La Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de El Alto, denunció que Jeanine Áñez aplica la misma estrategia del dictador chileno Augusto Pinochet para usar lo humanitario, la salud, con el fin de salir en libertad y luego fugar de la justicia. Esa organización teme que, si le dan detención domiciliaria, ella aborde al día siguiente una avioneta, salga del país y deje en la impunidad las masacres de Sacaba y Senkata, ocurridas en 2019.

Esas afirmaciones fueron realizadas este martes por David Inca, presidente de esa institución de Derechos Humanos en entrevista en el programa “Contragolpe” de radio Patria Nueva. El representante dijo que está en marcha una estrategia política y mediática para victimizar a la expresidenta de facto mientras se “desprecia” e invisibiliza a las “víctimas reales”, es decir a las 38 personas muertas durante las matanzas de 2019, los más de 800 heridos y más de 1.000 detenidas de manera arbitraria, torturadas y perseguidas.

El equipo de Áñez está “usando los mismos argumentos que Pinochet”, dijo el representante de DDHH, quien recordó que el exdictador chileno recurrió al tema humanitario, al supuesto riesgo de su salud, de su vida, para ser liberado por la justicia inglesa. Inclusive usó silla de ruedas para mostrarse casi agonizante pero al llegar a Chile, se puso en pie, caminó y no fue sancionado por sus crímenes de lesa humanidad.

Pinochet fue detenido en Londres el 16 de octubre de 1998. Pasó 503 días detenido en Inglaterra luego de que el juez español Baltasar Garzón emitió 14 órdenes de captura en su contra por crímenes de lesa humanidad, tortura, secuestro y desapariciones forzadas.

Los abogados y estrategas de Pinochet usaron su presunto mal estado de salud y su presunta agonía para liberarlo y trasladarlo hasta Chile, donde llegó, caminó y se mantuvo impune.

Con ese antecedente, Inca alertó que, si los operadores judiciales otorgan arresto domiciliario a la expresidenta de facto, ella será trasladada al Beni donde, días después tomará una avioneta y saldrá del país en los siguientes días.

En ese sentido, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo dijo que el día que se aprehendió a Áñez, ella se ocultó de la justicia y ya tenía boletos para salir del país, por lo que existe riesgo de fuga.    

Para evitar que Áñez fugue de la justicia, dijo Inca, la Asamblea de Derechos Humanos ofreció una vivienda en el Distrito 8 de la ciudad de El Alto para que ella cumpla una detención domiciliaria, custodiada por los vecinos y las víctimas de la masacre de Senkata.

Consultado sobre la propuesta de Carlos Mesa respecto a un pacto de reconciliación, el dirigente de la Asamblea de Derechos Humanos, indicó que esa propuesta es un “chantaje, discriminador y racista” ya que busca evitar que se enjuicie a los responsables de las violaciones a los Derechos Humanos en 2019 así como favorecer a Jeanine Áñez en perjuicio de los 38 muertos, centenares de heridos y más de 1.000 detenidos y torturados.

El viceministro de Régimen Interior, Nelson Cox, aseveró este martes que la defensa de la exmandataria de facto, Jeanine Añez, y sus familiares, pretenden justificar la derivación a una clínica particular con el objetivo de “zafarla” del tema penitenciario.

“Nosotros tenemos la tranquilidad de no haber generado vulneración alguna a su derecho a la salud, ni a ningún derecho de Jeanine Áñez (…). En este momento lo que se están buscando es tratar de justificar la derivación a una clínica para poder zafarse del tema penitenciario, eso es lo que están buscando, en una estrategia jurídica, los abogados y la familia”, explicó Cox en contacto con radio Erbol.

Enfatizó que el centro penitenciario en ningún momento llegó a vulnerar los derechos fundamentales de la expresidenta de facto; sin embargo, lamentó que al permitir ciertas “preferencias” a exigencia de la familia y de la defensa de Áñez se haya generado desigualdad en el trato a los privados de libertad.

“El nivel de privilegios de estar en su cuarto ha generado malestar en las cárceles y, desde luego, eso va a ser manejado adecuadamente con nuestro personal, puesto que no debe haber un trato diferenciado y eso debe cesar. Yo invito a que depongan las actitudes de parte de la familia de Jeanine Áñez”, indicó.

Con relación a las protestas que se registraron en los centros penitenciarios de Miraflores y San Pedro, de La Paz, indicó que fueron medidas que “se veían venir” por la atención privilegiada que recibe la exmandataria.

“Las privadas de libertad están hace bastes años, saben las condiciones de nuestras cárceles en Bolivia y se dan cuenta claramente que existe una excepción por el nivel de exigencias que tiene Jeanine Áñez, su familia, sus abogados (…), pero que impone en una situación de desigualdad con relación a muchas privadas de libertad que no tienen los privilegios a los cuales está accediendo Áñez en su condición de victimizarse, logrando un nivel de sensibilidad social, lo cual de verdad nos está generando problemas en las cárceles”, declaró.

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, informó este martes que gracias a los operativos que realiza la Policía Boliviana se logró recuperar un vehículo que fue robado en Brasil y se aprehendió a tres supuestos delincuentes en el municipio de Cobija (Pando).

“En las últimas horas se recuperó un vehículo robado en territorio brasilero, el cual fue interceptado en el municipio de Cobija, del departamento de Pando, y se aprehendió a tres sujetos de nacionalidad brasilera. Las acciones se realizaron en el marco del Plan Frontera Segura”, informó el viceministro en su cuenta de Facebook.

El trabajo se desarrolló de manera coordinada con autoridades policiales de la República Federativa de Brasil, por lo que se logró dar con la ubicación del motorizado. Asimismo, señaló que continuarán con la investigación y se reforzarán las zonas fronterizas en el marco del Plan Frontera Segura que desarrolla el Gobierno.

“Expresamos nuestra satisfacción y felicito a la institución verde olivo por su labor comprometida para luchar contra la delincuencia”, concluyó.

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, y el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, suscribieron este martes un Memorando de Entendimiento con el objetivo general de aunar acciones, capacidades y conocimientos para coadyuvar al mejor cumplimiento de sus funciones, atribuciones, facultades, competencias y las de sus organismos subordinados.

“Este convenio marco nos permitirá intercambiar experiencias, buenas prácticas y sobre todo sumar esfuerzos en la lucha contra la criminalidad. El Ministerio Público de Bolivia viene implementando un nuevo Modelo de Gestión Fiscal basado fundamentalmente en tres ejes, la persecución penal estratégica, transparencia con rendición pública de cuentas y fortalecimiento institucional”, explicó Lanchipa.

El fiscal general de la República de Colombia agradeció la firma del acuerdo dentro de las labores judiciales para seguir establecimiento relaciones y vínculos entre las dos fiscalías, compartir experiencias y el trabajo judicial.

“Trabajar en temas de la región que seguramente darán resultados concretos. Para nosotros en Colombia es fundamental que nuestro país, que el Estado Plurinacional de Bolivia, pueda acompañarnos en todas las estrategias en la lucha contra la criminalidad”, expresó.

Se pretende que el acuerdo permita intercambiar experiencias sobre las áreas técnicas especializadas a través de encuentros, seminarios y talleres.

Además de desarrollar investigaciones académicas en el área penal, procesal penal, criminalística, ciencias forenses; otorgar asesoría técnica mutua; intercambiar experiencias y buenas prácticas con relación a delitos de narcotráfico y sustancias controladas y vinculados, entre otros.

Asimismo, los fiscales conciliadores de la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales y Solución Temprana intercambiaron experiencias en temas de Conciliación Penal en Colombia, actividad que se desarrolló con el auspicio de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (Cosude), de acuerdo a un boletín institucional.