A través de dos operativos, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) incautó cerca de 660 kilos de cocaína, provocando así una afectación al narcotráfico valuada en aproximadamente $us 3,2 millones, informó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.

Según un boletín informativo institucional, el primer operativo se realizó en el municipio de San Juan de Yapacaní del departamento de Santa Cruz. Allí se encontró una carpa camuflada con nueve bolsas de yute y en su interior estaban los paquetes de cocaína. Los custodios de la droga escaparon al percatarse de la llegada de los efectivos policiales.

“En el Operativo Colmena se secuestró 370 paquetes de cocaína con un peso de 376 kilogramos y 823 gramos, además de un vehículo y dos motocicletas. Se afectó al narcotráfico con un aproximado de 1,8 millones de dólares por precio en frontera”, indicó Del Castillo.

El segundo operativo fue efectuado en la Reserva Forestal de Ríos Blanco y Negro, en la provincia Guarayos. La intervención requirió de un trabajo coordinado con el servicio de Inteligencia de la Policía de Brasil. Se hallaron dos pistas clandestinas, una avioneta abandonada, una carpa de lona camuflada entre la vegetación, armas de fuego y siete bolsas de yute negro con paquetes de cocaína.

“En el caso del Operativo Pajaral se secuestró 275 paquetes de cocaína con un peso total de 279 kilogramos con 100 gramos, además de una avioneta CESSNA, cinco armas de fuego, municiones, equipos de comunicación, entre otros. En este operativo hemos afectado al patrimonio del narcotráfico en más o menos 1.395.000 dólares, en precio en frontera”, acotó.

El ministro de Gobierno aseveró que el Estado Boliviano no permitirá acciones delictivas, que se coordinará de manera permanente con los países vecinos para luchar contra el narcotráfico y hacer que esa labor sea más efectiva.

El Tribunal de Sentencia Nº 4 de Cochabamba sentenció este miércoles a 20 años de cárcel a Juan B.Z.O, de 26 años de edad, por ser el autor del delito de violación y abuso sexual cometido en contra de sus cuatro sobrinas de 12, 10, 9 y 7 años.

La Fiscal Departamental de Cochabamba, Nuria Gonzáles Romero, informó este miércoles que J.B.Z.O se acogió a un procedimiento abreviado después de que el Ministerio Público demostró que cuenta con pruebas fehacientes de la infracción ocurrida en Cochabamba.

“En la audiencia, la autoridad jurisdiccional valoró las pruebas presentadas por el Ministerio Público como los abordajes psicológicos y sociales realizadas a las víctimas, declaraciones testificales, además de exámenes médico forenses que fueron determinantes para demostrar la autoría del agresor, que no solo abusó sexualmente de las víctimas, sino que también violó a la niña de 12 años”, informó Gonzáles.

La Fiscal de Materia, Zulma Corrales, señaló que el hecho fue denunciado en agosto del año 2017 en el municipio de Cercado, debido a que la niña de 12 años le contó a la directora de su unidad educativa que su tío agredió sexualmente de ella y de sus tres hermanas, en repetidas ocasiones. La directora denunció el hecho ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, por lo que el agresor fue aprehendido y puesto a disposición del Ministerio Público.

Según las investigaciones, las agresiones se produjeron, aproximadamente, desde el año 2015. Las niñas vivían en la casa de su abuela, donde también estaba el agresor, debido a que sus padres no podían cuidar de ellas.

La presidenta de la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa del Estado de la Cámara de Senadores, Patricia Arce, informó este martes que están a la esperar del informe de la Fiscalía para su análisis y definir el juicio de responsabilidades contra Jeanine Áñez.

“Hemos presentado las pruebas suficientes, será la justicia que defina si hay juicio de responsabilidades o no. Será la justicia ordinaria la que decida, y estamos a la espera que llegue algo a la Comisión para poder definir (…), no hay un límite establecido para que llegue ese tipo de denuncias”, señaló la legisladora, según cita un boletín informativo institucional.

El 29 de octubre del 2020, la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó el informe final de la Comisión Mixta sobre los casos de Senkata, Sacaba y Yapacaní, que recomienda un juicio de responsabilidades contra Jeanine Áñez por genocidio y otros delitos; además de procesos penales contra 11 autoridades de su gobierno por la vulneración de derechos y garantías. El documento fue derivado al Ministerio Público.

También indicó que la Comisión trabajó en la elaboración de informes sobre diferentes casos de denuncias relacionadas a exautoridades de distintos gobiernos, para ser remitido al pleno del Senado y aprobar o rechazar los mismos.

“Nosotros ya tenemos el informe de 10 juicios, nos faltan 10 más, en el transcurso de estos días (los veremos). Una vez se reúna la Comisión Mixta, lo vamos a remitir al plenario para que ahí se defina”, sostuvo.

A su vez, explicó que la Comisión revisa los casos respetando la prelación de los mismos, pero que también se priorizará las denuncias que lleguen durante su gestión. “El objetivo de la Comisión es resolver todos los juicios pendientes, pero vamos a dar prioridad a aquellos juicios que entren en nuestra gestión”, afirmó.

Entre el 1 de enero y el 22 de febrero de este año, a nivel nacional ocurrieron 19 feminicidios y cuatro infanticidios, informó este martes el director de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida y la Integridad Personal, Sergio Fajardo.

“Lamentablemente, la mayor parte de los hechos de feminicidio e infanticidio se producen al interior del seno familiar y, de manera escalonada, estos hechos empiezan con acciones pequeñas, como insultos o presión, y luego va avanzando hasta llegar a la violencia física. Uno de los principales detonantes es el consumo de bebidas alcohólicas, donde se generan discusiones en los hogares que derivan en hechos de violencia”, señaló, según cita un boletín institucional.

En lo que va del año, la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida identificó 19 feminicidios. La mayor incidencia está en el departamento de Santa Cruz, con cinco casos; Cochabamba reportó cuatro; La Paz, tres; Oruro, dos; Beni, uno; Chuquisaca, uno; y Pando, uno. Del total, 11 corresponden a enero y ocho a febrero.

En el caso de los infanticidios, dos se reportaron en Chuquisaca, uno en La Paz y uno en Cochabamba.

“La proporción de hechos cometidos en estos meses en comparación de gestiones pasadas es similar, por lo que se deberá trabajar seriamente con otras instancias estatales en la prevención. Si bien la Fiscalía es el defensor de la sociedad y ejercita la acción penal a través de la investigación y búsqueda de la sanción para autor, son otras las instancias llamadas a trabajar en la prevención de violencia”, sostuvo Fajardo.

De acuerdo al Código Penal vigente, la pena máxima para delitos de feminicidio e infanticidio es de 30 años, sin derecho a indulto.