El Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, informó este jueves que se prevé la integración del Servicio Plurinacional de Defensa Pública (Sepdep), el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi) y los servicios integrales de justicia plurinacional (Sijplu) para mejorar y garantizar la atención al pueblo boliviano.

“Encontramos una sobreposición de funciones, especialmente en tres servicios: la defensa pública, la atención de víctimas y todo lo que es el Sijplu, el servicio que tenemos a partir del Viceministerio de Justicia. Presentan funciones que pueden estar muchas veces solapadas”, indicó en la Audiencia de Rendición Pública de Cuentas Final Gestión 2020.

El Sepdep brinda un servicio de defensa penal técnica a toda persona denunciada, imputada o procesada carente de recursos económicos, en situación de libertad o privados de ella. Interviene en las diferentes etapas del proceso penal, desde el primer acto hasta la ejecución de la sentencia, otorgando asesoramiento y representación legal, basados en principios, garantías y valores.

En el caso del Sepdavi es una institución pública descentralizada, bajo tuición del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, encargada de brindar asistencia jurídica en el área penal, psicológica y social a la víctima de escasos recursos económicos.

Los servicios integrales de justicia plurinacional (Sijplu) brindan orientación jurídica a la población en general en las distintas áreas del Derecho: civil, familia, penal, agrario, laboral y administrativo. Su fin es buscar soluciones para el acceso efectivo a la justicia. También cuenta con patrocinio legal, conciliación y psicología.

“Lo que pretendemos, a partir de este diagnóstico, es tener un solo servicio de acceso a la justicia. Es muy difícil para el ciudadano, en este momento, a cuál de los tres servicios acudir, si va a ir a los Sijplu, al Sepdavi, al Sepdep”, dijo el ministro Lima.

El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional realizó este jueves la Audiencia de Rendición Pública de Cuentas Final Gestión 2020, evento donde se dio a conocer la propuesta de la integración de sus servicios descentralizados.

“Lo que se busca es integrar estos servicios para que el ciudadano pueda tener acceso a la justicia de manera eficiente, utilizando tecnología y todas las garantías que debe tener para que el Estado le brinde un abogado y un servicio de calidad”, aseguró la autoridad gubernamental.

La Policía anunció que intensificará esta noche los patrullajes preventivos por la fiesta de Comadres y durante los feriados de Carnaval con el fin de evitar festejos públicos, consumo de bebidas alcohólicas en la calle y también verificar el uso de barbijos.

El anuncio fue efectuado por el coronel Alexander Rojas, Director Nacional de Planeamiento y Operaciones, quien dio a conocer en el programa 180, de radio Patria Nueva, detalles del Plan de prevención y seguridad a ser aplicado este jueves y los siguientes días.

Indicó que las prohibiciones que están vigentes son: La realización de fiestas, aglomeración de personas, el consumo de bebidas alcohólicas en lugares públicos, no implementar medidas de bioseguridad (como el uso de barbijos, alcohol y distanciamiento social).

El jefe policial indicó que los patrullajes de prevención se realizarán a pie y en los vehículos de la institución del orden.

Dijo que en el caso de que se detecte una fiesta, los policías podrán intervenir esa actividad para proceder a arrestar a los responsables y a los participantes.

Dijo que esas tareas de control también se aplicarán en las terminales de buses donde se verificará el estado técnico de los vehículos, las condiciones de bioseguridad y la situación de los choferes.

Recomendó precaución en la circulación vehicular por carreteras.

Indicó que si algunas familias realizan algún viaje, deben avisar a sus vecinos o dejar alguna persona de cuidadora para evitar robos.

El abogado estadounidense Thomas Becker informó este jueves que las víctimas de las masacres registradas en 2019 evalúan escenarios internacionales para enjuiciar a los exministros de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Fernando López.

“Yo estaba en Sacaba (Cochabamba) el día de la masacre. Entonces, estuve con las víctimas desde el propio día. También, estaba con las víctimas de Senkata (El Alto). Hemos hablado varias veces sobre las posibilidades de justicia. Hemos explorado las posibilidades”, indicó en entrevista con Bolivia Tv.

El 26 de diciembre de 2020, el Ministerio Público recibió un informe de la Interpol en el que se señala con certeza que Murillo y López se encuentran en EEUU.

“Hay la posibilidad en Bolivia de un juicio de responsabilidades, un juicio normal; pero, también, escaparon algunas personas, Murillo escapó a los EEUU, está aquí. López escapó primero a Brasil (…), hay posibilidades internacionales como la Corte Penal Internacional, la Corte Interamericana de (Derechos Humanos) o los propios países donde escaparon”, sostuvo.

El abogado estadounidense es reconocido por ser uno de los abogados impulsores del juicio al expresidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, quien se encuentra en EEUU y para quien se busca la extradición por los hechos del denominado Octubre Negro de 2003 donde hubo represión contra 63 personas que fallecieron.

Durante el 2019, luego del golpe de Estado denunciado por el entonces presidente Evo Morales tras los comicios presidenciales de esa gestión, se registraron hechos de violencia en varias regiones del país. Según datos oficiales de la Defensoría del Pueblo, el conflicto poselectoral dejó en Bolivia 35 muertos, 833 heridos y 1.504 arrestos o aprehensiones.

El representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto, David Inca, manifestó este miércoles que fueron testigos militares quienes implicaron al general del servicio pasivo, Luis Valverde Ferrufino, en la Masacre de Senkata, ocurrida en 2019.

“La mayoría de los testigos no son civiles, son militares”, afirmó Inca, que fue entrevistado en el programa Primer Plano, de Bolivia TV.

Uno de esos testigos fue el teniente Felipe Terceros Nuñez, quien prestó declaraciones ante los fiscales y señaló a Valverde.

El testimonio de Terceros, leído por Inca, indica que el “28 de noviembre llegamos al (regimiento) Ingavi. En ese momento se identificó un civil que estaba con chaleco. Se identificó como general Valverde que estaba en el Ingavi. La columna siguió bajando hacia la ciudad de La Paz, pero nosotros, los blindados, dimos media vuelta por órdenes de este general quien indicó que debíamos retornar a la planta de Senkata porque ya se había entrado la gente y ya había dos muertos”.

Otro de los testigos militares que involucró al entonces director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), fue el coronel Julio César Tamayo Rivera, según indicó el representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto.

El coronel Tamayo declaró, según Inca, que tuvo contacto con el entonces ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora Castedo, y con el general Luis Fernando Valverde Ferrufino. Con ellos se verificó que la operación de seguridad al convoy que trasladó combustible “se ejecutó con total eficacia y sin ningún tipo de herido en nuestro personal, y menos en los elementos de la turba”.

Sin embargo, agregó Tamayo, “fue en ese momento que el general de división, Luis Fernando Valverde Ferrufino, director de la ANH, me indicó que se debería ingresar a la planta de Senkata, asignándole la correspondiente seguridad militar y policial”.

Ese regreso de los militares a la Planta de Senkata dejó un saldo de 11 personas muertas y 78 heridas.

Al respecto, Inca lamentó que los uniformados actuaron contra los manifestantes como si se tratara de una revolución o una guerra civil, cuando eso no ocurría entonces.

Dijo que las operaciones militares en Senkata no cumplieron varios criterios usados en conflictos internos, como la proporcionalidad, ya que usaron armamento de guerra contra una población desarmada.