El viceministro de Régimen Interior y Policía, Nelson Cox, informó la mañana de este lunes que el Gobierno tomará las medidas necesarias para garantizar el derecho al libre tránsito de todos los bolivianos dentro del territorio nacional.  La afirmación la hizo ante bloqueos de rutas a las ciudades de Santa Cruz y Cochabamba anunciados por agrupaciones ilícitas que se dedican al contrabando de vehículos indocumentados.

“Queremos anunciar al pueblo boliviano que el compromiso de nuestro Gobierno se encuentra absolutamente firme y consecuente con todo lo que va a ser la reactivación económica, con todo lo que va a ser el impulso a la economía de las familias bolivianas, con la lucha contra el contrabando y contra cualquier ilícito que atente contra el desarrollo económico”, resaltó.

Dijo que asociaciones ilegales instalaron puntos de bloqueo en la ciudad de Santa Cruz, a la altura del Puente de Yapacaní y en la zona de la Chiquitanía y en la ciudad de Cochabamba en las localidades de Punata, Colomi y Confital. Instó a que los dirigentes que realizan esta protesta depongan este tipo de prácticas que solo afectan a la economía nacional.  

“Hacemos saber e informamos que hoy se va a proceder al desbloqueo inmediato de este tipo de acciones ilegales. No solamente porque son acciones ilegales que están poniendo en riesgo el manejo de la economía del Estado, sino porque es una afectación a la libre circulación, afectando a terceros que no tienen nada que ver con el conflicto”, recalcó Cox.

Aseveró que se realizarán las intervenciones por parte de la fuerza pública en los puntos de bloqueo señalados, ello para garantizar la tranquilidad y la circulación de todos los bolivianos.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, desmintió este domingo que el indígena Lino Peña haya fallecido como consecuencia de un enfrentamiento entre interculturales. Aclaró que la muerte fue a causa del COVID-19.

“En horas de la mañana, algunos medios de prensa publicaron la noticia de que Lino Peña Vaca habría fallecido producto de un enfrentamiento con interculturales”, publicó en su cuenta de Twitter.

“En honor a la verdad, esta información es falsa, el señor Lino falleció por un choque séptico, neumonía grave y fibrosis pulmonar a causa del Covid-19, como lo corrobora el Certificado Médico Único de Defunción No 7058 y el informe médico realizado por la Dra. Amanda Soliz (sic)”, añadió.

La autoridad gubernamental se adhirió al dolor de la familia de Lino Peña y dio a conocer su apoyo.

Pidió a los medios de comunicación “no desinformar a la población en temas tan delicados”.

Ante la tergiversación del hecho, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, acusó al Instituto de Reforma Agraria (INRA) de dotar “irregularmente la tierra de los chiquitanos a un grupo de interculturales ligados al MAS”, según reportó de El Deber.

La ministra de Seguridad de Argentina, Sabina Frederic, aseguró que la responsabilidad del envío de municiones a Bolivia durante el Gobierno del expresidente Mauricio Macri al régimen de Jeanine Áñez en 2019 está en instancias superiores a la Gendarmería.

“Claramente, en la Gendarmería hay responsables, pero no han sido los únicos. La decisión tiene que haber venido de otro lado. Eso no los exime a los gendarmes, pero no cortemos el hilo por lo más delgado. Miremos para arriba y para el costado también”, aseveró en entrevista con el portal argentino Página/12.

Uno de los primeros indicios públicos de la injerencia del gobierno de Macri tras el golpe de Estado fue una carta de agradecimiento al exembajador de Argentina en Bolivia, Normando Álvarez, del 13 de noviembre de 2019, día en el que llegan a La Paz municiones en un vuelo de un Hércules C-130 desde el Aeropuerto Internacional El Palomar.

La misiva encontrada el 8 de julio en la Embajada de Argentina en La Paz tenía la firma del entonces comandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Gonzalo Terceros. En el documento, se detalla que las FFAA bolivianas recibieron “material bélico de agentes químicos” por 40.000 cartuchos AT 12/70 y gases lacrimógenos de diferente tipo, entre ellos 18 unidades en spray MK-9, cinco unidades en spray MK-4 y 121 granadas CN, CS y HC.

El caso provocó que el Ministerio de Seguridad de Argentina solicite a las Fuerzas Federales de Seguridad las investigaciones para establecer las responsabilidades ante los hechos denunciados por el Gobierno de Luis Arce.

“Éste es un sumario que está llevando adelante la Gendarmería. Lo que nosotros sí tenemos como información, más allá del sumario, es que esas municiones no iban a proteger a la embajada y a la residencia. Esa fue la excusa que se usó para mandarlas a Bolivia”, aseguró la autoridad gubernamental argentina.

Según los datos oficiales revelados por el Gobierno de Alberto Fernández, se conoce que el 11 de noviembre de 2019, un día después del golpe de Estado en Bolivia, la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) autorizó por noventa días continuos a la Gendarmería el envío a Bolivia de 10 pistolas semiautomáticas, dos escopetas de repetición, cinco carabinas automáticas; dos ametralladoras, dos fusiles de repetición, 12 chalecos antibalas, 12 cascos balísticos, dos escudos balísticos, dos visores nocturnos y 8.820 municiones de distintos calibres, de las cuales 3.600 eran calibre 12-70.

Sin embargo, el día 12 de noviembre de 2019, se solicitó y autorizó ampliar a 70.000 cartuchos antitumultos marca Fabricaciones Militares y 100 spray de gas pimienta. También, esa fecha se amplió la autorización para el envío de 661 granadas de mano de gas de hostigamiento.

“Lo que tenemos como información actual —tampoco es información definitiva, porque el sumario no terminó y tiene por lo menos un mes y medio más para que termine— es que con ellos a la embajada y a la residencia no fueron las 70.000 municiones ni iban a ir. No iban a ir con ellos porque es una cantidad que no hubieran podido usar tampoco”, añadió Sabina Frederic.

El Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF), entidad operativa del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, difundió este sábado los resultados de la investigación de materiales genéticos generados por esta institución en campos de exploración y multiplicación semillera, en los municipios de Okinawa y San Pedro del departamento de Santa Cruz.

“Es importante el poder difundir los avances que está haciendo el INIAF en beneficio de todos los productores (…) cuando hablamos de reactivación económica, hablamos de que todos los factores de producción deben ser acelerados a su máxima producción para salir de esta crisis sanitaria que ha generado una crisis económica”, señaló el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Rubén Gonzales, citado en un boletín institucional.

El Ministro destacó la labor que está desarrollando el INIAF en el marco de las políticas que está impulsando el Gobierno nacional para apoyar a los productores con la disposición de semillas de alto rendimiento y calidad.

Por su parte, el director General Ejecutivo del INIAF, Hugo Rolando Chambilla, enfatizó que estos días de campo tienen como objetivo mostrar al productor el comportamiento agronómico de las variedades de trigo “INIAF Tropical” e “INIAF Okinawa”. 

“En este campo tenemos más de 4.000 líneas avanzadas de trigo y hemos venido generando desde 2016 importantes variedades (…), estamos hablando de 10 a 11, que hemos venido liberando y que tranquilamente pueden duplicar el rendimiento del promedio nacional”, aseguró.

La variedad Okinawa es un grano harinero con un contenido de proteína de 15,5% y gluten de 32%, además de su precocidad de 87 días de madurez fisiológica. Es resistente a enfermedades como la pyricularia y moderadamente resistente a la roya y helminthosporium, acotó.

Por otra parte, la variedad Tropical es de ciclo intermedio, de alto rendimiento y tolerante a pyricularia y helminthosporium, complementó.