la sede de la CSUTCB, por lo que el Ministerio de Gobierno desplegó inmediatamente a efectivos policiales para el resguardo de las instalaciones, así como de la integridad personal. 

“Nosotros estábamos resguardando, estábamos en vigilia, nos acataron de manera brutal, esa gente son ‘pititas’ que no tienen base y quieren desestabilizar”, dijo uno de los agredidos.

La Policía, ante el intento de toma violenta de la CSUTCB, arrestó a 15 personas que serán denunciadas penalmente. Asimismo, previa coordinación con la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Gobierno activará los procedimientos de flagrancia para que de aquí en adelante sean aprehendidos quienes intenten la toma de instituciones públicas.

La analista política Alejandra Claros sostuvo que hay indicios de que “el ciclo golpista no ha terminado” en Bolivia y que sectores conservadores se unen con facilidad para desestabilizar gobiernos, pero no para emitir propuestas de desarrollo para el país.

La especialista, entrevistada este martes en el programa Primer Plano, de Bolivia Tv, dijo que esos afanes se notan en momentos en que una pericia internacional solicitada por la Fiscalía, evidenció que no existió fraude en los comicios de 2019 y en momentos en los que se espera la difusión de un informe de Expertos de la CIDH respecto a la vulneración masiva a los Derechos Humanos ocurridas en el golpe de Estado de 2019.

“Es importante reconocer que el ciclo golpista no ha terminado en Bolivia. Es un ciclo golpista que se mantiene” debido a que los objetivos principales de las élites políticas y económicas “han sido mermados por una democracia, a través del voto”, manifestó.

“Esto hace que distintos sectores continúen con la idea de cómo poder desestabilizar el país”, añadió la analista quien dijo que sectores opositores se unen con ese objetivo “pero no se unen para hacer propuestas de desarrollo económico, político o social”.

Dijo que esos sectores que tiene intereses golpistas, en realidad quieren mantener en la impunidad tres aspectos: La legalidad de la sucesión constitucional que estuvo ausente en la autoproclamación de Jeanine Áñez, las responsabilidades por las masacres de Senkata, Sacaba y otras, y las responsabilidades en la aprobación del Decreto Supremo que otorgó inmunidad a las FFAA para realizar operativos en 2019.

Ante ello, Claros destacó que la “Pericia en el Área de Seguridad Informática y Administración de Redes” sobre la integridad de los resultados de las elecciones presidenciales del 20 de octubre de 2019, encargada por el Ministerio Público al “Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE” de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, España, demostró la inexistencia de manipulación en el proceso electoral.

El director de la Fiscalía Especializada en Corrupción, Aldrin Barrientos, señaló este martes que el estudio del Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE, de la Fundación General de la Universidad de Salamanca (España), no niega la existencia de irregularidades y negligencia en el proceso electoral de 2019, por parte de la empresa Neotec, pero concluye no generó una alteración dentro de los resultados del cómputo oficial.

“El informe que han presentado los peritos establece la existencia de irregularidades, no se está negando la existencia de las irregularidades o de la negligencia con la cual se ha manejado el proceso electoral a partir de la empresa Neotec; sin embargo, en este caso, a diferencia de la OEA (Organización de Estados Americanos), los peritos son concluyentes al determinar que ese escenario no ha generado una alteración dentro de los resultados del cómputo oficial”, explicó en una entrevista con Bolivia Tv, en el programa “Primer Plano”.

“Esa es la parte determinante que a nosotros nos interesa y que se está utilizando como un elemento más, tal vez uno de los más importantes que se tiene, a efecto de dar lugar al sobreseimiento”, añadió.

Barrientos recordó que el equipo de peritos fue dirigido por el ingeniero Juan Manuel Corchado, una alta autoridad académica profesional dentro del circuito español, doctor en Informática e Inteligencia Financiera, además de ser director del Parque Científico y decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Salamanca.

Explicó que el informe de análisis de integridad electoral, entregado por los peritos, tiene 230 páginas y es resultado de tres meses de trabajo en los que se proporcionó toda la información requerida.

Barrientos indicó que entre las conclusiones, el estudio destaca que en 2019 se denunció que al paralizarse la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), se paralizó también el cómputo oficial; sin embargo, la pericia concluye que el suministro de información de ambos sistemas, tanto del TREP como del cómputo oficial, tenía una alimentación independiente.

Además, dijo que se identificó servidores no contemplados inicialmente.

“Estos saltos en los protocolos fueron identificados por la pericia; sin embargo, a pesar de existir la intromisión de estos dos servidores no reportados inicialmente, ninguno de ellos constituye una base de datos ni del TREP ni del cómputo oficial. Eran simplemente servidores perimetrales, que permitían generar ciertas aplicaciones para poder dar lugar a la generación de credenciales para quienes estaban generando la administración de todos estos registros. No eran base de datos a efectos de poder generar algún tipo de alteración”, aseveró.

Barrientos también dijo que la integridad de las bases de datos del TREP y del cómputo oficial estableció que no existió ninguna alteración, a la que inicialmente se hizo referencia.

Aseveró que los resultados están en el servidor OEP 2, y esa base de datos no ha sufrido ningún tipo de alteración, y tiene similitud del 99 % a la base de datos que inicialmente había tenido el TREP.