El Decreto Presidencial 4461 de Amnistía e Indulto por Razones Humanitarias y Perseguidos Políticos busca descongestionar los recintos penitenciarios para evitar mayores contagios por COVID-19. La medida beneficiará a mujeres embarazadas, progenitores de menores de 12 años y víctimas de retardación de Justicia, según el contenido de la norma. 

“Que ante la amenaza de una segunda ola de contagios por COVID-19, el Gobierno nacional considera necesario adoptar medidas de prevención en los centros penitenciarios del país, disponiendo la concesión de la amnistía e indulto sobre la base de criterios objetivos en el marco de los principios de protección a la vida y la salud de los conciudadanos que se encuentran restringidos en su derecho a la libertad”, establece la norma.

Al respecto, la Resolución 1-20 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas”, recomendó “adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de la libertad, incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva para identificar aquéllos que pueden ser convertidos en medidas alternativas a la privación de la libertad, dando prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de salud frente a un eventual contagio del COVID-19”, indica un boletín de prensa del Ministerio de Justicia.

Asimismo, en virtud a que el Decreto Presidencial 4226, del 28 de abril de 2020, logró beneficiar a un porcentaje bajo de población carcelaria, ahora se emite el nuevo marco legal, con el objetivo de definir los requisitos y regular su procedimiento.

La finalidad de la normativa es “resguardar la vida, la salud y la integridad de las personas, por el incremento de contagios de COVID-19 y ante el hacinamiento de los centros penitenciarios del país”.

El beneficio llegará a personas que hayan cumplido 15 años con proceso penal en curso sin haber recibido sentencia condenatoria ejecutoriada; personas cuyo tiempo de permanencia en el recinto carcelario con detención preventiva sea mayor al de la pena estipulada para el delito del que se las acusa, agrega el reporte de prensa.

También se beneficiarán quienes permanecieron encarcelados por el tiempo máximo previsto para la etapa preparatoria del juicio o el tiempo máximo de duración legal del proceso.

Asimismo, los varones mayores de 58 años y mujeres mayores de 55 años, y las mujeres en estado de gestación a la fecha de la publicación del Decreto Supremo, junto a personas con discapacidad grave o muy grave y personas con una enfermedad crónica o en estado terminal. También podrán acceder al beneficio quienes tengan bajo su cuidado a hijos o hijas menores de 12 años y con discapacidad grave o muy grave.

El indulto por razones humanitarias también beneficiará a personas no reincidentes condenadas a pena de privación de libertad igual o menor a ocho años, personas condenadas a pena privativa de libertad igual o menor a 10 años que hayan cumplido una cuarta parte de esa sanción y personas con sentencia por procesos iniciados por la persecución política del periodo de facto, desde el 21 de octubre de 2019 hasta el 17 de octubre de 2020, indica el boletín.

Las personas que no se beneficiarán de la amnistía ni del indulto son quienes hayan sido sentenciadas a pena privativa de libertad de más de 10 años, autores de genocidio, asesinato, parricidio, feminicidio, infanticidio, homicidio, trata de personas, tráfico de personas, robo agravado, secuestro, contrabando, tenencia ilegal de armas y delitos financieros.

Tampoco se beneficiarán los autores de delitos de homicidios o lesiones gravísimas en accidentes de tránsito ni responsables de delitos contra la libertad sexual. No se podrán acoger a este decreto personas que cometieron delitos cuyas víctimas fueron niñas, adolescentes o personas con discapacidad.

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Pando y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) informaron este viernes que realizarán un ciclo de cuatro foros debate con candidatos para las elecciones subnacionales. Los encuentros se realizarán entre la última semana de febrero y la primera semana de marzo.

Según un boletín institucional, el primer evento se hará con los candidatos a primeros concejales del municipio de Cobija; el segundo, con asambleístas por territorio; el tercero, con postulantes a alcaldes de Cobija; y el cuarto y último, con quienes disputan la Gobernación de Pando.

La iniciativa surgió del TED de Pando y el PNUD, y se concretó con la firma de un acuerdo en una reunión de los representantes de medios de comunicación y los delegados de organizaciones políticas para definir la metodología de realización del ciclo de foros debate.

En la firma del documento se contó con el apoyo de los representantes legales de 18 medios de comunicación televisivos, radiales y digitales, así como más de 20 periodistas que se comprometieron a apoyar en la promoción y la difusión de los cuatro eventos.

Asimismo, los delegados políticos del Movimiento Tercer Sistema, Comunidad de Integración Democrática, Poder Amazónico Social, Partido de Acción Nacional Boliviano, y el Movimiento Democrático Autonomista comprometieron la participación de sus candidatos en las diferentes actividades a programarse.

La propietaria de radio Frontera, Ingard Miahuchi, manifestó que es “muy importante” el papel del TED de Pando como organizador del ciclo de foros debate, puesto que sería el primero que se realice en la región con estas características, por lo que espera que todas las tiendas políticas participen con sus candidatos de alcance departamental y municipal.

Al momento de mostrar su apoyo a la actividad, el responsable de Televisión Universitaria, Luis Balderrama Balcazar, comprometió ceder el auditorio de ese medio de comunicación como centro piloto de transmisión de los eventos.

El vocal del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático, Diego Suárez Viana, agradeció el interés demostrado tanto por los periodistas como por los delegados de organizaciones políticas para la realización del ciclo de foros debate y lo consideró como “muy importante” para la democracia.

El secretario de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, informó este viernes que el Ministerio Público emitió el Instructivo FGE/JLP Nº 036/2021, que dispone que 564 fiscales de materia realicen turnos permanentes durante los días de Carnaval en todo el país, en el marco de las restricciones para la prevención del COVID-19.

“A nivel nacional 564 fiscales estarán distribuidos por turnos de manera permanente para reaccionar y tomar las acciones ante hechos que vulneren la norma. También estarán en coordinación con las diferentes autoridades departamentales para enmarcarse en las medidas de bioseguridad y restricciones que se han establecido en cada departamento”, manifestó, citado en un boletín institucional. 

La autoridad judicial agregó que el Ministerio Público estableció que no puede parar sus actividades en consecuencia a la política institucional denominada “24/7”, cuya ejecución se ratifica para las fiestas de Carnaval.

“Para la atención oportuna de casos, los fiscales especializados en delitos de la Ley Nº348 realizarán turnos permanentes debido a que hemos visto que existe mucha incidencia en lo que significa los delitos de violencia doméstica y familiar y para precautelar y garantizar la seguridad”, agregó.

El Secretario de la Fiscalía General acotó que los fiscales departamentales elaboraron un plan de trabajo que se aplicará hasta la conclusión de las actividades de Carnaval, de acuerdo con las restricciones regionales emitidas para la prevención del contagio por el COVID-19.

“En todo el país, estarán en permanente trabajo los directores nacionales de las fiscalías especializadas, fiscales departamentales, 564 fiscales de materia, médicos y peritos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), atención en las unidades de protección a víctimas y personal de apoyo para la reacción inmediata”, añadió.

Finalmente, Quispe dijo que para el cumplimiento de las funciones del Ministerio Público se realizará una coordinación directa del trabajo con la Policía Boliviana  y  otras  instituciones del sistema de justicia penal, para que se cuente con la cooperación necesaria  y eficiente durante la atención de casos.

La Policía desplegará 3.000 efectivos para realizar operativos durante las fiestas de Carnaval con el objetivo de prevenir accidentes de tránsito, luchar contra delitos, evitar fiestas y controlar la venta de medicamentos falsificados, informó el comandante de la institución, coronel Jhonny Aguilera.

"Este carnaval es diferente y nuestra perspectiva es de la prevención y de la concienciación que tiene que tener el ciudadano. Las actividades sociales con una aglomeración excesiva de personas están restringidas, las actividades comerciales (fiestas pagadas) no está autorizadas. Aquí, desde el punto de vista conciencial, se debe restringir el consumo y la venta de alcohol", explicó.

El jefe policial pidió a la población conciencia y responsabilidad en el momento de acudir a las fiestas donde haya consumo de alcohol o haya una excesiva aglomeración de personas porque constituye una fuente contagios del coronavirus.  

Aclaró que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), en todo el país, cuenta con una unidad de ciberpatrullaje para investigar la venta de medicamentos falsificados en las redes sociales, que puede ocasionar daños a la salud de la población.