El Decreto Presidencial de Amnistía e Indulto por Razones Humanitarias y Perseguidos Políticos disminuirá en 20% el hacinamiento en las cárceles, informó este viernes el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles.

La autoridad, en el programa 180, de radio Patria Nueva, informó que todas las cárceles del país tienen la capacidad de albergar a un total de 6.765 personas privadas de libertad, pero en realidad aglutinan a 17.863 internos, lo que significa que hay un hacinamiento carcelario del 167%.

Esta aglomeración de personas se constituye en factor de riesgo de contagios en el contexto de la pandemia del COVID-19.

Por ello, el Viceministro de Justicia dijo que “al menos se quiere contribuir con este Decreto Presidencial a rebajar en un 20 por ciento este hacinamiento carcelario”.

El Decreto beneficiará a mujeres embarazadas, progenitores de menores de 12 años, víctimas de retardación de justicia, varones mayores de 58 años y mujeres mayores de 55 años, indica un reporte institucional.

El beneficio también llegará a personas que hayan cumplido 15 años con proceso penal en curso, sin haber recibido sentencia condenatoria ejecutoriada; y personas cuyo tiempo de permanencia en el recinto carcelario con detención preventiva sea mayor al de la pena estipulada para el delito del que se las acusa.

También se beneficiarán quienes permanecieron encarcelados por el tiempo máximo previsto para la etapa preparatoria del juicio o el tiempo máximo de duración legal del proceso.

Al respecto, el viceministro Siles dijo que el Decreto tiene una vigencia de un año, por lo que los interesados que reúnan los requisitos, pueden llenar un formulario para acogerse a la amnistía o indulto.

El Ministerio de Gobierno y la Autoridad de Fiscalización y Control de Bosques y Tierra (ABT) firmaron este viernes un convenio para la donación de madera decomisada a los diferentes centros penitenciarios del país para que los internos aprendan el oficio de carpintería, como parte de las actividades de reinserción social.

“Esta madera será un insumo, una herramienta para la reinserción de los privados de libertad, para que aprendan un nuevo oficio dentro de las cárceles y puedan salir después con un oficio y ocupar nuevas fuentes laborales”, dijo el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo.

Manifestó que los internos tienen el reto de fabricar catres para equipar el nuevo centro penitenciario de Montero, Santa Cruz, que se inaugurará en los próximos días.

En tanto, el comandante General de la Policía Boliviana, coronel Jhonny Aguilera, aseguró que el objetivo de la entidad es que todos los internos se capaciten para vivir en libertad una vez que cumplan con su condena, por lo que el convenio fortalecerá esta misión.

“Con esta labor van a poder subsistir en la vida externa porque es importante la rehabilitación y dotar de un material que permita generar un nuevo conocimiento y la posibilidad de encontrar un modo de subsistencia en el mundo externo”, expresó.

En una audiencia de juicio oral, el Ministerio Público demostró que Román P. F., de 58 años, es el autor del delito de violación cometido en contra de su sobrina de 10 años. El Tribunal de Sentencia Nº 5 de Cochabamba determinó la pena máxima de 30 años de cárcel para el responsable, quien deberá cumplir la condena en el penal de El Abra.

“Entre las pruebas presentadas por el Ministerio Público están: el abordaje psicológico y social realizado a la víctima, su historia clínica, una pericia genética realizada al agresor que confirma la paternidad, declaraciones testificales, entre otros elementos que fueron valorados por la autoridad jurisdiccional que dictó sentencia condenatoria”, informó la fiscal departamental de Cochabamba, Nuria Gonzáles Romero.

Por su parte, la fiscal de materia, Zulma Corrales, detalló que el hecho ocurrió en 2018, en la zona sud de la ciudad de Cochabamba. Dijo que el agresor cometió el delito desde enero hasta abril del mismo año, cuando llevaba a su sobrina a su trabajo de albañilería. El hombre amenazaba a la niña con dañar a su familia si es que ella contaba lo que sucedía. 

En octubre, la niña le dijo a su madre que se sentía mal del estómago por lo que fue llevada al hospital, el médico que la atendió confirmó que la menor estaba embarazada de ocho meses. Ante la noticia, la víctima reveló lo sucedido y el caso fue denunciado ante la Policía, que procedió a la aprehensión del agresor.

En audiencia de procedimiento abreviado, el Ministerio Público demostró con elementos suficientes que Jorge Luis Segundo Romero, de 34 años, es el autor del delito de abuso sexual agravado cometido en contra de una adolescente de 16 años en el municipio de Villa Montes, informó el fiscal departamental de Tarija, Wilson Tito.

El Juzgado de la Niñez y Adolescencia y de Sentencia Primero de Villa Montes dictó 10 años de cárcel para el autor del hecho, quien deberá cumplir la pena en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz Palmasola.

“Durante la audiencia, el imputado, en presencia de su abogado, admitió haber cometido el delito y de manera voluntaria se sometió a procedimiento abreviado. Además, el Ministerio Público ofreció pruebas consistentes en la entrevista psicológica a la menor que demostró el grado de afectación emocional que sufre a causa de la agresión, declaración de testigos que identificaron al hombre y otras pruebas que fueron valoradas por la autoridad jurisdiccional que emitió sentencia”, afirmó Tito.

De acuerdo a los antecedentes, el 1 de mayo de 2020, aproximadamente a las 21.40, la menor se dirigía a la casa de su tía y fue interceptada por Jorge Luis Segundo, quien intentó besarla, la agarró de sus brazos y procedió a realizarle toques en sus partes íntimas. Ante ese hecho, la adolescente escapó de su agresor y pidió ayuda a los vecinos del lugar que llamaron a la Policía.

Los efectivos policiales se constituyeron en el lugar del hecho y, junto a los vecinos y la víctima, procedieron a la búsqueda del agresor que fue detenido en el mercado campesino de Villa Montes, para posteriormente ser trasladado hasta celdas policiales de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv).